En Australia, se han implementado algunas leyes y regulaciones relacionadas con el acceso a las redes sociales y la identificación en línea. A continuación, te proporciono información relevante:

Acceso a cuentas de redes sociales por parte de la policía:

El Parlamento Federal de Australia aprobó una ley que otorga a las autoridades nuevos poderes para vigilar a la ciudadanía a través de internet y sus cuentas en redes sociales. El objetivo es combatir actividades delictivas graves en línea.

La Policía Federal Australiana y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal tienen el derecho de acceder a cuentas en línea sin el consentimiento del titular. Pueden tomar el control de una cuenta para recopilar pruebas sobre delitos graves y modificar, copiar o borrar material de la cuenta para interrumpir la actividad delictiva.
Identificación en línea:

Para utilizar sitios de redes sociales como Facebook y Twitter, los australianos deben presentar 100 puntos de identificación, como su licencia de conducir o pasaporte. Esto forma parte de una ofensiva contra el abuso en línea, y la policía tendrá acceso a esas cuentas de redes sociales.

Además, Australia ha implementado un nuevo sistema de identidad digital que controla el acceso a servicios gubernamentales, redes sociales, servicios bancarios y viajes. Esto proporciona un control total sobre la identidad en línea.

Lucha contra el acoso en línea:

Para frenar el acoso en línea, se ha propuesto una ley que obligaría a las redes sociales a revelar la identidad de los usuarios anónimos en Internet.

El Parlamento Federal de Australia ha aprobado una nueva ley mediante la que las autoridades tiene nuevos poderes en cuanto a la vigilancia de la ciudadanía a través de internet y de sus cuentas en redes sociales.

 El objetivo de la nueva regulación es hacer frente a las actividades delictivas graves que se dan por internet, según la versión oficial y en la práctica esto se traduce a que las autoridades tienen más poder para acceder a las cuentas de redes sociales.

El poder de acceder a una cuenta sin consentimiento
 
Concretamente, esta ley otorga a la Policía Federal Australiana y a la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal el derecho de, entre otros asuntos, tomar el control de la cuenta en línea de una persona para reunir pruebas sobre delitos graves sin su consentimiento, así como añadir, copiar, borrar o alterar material de la cuenta si es "para interrumpir la actividad delictiva y recopilar información de las redes en línea".

Las nuevas órdenes judiciales autorizan a la policía a hackear los ordenadores personales y las redes de presuntos delincuentes, a hacerse con el control de sus cuentas e identidades en línea y a interrumpir sus datos.

Abarca una gran cantidad de delitos: primera polémica
Una de las principales polémicas de esta decisión de acuerdo con el partido Laborista, el que está en la oposición es que esta medida puede llevarse a cabo para abarcar muchos crímenes menores.

Según Kristina Keneally, Senadora australiana del mencionado partido de la oposición, "se trata de un enfoque demasiado amplio que abarca demasiados delitos menores" y su partido está de acuerdo con la medida siempre que se limite a delitos dentro de estos aspectos: abusos y explotación de menores, el terrorismo; venta de drogas ilícitas; tráfico de personas; robo de identidad y fraude; y asesinatos y distribución de armas.

 La ministra del Interior de Australia, Karen Andrews, considera que con estos cambios "las autoridades dispondrán de más herramientas para perseguir a las bandas de delincuencia organizada para mantener las drogas fuera de nuestras calles y de nuestra comunidad".

Desde el partido de los Verdes, minoritario en un país con un fuerte bipartidismo, han acusado a ambos grupos políticos de estar "completamente de acuerdo entre sí" mientras van camino de un "estado de vigilancia".

Desde este grupo han dicho que en la práctica "esta ley permitiría a las agencias de espionaje modificar, copiar o borrar tus datos con una orden de interrupción de datos; recopilar información sobre tus actividades en línea con una orden de actividad en la red; también pueden apoderarse de tus redes sociales y otras cuentas y perfiles en línea con una orden de toma de posesión de cuentas".

No hace falta la orden de un tribunal superior: segunda polémica
Otro asunto que la oposición ha criticado de la nueva ley es que para llevar a cabo estas acciones policiales en las cuentas de redes sociales de ciudadanos no hace falta una orden de un tribunal superior.

Estas órdenes pueden ser emitidas por un miembro del Tribunal Administrativo de Apelación. Este órgano en Australia es una entidad que proporciona una revisión a diferentes decisiones administrativas tomadas por el Gobierno australiano.

De acuerdo con Lidia Thorpe , del Partido de los Verdes, ni siquiera está claro en el texto, que sea necesarias estas órdenes señalando que la ley "no identifica claramente" este aspecto.

Medidas polémicas en cuanto a vigilancia en Australia
 
La mención sobre el estado de vigilancia no es la primera vez que se pone sobre la mesa en Australia. Varias medidas tomadas en los últimos años han sido polémicas.

Australia es una país conocido por las restrictivas leyes.

En 2018 publicamos sobre un texto propuesto por el Gobierno y la oposición para aprobar una ley que rebajaba o eliminaba el cifrado en las comunicaciones, de la que luego se llegaron a arrepentir parcialmente.

 En el año 2019, la oposición laborista y la coalición liberal-nacional se unieron en la aprobación de una ley para luchar contra los contenidos violentos y extremistas en las redes sociales y permite al gobierno la capacidad de responder cuando una red social como Facebook permita que contenidos con violencia se transmita y reproduzca durante mucho tiempo en la plataforma.

 En todo esto, el gobierno del país ha tenido varias disputas con gigantes de internet como Google y Facebook. Incluso, la red de Mark Zuckerberg ha llegado a bloquear cualquier noticia dentro del país. Algo que ya encontró una solución.

En resumen, Australia ha tomado medidas para garantizar la seguridad en línea y combatir actividades delictivas, pero también ha generado debates sobre la privacidad y el alcance de estos poderes.

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