Los agentes de la Guardia Civil de Roquetas han vuelto a sufrir un ataque en el desempeño de sus funciones de seguridad ciudadana, un nuevo episodio de desobediencia y atentado contra la autoridad que se suma a un largo listado de agresiones que en los últimos años se vienen repitiendo con demasiada frecuencia.

El viernes 16 de febrero en torno a las 13:00 horas del mediodía un joven de nacionalidad marroquí, que responde a las iniciales M.B. y tiene 25 años de edad, se plantó en la puerta del puesto principal de Roquetas en "actitud absolutamente violenta y agresiva" y gesticulando de forma enérgica llevándose el dedo pulgar al cuello en clara amenaza mientras vociferaba "Allahu akbar" (Alá es grande) con total desprecio al principio de autoridad y con ánimo de menoscabar la integridad física de los presentes.

Se le invitó a deponer su actitud y marcharse, pero continuó con los gritos, por lo que tuvo que ser detenido. Durante el traslado a los calabozos de las dependencias del puesto situado en la calle Duque de Ahumada se giró sorpresivamente y propinó a uno de los agentes dos puñetazos en la cara que logró bloquear, si bien al caer al suelo se dio un fuerte golpe en la mano derecha.

Una vez reducido el agresor por los compañeros, el guardia civil herido fue desplazado hasta el hospital Vithas Almería donde fue operado de urgencia de la fractura del quinto metacarpiano. El arrestado no hablaba castellano y mantuvo un elevado estado de agresividad y nerviosismo incluso después de su ingreso en la celda, haciendo imposible cualquier comunicación para calmarlo, identificarlo y leerle sus derechos. Es más, transcurrida media hora se rompió la camiseta fabricando una especie de cuerda con la que intentó ahorcarse tirando con ambas manos con gran fuerza.

El parte emitido por el forense, que tendrá que determinar posteriormente las secuelas cuando se estabilicen las lesiones, recoge que tuvieron que colocarle un tornillo, dos agujas, grapas quirúrgicas e inmovilizarle la mano con una férula de yeso. Así lo recoge el auto este lunes por el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Roquetas en el que se ordena su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por el riesgo de fuga, para evitar que se reiteren conductas inapropiadas porque no se le conoce medio de vida alguno y se encuentra en situación administrativa irregular.

También se ha tenido en cuenta que el acusado presenta una reiteración delictiva con antecedentes policiales y judiciales de robo con violencia y ya había sido condenado por hechos similares.

 El enésimo incidente de un puesto conflictivo
Un nuevo ataque contra los agentes del Instituto Armado en Roquetas que se produce tan sólo días después de que uno de los coches patrulla recibiera el impacto de un gran bloque de ladrillo cuando se desplazaban para intervenir en un aviso de okupación en la calle Nador de Las 200 Viviendas. En aquella ocasión fueron detenidos dos treinteañeros magrebíes con un amplio historial delictivo por reaccionar con violencia ante la presencia de la Guardia Civil causando daños importantes al capó y luna, pero sin alcanzar a los agentes que ya se encontraban fuera del coche.

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A finales de noviembre también sufrían un ataque desproporcionado otros dos guardias civiles cuando trataron de auxiliar a un detenido que se autolesionaba en los calabozos. En aquella ocasión el joven agresor, que les provocó heridas por las que tuvieron que recibir asistencia médica, había salido de la cárcel provincial de El Acebuche el 30 de octubre y en menos de un mes cometía dos robos, agredía a los agentes y era devuelto nuevamente a prisión.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas condenaba a mediados de septiembre a a A.Z.E.B, un delincuente con un amplio historial delictivo, por su violenta agresión días antes contra un guardia civil en su domicilio y en presencia de su familia. Apenas ocho meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y 22 días de multa a razón de una cuota de 3 euros por un delito leve de lesiones, así como a una indemnización de 600 euros por las heridas causadas y 152 más por otros perjuicios de su ilícito actuar.

