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Esta problemática con el límite catalán surge en un momento en el que el mercado del pulpo se está revalorizando en Castellón, con una aumento de la demanda en el sector de la restauración
Nacional 17/05/2024 E DebateLas delimitaciones marítimas ponen en pie de guerra a la Comunidad Valenciana y Cataluña, que ha impuesto unas 'fronteras' de facto. Y es que la Generalitat catalana ha sancionado a dos pesqueros de la provincia de Castellón por infringir el límite en el agua para la pesca de pulpo según su Plan de Gestión de les Terres de l'Ebre, aprobado en julio del 2023 y del que el sector pesquero valenciano no era conocedor.
Se trata de un límite difuso, que se ha llevado a debate y ha causado conflictos en el pasado. Las cofradías valencianas de pescadores no eran conocedoras de los nuevos cambios hasta que no ha sido impartida la sanción a las embarcaciones de Vinaroz y Benicarló por parte de la Administración catalana.
A pesar de que ambas embarcaciones estaban pescando en aguas del término de Vinaroz, dentro de la provincia de Castellón, su límite de activación sur está fijado en la demora 133,3 grados, trazada desde la desembocadura del río Cenia. Es decir, que esta demarcación ya traspasa el límite entre ambas comunidades autónomas.
La principal reclamación desde el sector pesquero de la Comunidad Valenciana es que no se avisó previamente del cambio de límites, que llevaba décadas con la demora 123 grados, fijada y consensuada por ambas autonomías y que ahora recorta diez grados. Así lo denuncia Mateo Fresquet, patrón mayor de la Cofradía San Pedro de Vinaroz.
Tras una reunión entre cofradías, el director general de Pesca, Francisco J. Espinós y el subsecretario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Martínez Caballero, donde analizaron la normativa aprobada por la Generalitat catalana, afirman que están dispuestos a pelear con Cataluña por el límite en los tribunales.
«Creemos que ha habido mala fe por parte de la Administración catalana, porque el límite estaba claro desde hacía décadas en la demora 123 y han aprobado fijar su límite más lejos, en aguas de nuestra competencia, sin debatir», protesta el patrón mayor de la cofradía de Vinaroz.
Los pescadores valencianos están dispuestos a «acudir a la vía judicial para intentar derogar el Plan de Gestión del Pulpo de les Terres de l'Ebre». Fresquet añade que «no es lógico que hagan un plan de gestión de este tipo en aguas de otra comunidad autónoma. Lo mínimo que podrían haber hecho es consensuarlo».
Desde el colectivo de pescadores advierten de las consecuencias que este plan general catalán puede acarrear a la provincia de Castellón, que cuenta con un total de 35 barcas de artes menores dedicadas al marisqueo del pulpo entre los puertos de Peñíscola, Vinaroz y Benicarló.
La próxima campaña en la Comunidad Valenciana empieza a partir del 1 de julio, según está estipulado por ley, donde este nuevo plan podría acarrear graves sanciones a las embarcaciones valencianas en las zonas donde ya pescan habitualmente.
Fresquet reprocha que «los periodos de veda en Cataluña son diferentes, así que nuestra barcas de artes menores estarán expuestas a que se les abran actos, porque los permisos para esta pesca se dan por comunidades autónomas».
Esta problemática con el límite catalán surge en un momento en el que el mercado del pulpo se está revalorizando en Castellón, con una aumento de la demanda en el sector de la restauración.
Apoyo de las administraciones
Tras la decisión de las cofradías de pesca valencianas de acudir a los tribunales para pelear por el límite marino de la pesca del pulpo, los ayuntamientos de los municipios castellonenses más afectados han decidido apoyar la causa de manera conjunta.
Desde los Ayuntamientos de Vinaroz, Peñíscola y Benicarló han mostrado su apoyo, aclarando que «respaldan todas las medidas y acciones legales que emprendan para frenar el plan catalán», según comenta la alcaldesa de Vinaroz, Maria Dolores Miralles al periódico Mediterráneo.
En la misma línea, el edil de pesca en Benicarló, Borja Castell, aclara que «si Cataluña quiere seguir adelante, no nos tiene que afectar a nosotros. No queremos que esa actividad tenga repercusión en aguas valencianas y creemos que el límite de aguas que se ha interpuesto es conflictivo»
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