El cuarto aniversario de la declaración del estado de alarma como respuesta al Covid-19 coincidió con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Amnistía. ¡Quién nos iba a decir que en esto consistiría la nueva normalidad! El presidente Sánchez no encontró tiempo para asistir al debate de la ley, pero sí para repetir machaconamente la retahíla de éxitos que, según la versión oficial, supuso la estrategia de lucha contra la pandemia.

Se ha convertido en una triste costumbre de nuestra menguante democracia que el presidente se jacte de sus supuestos logros, sin debatir de forma abierta las decisiones más controvertidas y de mayor alcance. Cuatro años separan estos dos episodios que, por razones muy diferentes, marcarán nuestra historia y que tienen un denominador común: la mentira.

Ni la amnistía tiene como objetivo la concordia (como han argumentado muchos) ni la estrategia desplegada frente a la pandemia se puede considerar un éxito (como intentaré argumentar). El hilo conductor es que, frente a una montaña de evidencia, el Gobierno construye una narrativa que no sólo falsea la verdad, pues su ambición y su confianza en la impunidad de la que por ahora disfruta conducen a convertir los fracasos en éxitos y las cesiones sangrantes para mantener el poder en políticas para el bien común. Se ha escrito mucho sobre la capacidad de Sánchez de mentir, o de cambiar de opinión según le convenga. 

 Lo que a mí me causa mayor perplejidad y tristeza es cómo ha ido ensanchándose la permisividad de la sociedad hacia la mentira. El Covid-19 borró muchas líneas rojas que creíamos innegociables, pues aceptamos unas reglas que jamás pensamos que serían posibles. En medio de tantas rendiciones, de tanto miedo e incertidumbre, por el camino perdimos la capacidad de exigir a nuestros gobernantes que rindan cuentas por sus errores o aciertos en la gestión. Moneda de cambio de nuestra libertad condicionada.

La tranquilidad del no me importa nada. Esta idea se reforzó cuando escuché atónita a Sánchez celebrar, en un acto público hecho a medida, «el día que empezamos a vencer», refiriéndose al aniversario del estado de alarma. A continuación, repitió la serie de sandeces que forma parte del discurso triunfalista: vencimos unidos y unidas; doblegamos la curva; confiamos en la ciencia... Por supuesto, no podía faltar el «España se convirtió en una referencia mundial».

La realidad es otra. Los datos nos muestran que, en la primera ola de la pandemia, con mucha diferencia la más devastadora, España fue el país europeo que sufrió un mayor exceso de mortandad (es decir, más fallecidos en comparación con las mismas fechas en años anteriores). 

 Los análisis revelan que la tasa de mortalidad aumentó más en España durante los primeros meses de 2020 y que la causa fundamental fue el virus. No es el único récord que ha marcado España. Si comparamos las cifras de exceso de mortandad con las cifras oficiales de fallecidos por Covid-19, la diferencia entre ambas es enorme en España e inexistente en otros países como Alemania o Francia. Dicho en otros términos, las cifras que proporciona el Gobierno a día de hoy no cuadran con las estimaciones de fallecidos más realistas, lo que permite dibujar un escenario muy positivo cuando la terca realidad fue muy negra. La razón por la que en España fallecieron más personas por habitante que en otros países de Europa es que el confinamiento llegó tarde, cuando la primera ola ya estaba muy avanzada en nuestro país.

A ello se sumó que el Gobierno actuó a ciegas, ignorando las herramientas que la ciencia le proporcionó, entre otras cosas, porque nunca hubo un comité de expertos que asesorase en momentos de tanta incertidumbre. A diferencia de la mayoría de los países europeos, nunca se llegó a poner en marcha una campaña sostenida en el tiempo de tests sistemáticos a una proporción suficiente de la población que permitiese calcular las tasas de infección reales.

Esta información es lo que permitió a otros gobiernos desarrollar estrategias alineadas con la evolución de la pandemia, es decir, saber dónde y cuándo se necesitaban restricciones a las interacciones sociales, y modular la severidad de las medidas según evolucionaba la pandemia. 

 En su lugar, el Gobierno español optó por un confinamiento mucho más restrictivo y de mayor duración que en otros países y por la declaración de dos estados de alarma que, en la práctica, transfirieron al Gobierno central las competencias de las comunidades autónomas y anularon la labor del Parlamento. Ambos declarados inconstitucionales.