El fallo también establecía la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del denunciante, su mujer e hijos, el domicilio, centro de trabajo o estudios de cualquier integrante de la familia, así como la imposibilidad de comunicarse directa o indirectamente por cualquier medio telefónico, escrito o telemático por un periodo de dos años. En el momento de la agresión al agente salió uno de sus hijos de la vivienda y el delincuente le advirtió: "A ese que está ahí, a tu hijo, lo voy a matar y matarte a ti vale 5.000 euros".

25 agresiones al mes a policías y guardias civiles
Estos ataques y agresiones que se han producido en Roquetas en el último año o el episodio de violencia que sufrió un agente de la Policía Local de Cuevas del Almanzora a mediados de diciembre cuando trataba de mediar en una pelea entre dos adolescentes en las inmediaciones de un centro educativo y fue agredido por un padre y su hijo no fue ni mucho menos un hecho aislado, ni una excepción, es una dura y cruda realidad cada vez más presente en la vida de los que nos protegen.

Las agresiones físicas y verbales a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios públicos en la provincia de Almería han crecido un 45% en la última década (entre 2012 y 2022) y los delitos de atentado a la autoridad alcanzaron el pasado año su cifra más alta de la historia con un total de 293 hechos denunciados.

Asociaciones de Policía y Guardia Civil reclaman ser catalogados profesión de riesgo 
 
El incremento exponencial pasaría desde los 202 casos conocidos en 2012 y 189 en 2013 a los cerca de 300 del último ejercicio. Más de 2.600 atentados a la autoridad con intimidación grave o violencia en el cómputo global de la última década incluyendo los 216 casos que se han contabilizado este año hasta octubre. Las cifras no dejan lugar a dudas.

En el último año en Almería ha sido casi 25 atentados contra la autoridad al mes, 35 al día en el territorio nacional. De hecho, España (al igual que la provincia) alcanzaba en 2022 la cifra más alta de agresiones a policías y guardias civiles de los últimos quince años con más de mil cada mes: 12.840. Un total de 9.239 ataques contra policías nacionales y otros 3.604 contra guardias civiles.

Asociaciones piden más protección y contundencia. 
Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional llevan años alertando sobre el preocupante incremento de las conductas violentas hacia los agentes que cada vez son menos respetados por determinados segmentos de la población.

Son víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarse a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía en el mantenimiento del orden público, una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible por el Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contemplan penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses para el atentado a la autoridad y de 6 meses a 3 años de cárcel cuando sean funcionarios públicos.

Una profesión de riesgo
La Confederación Española de Policía lanzaba el pasado año la campaña 'Tiene Delito' con el objetivo de dar a conocer esta realidad a la sociedad y reclamar el refuerzo inmediato de la protección física y jurídica de los agentes frente a la deriva de los últimos tiempos.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) es una de las organizaciones que más está presionando en los últimos años para que el Gobierno tome cartas en el asunto y reconozca a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. No entienden que policías locales y autonómicas, mossos d'esquadra y ertzainas tengan ese reconocimiento laboral del que carecen policías nacionales y guardia civil y también consideran imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad.

"Los ataques a los compañeros son cada vez más frecuentes en la provincia, es raro la semana en la que no se produzca alguna agresión", reconoce Víctor Vega, portavoz de la AUGC. Desde esta entidad lamentan que los agresores en muchas ocasiones sean puestos en libertad a las pocas horas de su atentado porque el reproche penal es mínimo.

"No es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está todavía hospitalizada o recuperándose de las lesiones". Las asociaciones de Guardia Civil critican la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia y solicitan al Ministerio del Interior pistolas táser, cámaras corporales y fundas antihurto para evitar agresiones.

Además, entienden que es necesaria la activación del seguro de responsabilidad civil previsto en su normativa interna y la emisión de instrucciones claras a la Fiscalía para acusar en este tipo de delitos al alza.

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