Rocío Monasterio propuso fletar en autobuses a los migrantes para llevarlos a La Moncloa con Pedro Sánchez, el grupo municipal de Vox en la ciudad complutense ha vuelto a poner el foco de atención en los inmigrantes y las «consecuencias negativas» que tendrá la apertura de un centro de menas, que es como se llama coloquialmente a los menores extranjeros no acompañados.

 Según ha denunciado la formación cuyo portavoz es Víctor Acosta, en la calle José Pla del barrio de Ciudad 10, muy cerca del Hospital Universitario Príncipe de Asturias o el campus externo de la Universidad de Alcalá, los vecinos han denunciado la existencia de un chalet adosado con al menos 16 o 17 menores extranjeros no acompañados.

Desde la formación de Santiago Abascal, aseguran que es «la Comunidad de Madrid la que ha financiado la asociación que gestiona este adosado en alquiler como una vivienda tutelada de menas, sin informar a los vecinos y sin tener en cuenta sus preocupaciones».

Y lo llamativo es que «nosotros desde el Ayuntamiento – el cual gobiernan en coalición con el PP- no teníamos ni idea de esta situación, hasta que nos escribió un vecino comentándonos lo que estaba sucediendo», afirmaba el portavoz, Víctor Acosta. Ese desconocimiento genera mucha incertidumbre sobre las relaciones y comunicación que está teniendo el Gobierno municipal en coalición, e incluso entre el Gobierno municipal y el regional, ambos del PP.

Por ello, el equipo de VOX ha mostrado su preocupación, ya que a su juicio, la existencia de este adosado puede generar molestias y alterar la convivencia en el barrio, además de cuestionar la capacidad del centro para atender adecuadamente a los jóvenes.

«No podemos consentir que los líderes políticos conviertan nuestra ciudad en un sitio de referencia que conlleve el efecto llamada para traer más inmigración ilegal», añadía Acosta, antes de exigir el cumplimiento de la Ley de Extranjería.

 Desde Vox proponen que saquen de la ciudad «a los inmigrantes ilegales provenientes de Canarias, tal y como han expresado en diferentes comunicados y actos», relativos a los migrantes del CAED. Y actualmente se suman a los vecinos de Ciudad 10 para pedir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre este centro de menas, que quieren que sea «cerrado de inmediato». Precisamente esa cuestión, cerrar los centros de menas y que no se abra ninguno nuevo, es uno de los postulados que defiende Vox en sus programas electorales.

La polémica complutense se ha producido justo cuando el grupo parlamentario de Vox en la Comunidad de Madrid ha criticado que el Gobierno de la región «paga 4.700 euros al mes por mena». Esta cifra ya la oímos hace años, cuando lanzaron la campaña o propaganda ‘Un mena: 4.700 euros al mes. Tu abuela: 426 euros de pensión/mes’ por la que la Fiscalía de Madrid abrió diligencias, ya que ningún menor migrante tutelado por la Comunidad de Madrid recibe una ayuda directa de 4.700 euros, como daba a entender Vox en su campaña.

La cuantía aportada por el partido de extrema derecha se refería al coste por plaza de uno de los centros de acogida de menores tutelados en la Comunidad de Madrid gestionado por la Fundación Diagrama, que incluía todos los gastos relacionados con el recurso, desde sus trabajadores hasta el mantenimiento.

 VOX QUIERE CERRAR LOS CENTROS DE MENAS Y QUE VUELVAN CON SUS FAMILIAS
Rocío Monasterio, la líder de este grupo en la Asamblea de Madrid se ha quejado otra vez de que la mayoría de familias no tienen esa misma cantidad de dinero para mantener a su familia y pagar el colegio de sus hijos y se preguntó si ¿están dispuestos los madrileños a que les suban los impuestos para seguir manteniendo la inmigración ilegal?

 «Queremos fiscalizar los contratos de los pisos de menas que también se llevaron en la comisión y de los que nadie habla. Estamos soltando 4.000 y pico euros de los madrileños por mes y mena, lo que no tiene una familia, y lo dedicamos del impuesto de los madrileños», indicaba Monasterio.

Desde su punto de vista, «los menas tienen que volver a su casa con su familia, ser repatriados. No puede ser que los migrantes ilegales tengan prioridad sobre los madrileños. A mi me encantaría poder tener recursos para acoger en Madrid al mundo entero, pero la realidad es que no nos dan los recursos para todo», insistía Monasterio.

Isabel Pérez, la diputada de Vox y portavoz del grupo municipal en Fuenlabrada, también se quejó de que «todos los partidos menos Vox» han decidido llamar a la inmigración ilegal «descontrolada» y advertí de que «muchos barrios serán golpeados por abandono social y delincuencia». La diputada proponía denunciar a «esos políticos irresponsables que tiran a la basura del buenismo el trabajo de millones de españoles».

En concreto, se quejaba de que tras la «infame regulación» de medio millón de inmigrantes ilegales que se va a debatir en el Congreso de los Diputados, hay un «efecto llamada inhumana» que va a propiciar que «muchos menores se arriesguen en el mar Mediterráneo». También se quejaba de que «los barrios se están convirtiendo en un experimento social», poniendo como ejemplo de gueto de delincuencia al madrileño y castizo Lavapiés.

MÁS MADRID ACUSA A VOX DE RACISTAS Y XENÓFOBOS
Vox ya presentó en febrero de 2022 una proposición no de ley para garantizar la protección y el cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de todo el territorio español frente a los abusos y la explotación sexual de menores en España y para asegurar el retorno de los menas a sus países de origen.

Frente a estos mensajes, Más Madrid Alcalá se ha quejado de que todas las propuestas del Gobierno formado por PP-Vox sobre las personas migrantes tienen que ver con la delincuencia y la seguridad por lo que les acusan de «racismo, xenofobia y aporofobia», el neologismo acuñado por la filósofa Adela Cortina en 1995 para referirse al «rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio».

 Rosa Romero, la portavoz de Más Madrid en Alcalá, les criticó en la sesión plenaria que era «una vergüenza», pues «trata de estigmatizar a la población migrante, llamándola delincuente, y vuelven a enfocar el problema de la emergencia humanitaria como un problema de seguridad».

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