Intuyo que la amplia aceptación de esta estrategia fue lo que hizo entender a Sánchez que la mentira y el autoritarismo le dan buenos resultados. Finalmente, las vacunas, desarrolladas en países donde realmente se apoya a la ciencia, nos sacaron de la crisis sanitaria. El otro frente en el que la estrategia del Gobierno fue determinante en el impacto de la pandemia fue el educativo. Muchos gobiernos decretaron el cierre de colegios para evitar la expansión del virus, lo que ha dado lugar a retrasos en el aprendizaje.

Pero Sánchez afirmó que en España no hemos sufrido un parón en educación. De nuevo es evidente que se ignora la evidencia: las comparativas internacionales (PISA y PIRLS) ponen de manifiesto que en España el rendimiento de los alumnos ha disminuido. No es posible la confusión con otras métricas porque, al igual que en la sanidad, el Gobierno optó por la ceguera: a diferencia de la gran mayoría de países, no se hizo esfuerzo alguno por evaluar el nivel de retraso sufrido ni las brechas que se abrieron entre alumnos según su nivel socioeconómico. 

 Es la estrategia del avestruz: los problemas que no se miden no existen. Pero el problema es que ignorarlos no los resuelve. Los medios han divulgado con claridad los malos resultados tanto de nuestros estudiantes de Primaria (PIRLS) como de Secundaria (PISA), pero pocos han comparado las dos encuestas. En la mayoría de los países el impacto del cierre de colegios y la transición hacia el aprendizaje a distancia fue mayor entre los estudiantes de Primaria, pues tienen menos experiencia con los ordenadores, necesitan más la interacción personal con el maestro y con sus compañeros, y tienen una menor autonomía a la hora de organizar su trabajo y mantener la motivación.

Sin embargo, en España el impacto fue mayor entre los estudiantes de Secundaria, porque los resultados de PISA son los peores de la historia, por debajo de los obtenidos en el año 2000, cuando comenzó la encuesta. No es el caso de los resultados de comprensión lectora en PIRLS: aunque empeoran respecto al ciclo anterior, no son peores que en los primeros ciclos. EN EL ATÍPICO caso de España, la duración del cierre de los colegios no explica ni la magnitud de la pérdida de aprendizaje, pues cerraron menos tiempo que en la mayoría de los países ni el hecho de que el impacto fuese mayor entre los estudiantes de 15 años. 

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 Una vez más tenemos que recurrir a la respuesta del Gobierno para poder comprender lo que ocurrió. El cierre de colegios tuvo lugar, fundamentalmente, en el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el Gobierno se centró en «no penalizar» a los alumnos, asegurando la promoción de curso y el aprobado general. Esta filosofía educativa se consolidó con la aprobación a finales de 2020 de la Lomloe, que facilitó la promoción y titulación con suspensos, y que dio lugar a una creciente inflación de las notas, con los estudiantes sacando mejores calificaciones año tras año.

La política de desligar el nivel de conocimiento del nivel de la nota, de prohibir en la práctica la repetición de curso y facilitar la obtención del título con suspensos, tiene obviamente mucho mayor impacto en la ESO y el Bachillerato que en Primaria. Por tanto, son las políticas educativas de este Gobierno, y no el cierre de colegios, lo que explica el descomunal batacazo en PISA tras el Covid.

De esta forma, en 2022, cuando según PISA nuestros estudiantes de 15 años tuvieron el peor rendimiento desde 2000, casi la mitad de los alumnos de Bachillerato obtuvo un notable o un sobresaliente. A mi entender, esta rebaja de estándares es uno de los mayores engaños que se han perpetrado. La responsabilidad del Gobierno en los errores que tuvieron dramáticas consecuencias tanto en el frente sanitario como en el educativo es evidente.

Se habla mucho de corrupción política (amnistía) y económica (comisiones por mascarillas inservibles). Pero no se habla lo suficiente de la estafa que supone hacer creer a padres y alumnos que estos últimos aprenden cuando no lo hacen.

Esta farsa la pagarán las generaciones futuras, a quienes el Gobierno ha traicionado al capitular de su responsabilidad de formarlas adecuadamente. Tras años de empeño en las mismas políticas envenenadas, la incertidumbre de las primeras semanas de la pandemia se ha convertido en certeza en España. 

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