Cerca de una decena de plataformas ha remitido un informe al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y otros organismos de la unión en el que solicitan una actuación urgente y firme de la UE ante la "destrucción del Estado de Derecho y de la Separación de Poderes". Los firmantes ponen el foco en los ataques a los jueces, la dependencia del fiscal general del Gobierno y el sistema de elección de vocales del CGPJ.

El documento, se remite en plena negociación entre PSOE y Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de jueces. Aunque se trata del enésimo acercamiento entre las formaciones desde que el CGPJ agotara su mandato, en este caso Reynders juega un papel protagonista ya que participa en calidad de mediador.

El informe, que se ha remitido también al Parlamento Europeo, constituye una ampliación de otro documento remitido en noviembre y del que se espera respuesta por parte de la Unión Europea. En el mismo se alude a la necesidad de que prevalezca el Derecho europeo sobre las normas nacionales para garantizar la independencia judicial y se eviten las "injerencias externas" que sufren los jueces.

 Aviso sobre los fondos europeos
Al respecto aluden al Informe sobre el Estado de Derecho en España de 2023 y avisan de que la previsión del porcentaje de población que percibe el nivel de independencia de los tribunales como "bastante bueno" (un 34%) no se llegó a cumplir. "El principio de primacía pretende garantizar que las personas estén protegidas de forma homogénea por el Derecho de la Unión en todos los territorios de la UE", explican.

Uno de los puntos en los que el informe hace especial hincapié es el relativo al sistema de elección de los vocales del CGPJ, así como a sus funciones, ya que entre las mismas se encuentra la designación de la cúpula del Poder Judicial.

A su juicio este modelo de elección -que algunas asociaciones y el PP abogan por cambiar- fomenta la politización de la cúpula judicial puesto que a los vocales los eligen los políticos y luego son éstos los que, a su vez, designan a magistrados del Tribunal Supremo además de otros órganos de la cúpula de la carrera judicial.

La ruptura del Estado de Derecho, además de afectar a la democracia y a los derechos de los ciudadanos, afecta de manera directa a las arcas públicas y fondos monetarios de la Unión Europea, lo cual podría considerarse un tipo de corrupción muy grave Informe dirigido a Didier Reynders

Sobre este punto explican que el actual sistema de elección, mediante el Cual Congreso y Senado eligen 10 vocales respectivamente, se aprobó por reforma de la Ley Orgánica de 6/1985, de 1 de julio. Para estas plataformas la fecha es clave porque España se adhirió a la Unión Europea el 12 de junio de 1985; esto es, un mes antes de la entrada en vigor de la ley que afecta al CGPJ.

"Se produjo con ello un claro retraso en el Estado de Derecho, los derechos de los ciudadanos y del Sistema Judicial, algo prohibido por la propia UE; la cual exige que una vez adherido un Estado miembro, dicho Estado no puede retroceder en derechos después de la adhesión", precisan.

El presupuesto de la Justicia
Otro de los puntos que, a su juicio, socavan la independencia judicial es la ausencia de autonomía financiera. Al respecto denuncian que el funcionamiento de la Justicia no cuenta con una partida presupuestaria fija, lo que les convierte en dependientes del Gobierno de turno. De hecho, el Ejecutivo ostenta por ley la facultad de controlar las retribuciones de jueces y magistrados y las plazas en la Administración de Justicia que salen a concurso.

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En este contexto se hacen eco de la creciente crítica por parte de los partidos políticos a jueces que dirigen causas que les afecta de manera directa. De esta forma recogen las duras acusaciones de prevaricación que vertieron algunos miembros del actual Ejecutivo contra el magistrado Manuel García Castellón (instructor de procedimientos como el caso Tsunami o los CDR) y otras que se enmarcan en el polémico 'lawfare' que agitan las formaciones independentistas de Cataluña.

"Es casi inimaginable para cualquier democracia que los jueces tengan que salir, tal y como vemos, a defenderse por sí mismos de ataques de políticos a los que sus investigaciones les disgustan y que pretenden ajustarlas a sus criterios y necesidades. Como consecuencia evidente de las mismas no podemos dejar de destacar que estas declaraciones por parte de los poderes legislativo y ejecutivo son graves", recalcan.

Aviso de urgencia a Reynders
Otro de los puntos que también trasladan a Reynders es el relativo a la figura del fiscal general, cargo que, como establece nuestro ordenamiento jurídico, lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno. En este caso se hacen eco de la insólita negativa del CGPJ a avalar su idoneidad tras el varapalo del Tribunal Supremo por el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado. "Algo a lo que se hizo oídos sordos desde el Gobierno", sostienen.

Como ejemplos de falta de independencia judicial aluden también a la composición del Tribunal Constitucional (dos de cuyos miembros los elige Moncloa) y también a legislaciones especialmente polémicas y que han agrietado la brecha entre el Ejecutivo y el sector judicial. Al respecto destacan la ya derogada ley del 'solo sí es sí' que impulsó Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad y que ha provocado la excarcelación de más de un millar de condenados por abuso y agresión sexual.

Tras denunciar ante Reynders las deficiencias de la Administración de Justicia, proponen una serie de soluciones que pasan porque el CGPJ y los fiscales sean elegidos directamente por operadores jurídicos, del mismo modo que se propone en relación al Tribunal Constitucional.

También apuestan por un cambio en el modelo de ascenso en la carrera judicial o por finiquitar los cargos vitalicios en los altos tribunales y las puertas giratorias. "Esto tiene una consecuencia simple (...). Siguen dependiendo de sus partidos", matizan.

El informe lo firman la plataforma Hazte Oír, Asociación Anavid (de ayuda a víctimas de violencia doméstica), Por Una Justicia Independiente, la Asociación europeIN, Centro Jurídico Tomás Moro, la Asociación Unión de Brigadas, la Asociación Europea de Abogados de Familia, la Asociación por los Derechos de los Niños. Custodia Compartida Extremadura y la Asociación Custodia Compartida Málaga por los Menores y Familia.

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