La Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción de Islas Baleares ya advirtió a la entonces presidenta del Congreso, Francina Armengol, que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL tenía un administrador único que «aparece en el caso de los denominados «Paradise Papers» o «Papeles de Panamá» con dos sociedades offshore en Malta».

 La oficina balear antifraude recogía este dato y otro relevante en un extenso documento por escrito que lleva el nada atractivo título de «Informe razonado de Investigación sobre la compra pública de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Estudio, conclusiones y recomendaciones», de 228 páginas.

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGÓ A ESTA EMPRESA EL AÑO PASADO POR CORRUPCIÓN EN ANGOLA, ADVERTÍA ANTIFRAUDE
El citado documento, remitido al ejecutivo de Armengol, también recoge la información sobre la empresa de las mascarillas que «de acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigaron el pasado año a esta sociedad sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas».

LAS SOSPECHAS SOBRE SOLUCIONES DE GESTIÓN
El informe está firmado por la Jefa del Área de Investigación e Inspección de esa oficina, a fecha 22 de octubre de 2020. Es decir, que el gobierno balear de Armengol tenía datos más que de sobra para sospechar de la empresa Soluciones de Gestión con la que había gastado 3.701.500 euros en la compra de 1.480.600 mascarillas FFP2.

Además, el gobierno balear tuvo que pagar otros 56.715,24 euros en concepto de «servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario COVID», según el citado informe. Parte de esas mascarillas eran defectuosas y el gobierno balear inició por este motivo la reclamación de 2,6 millones de euros de los 3,7 pagados, pero los plazos se fueron pasando y la reclamación fue muriendo en un limbo administrativo que los integrantes del Caso Koldo celebraban.

LA TRAMA BALEAR
Según recoge el sumario del Caso Koldo: «Retomando las conversaciones sobre las gestiones realizadas por Koldo para solucionar el asunto de Baleares, el día 22 de diciembre de 2023 se produjeron varias llamadas entre Koldo y Cueto (Juan Carlos), y de éste último con Íñigo (Rotaeche) de las que se observó que Koldo aún no tenía novedades de su contacto sobre este asunto».

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El informe de la Oficina Antifraude.
Pero los investigadores añaden un poco después que «no obstante, como se informó en oficio de fecha 4 de enero de 2024, el día 23 de diciembre de 2023 Koldo contactó con Cueto, habiéndose colegido de esta conversación que Koldo continuaría influyendo, a través de un tercero, sobre algún responsable en la Administración balear y con el objetivo de que se trasladase a Soluciones de Gestión una respuesta.

Todo ello ante la problemática que generaba la no emisión de ningún documento, desistiendo de la reclamación efectuada, pues el silencio administrativo negativo significaba que continuaban con la reclamación de 2,6 MM € a Soluciones de Gestión».

  La referencia a los Paradise Papers de la Oficina contra la corrupción a Baleares
Aquella reclamación unida a una inesperada inspección de Hacienda puso muy nerviosos a los integrantes de la trama Koldo, que comenzaron a hablar y a cometer errores por teléfono, ya pinchados por la Guardia Civil, y que acabó con la detención de siete personas, entre ellas Koldo García, ex asesor del ministro socialista José Luis Ábalos.

 PAPELES DE PANAMÁ Y EL AVISO A ARMENGOL
Cuando la Oficina Antifraude balear comenzó a investigar todos los contratos de esa época advirtió al gobierno autonómico balear, en manos de Armengol, que el administrador único de la empresa adjudicataria, José Ángel Escorial Senante, «aparece en el caso de los denominados «Paradise Papers» (Papeles de Panamá) con dos sociedades offshore en Malta.

En 2008 era administrador de ‘Delta Advisory and Management Services Limited’ y de ‘Arce Investment Consulting Limited’ así como de ‘Malta Capital’. De acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigaron el pasado año a esta sociedad sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda (Angola)».

Hay que recordar que los Papeles de Panamá se refieren a un escándalo que surgió en abril de 2016 cuando se desveló una lista con un gran número de empresarios y sociedades que tenían sus cuentas en paraísos fiscales.

 El informe recogía que «esta empresa ha contratado además con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario valorado en 40,5 millones de euros» y advertía que el objeto social de la empresa poco tenía que ver con el suministro sanitario, ya que es «la promoción, construcción, conservación, reparación y derribo de toda clase de edificaciones urbanas, industriales, comerciales, de servicios, recreativas, urbanizaciones o de cualquier otro tipo. La ejecución de contratas y obras públicas, la adquisición, explotación y venta de terrenos y edificios».

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