La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha criticado que, «un mes después del asesinato de dos guardias civiles» en el puerto de Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha, «nada ha cambiado; el narco aún campa por la costa andaluza y asalta cuarteles».

Así lo ha denunciado la asociación profesional de guardias civiles en una nota en la que, además, ha lamentado que hasta ahora «ningún grupo político parlamentario ha tomado la bandera de proponer una comisión de investigación que determine en el Parlamento las responsabilidades políticas por la inacción que se observa frente al avance de las mafias que controlan el paso de estupefacientes y de inmigrantes sin permiso desde África».

 El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha aseverado que «no se debe permitir que algunas formaciones políticas pretendan normalizar el cruel asesinato de los guardias civiles escudándose en que se trató de un accidente laboral».

«Ha pasado un mes desde el asesinato de nuestros compañeros David Pérez y Miguel Ángel González a manos de unos narcotraficantes que arrollaron con su lancha rápida la pequeña embarcación en la que estos guardias civiles y otros cuatro compañeros intentaban identificarles en el puerto de Barbate». «Un mes y nada ha cambiado«, ha criticado Ernesto Vilariño.

El secretario general de Jucil ha agregado en esa línea que «ni el ministro del Interior, ni el director general de la Guardia Civil han tenido la más mínima intención, no ya de dimitir, que vemos que ni por esas, al menos la intención de hacer algo, de reforzar, promover, avanzar y liderar la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de inmigrantes en el Estrecho de Gibraltar».

«Un mes y la inacción es la único relevante de los responsables de Interior«, que «ni siquiera son capaces de poner sus cargos a disposición, para que otros, con más empuje, se ocupen de llevar a cabo el trabajo y por el que han perdido la vida dos guardias civiles», ha añadido el representante de Jucil.

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De igual modo, Ernesto Vilariño ha manifestado que «la sociedad y clase política no deben permitir que algunas formaciones pretendan normalizar el asesinato de dos guardias civiles, escudándose en que se trata de un accidente laboral». «Banalizar este tipo de comentarios con deslizamientos semánticos significa permitir que se justifique la pérdida del principio de autoridad, apoyar la negligencia de algunos políticos y el deterioro de la labor que hace cada integrante del cuerpo», ha denunciado en esa línea.

De igual modo, desde Jucil han alertado de que «la inacción de los responsables de Interior, que expresan la impresión de hallarse pasmados con lo ocurrido y sin saber qué hacer, contrasta con el incremento de la actividad de los narcotraficantes, que en estas últimas cuatro semanas han sido protagonistas casi a diario en los espacios informativos».

«A nadie se le escapa que las narcolanchas han aparecido resguardadas del temporal en diferentes puertos y bahías de la costa andaluza», según han indicado también desde Jucil, desde donde, al respecto, han explicado que, a comienzos de marzo, en la playa de los Genoveses de Almería «pudieron verse una docena de estas embarcaciones».

«Más grave aún ha sido el nuevo intento de asalto al cuartel de la Guardia Civil de Barbate, sólo tres días después de que eleváramos desde Jucil una instancia al coronel de esta comandancia para que ningún guardia civil se ocupe en solitario del servicio de vigilancia de la puerta de las instalaciones», ha relatado Vilariño.

El mismo representante de Jucil ha aseverado que «la sensación de impunidad y de ruptura del principio de autoridad es tal que ya no se recatan en amenazar de gravedad a los guardias civiles en su propio cuartel».

«Hemos reiterado que todo el Campo de Gibraltar y la zona de influencia del Estrecho debe ser declarada Zona de Especial Singularidad, porque sin incentivos nos tememos que el próximo concurso de traslados puede suponer una gigantesca huida de guardias civiles hacia otros destinos», ha augurado también el secretario general de Jucil.

Otros dos guardias civiles, heridos
Según Jucil, otros dos guardias civiles, en este caso de Chiclana (Cádiz), resultaron heridos el pasado 6 de marzo en una persecución de traficantes de drogas y, pese a sus lesiones, en uno de los casos graves, lograron la identificación de siete de los acusados de narcotráfico.

«El empeño que le ponen los guardias civiles a su labor como servidores del orden público y protectores de los derechos de los ciudadanos no tiene respuesta en el ámbito de la Administración», ha apuntado Ernesto Vilariño, quien ha incidido de nuevo en subrayar que «toda la costa andaluza necesita de una reorganización de los puestos de la Guardia Civil, una ampliación de las plantillas que todavía se rigen por un anticuado catálogo con más de 20 años de vigencia y que se ve claramente superado por las circunstancias».

«Y necesitamos de nuevo la formación de un órgano específico centrado en la lucha contra el narcotráfico como fue el cesado OCON Sur, del que casi dos años después de su drástica desaparición, seguimos sin saber los motivos de la misma», según ha finalizado Vilariño.

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