La falacia de la independencia de poderes en las democracias del modernismo

El Poder Judicial, monopolio estatal, en teoría autónomo de toda influencia política, en la práctica es el poder más controlado

Opinion 19/05/2024 Jeffrey Kihien
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El Estado moderno no permite competencia

El diseño del Estado moderno con la separación de poderes en tres ramas completamente independientes; ejecutivo, legislativo y judicial, que se controlan entre sí, en equilibrio para evitar el temido absolutismo, es una falacia desde su concepción, porque el Estado al no permitir ningún otro poder fuera de él es absolutista.

Siendo su única finalidad emitir leyes y reglamentos para regular o controlar la vida del ciudadano, esta regulación no tiene límite alguno, aunque en teoría la constitución redactada por el mismo Estado protege los derechos fundamentales del ciudadano. Y si el ciudadano siente que sus derechos están siendo violados, puede acudir a las cortes, que son nombradas por el Estado mismo.

Anterior a la aplicación de este modelo de poder -el Estado es un modelo de poder- inventado posiblemente por Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, con la publicación de su libro El Espíritu de las Leyes, en 1748, el Estado absolutista era inimaginable por lo monstruoso que resultaría ser, hasta que se plasmó en la sociedad cristiana a sangre y fuego con la llamada Revolución Francesa.

Antes, el absolutismo estatal no podía darse, pues al poder del rey, por ejemplo, se oponía el de la Iglesia, que emitía los registros de nacimiento, matrimonio, muerte, bautizos, propiedad.

También, el poder de los nobles era un contrapeso real, y finalmente, el poder del pueblo que se gobernaba siguiendo las reglas impuestas sobre la base del cristianismo, derecho natural y la tradición que se mantenía por siglos, organizado en cofradías, sociedades de auxilio mutuos, parroquias, asociaciones de artesanos y sus propios fueros cuando les era concedido, y siempre estaban listos para ejercer el derecho al tiranicidio.

Es por ese motivo que la Revolución Francesa, y su Estado moderno absolutista con separación de poderes, tuvo que eliminar los estados monárquicos, católicos y burgueses que le hacían competencia, y lo hizo cortándoles la cabeza. Lo mismo sucedió en las repúblicas secesionistas americanas del imperio español, donde inmediatamente, por decreto se eliminaron los títulos nobiliarios, transfiriéndose todo ese poder hacia el Estado, con el funcionario público de turno, dejando al ciudadano completamente desamparado frente al abuso común del absolutismo estatal.

El ataque a la Iglesia fue peor, confiscándole sus bienes y prohibiendo la práctica de la religión católica, como sucedió en México. El Estado moderno no permite competencia, eso lo podemos comprobar.

Volviendo al análisis del Estado moderno y la monopolización de la ley y el poder, con la creación de la constitución, y la falacia del equilibrio de poderes, afirmamos tal equilibrio no puede existir, pues el que tiene el control de las arcas del Estado, y el monopolio para sustraer dinero del bolsillo del ciudadano por la fuerza, vía impuestos, es únicamente el Poder Ejecutivo, la cabeza del Estado, el presidente de un país.

El que tiene control de la billetera es el que tiene el poder. Es el Ejecutivo el que paga los salarios de los burócratas que administran la cuota de poder en el Legislativo y Judicial, es una forma de control.

El monopolio de la fuerza lo tiene únicamente el Estado, se le ha suprimido este derecho natural y divino al ciudadano, que no puede defender su propia casa, su propio cuerpo y vida frente a la amenaza inminente, tiene que llamar al Estado absolutista representado por la policía y también el Estado absolutista tiene la tendencia a desarmar al hombre, porque le teme.

Dentro de la división de poderes, la policía depende del poder Ejecutivo, y en países con un sistema federal, la policía federal, o la policía del poder Ejecutivo tiene más poder que la policía municipal o estatal. El Ejecutivo va aún más lejos para proteger su poder, creando organizaciones que escapan a cualquier tipo de control, son las llamadas agencias de inteligencia o servicios secretos, que en algunas jurisdicciones solo reciben órdenes del presidente, y se dedican a espiar al ciudadano bajo el supuesto de seguridad nacional, seguridad de la nación, otra creación del Estado moderno.

 El Poder Judicial, monopolio estatal, en teoría autónomo de toda influencia política, en la práctica es el poder más controlado. En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, a los jueces de la Corte Suprema y jueces federales los propone el presidente de turno, y su cargo es de por vida, el ciudadano no interviene aunque se escandalice cuando un candidato propuesto para ser juez supremo no quiere definir el concepto de mujer, es lo que sucedió con la ahora confirmada juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Ketanji Brown, siendo la separación legal hombre-mujer la base del derecho.

El Poder Judicial en las democracias modernas esta íntegramente controlado por el poder político, que se ha constituido en una clase, llena de privilegios auto otorgados desde el Estado moderno. Ellos necesitan controlar las cortes para que los proteja y eliminar a sus enemigos, sucede en todo occidente.

En el caso de la Republica del Perú, por ejemplo, el control político del sistema judicial, destruye completamente la teoría del equilibrio de poderes y la protección de los llamados derechos fundamentales, protegidos por la ley del hombre, antes llamados derechos naturales, protegidos por Dios.

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Las sentencias que son ley emitidas por la Corte Suprema de la Republica, formada por jueces de carrera y elegidos dentro del Poder Judicial, pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional, que es elegido por el Congreso de la Republica, o sea poder político directo. Y a los jueces y fiscales de todo el Perú, los sanciona y destituye la Junta Nacional de Justicia, cuyos miembros son elegidos principalmente por el poder político del Poder Ejecutivo.

La elección de miembros del Tribunal Constitucional del Perú fue una de la causas del golpe de Estado de Martin Vizcarra Cornejo, así como la enmienda constitucional para tomar control de la Junta Nacional de Justicia. Habiendo una pelea entre la clase política para tomar el control de este organismo, pero sin proponer su desaparición.

Mostrando en la práctica complicidad con el modelo de Estado absolutista que cada día aprieta más el puño restringiendo la verdad que nos hace libres. Lo sucedido durante la pandemia es un ejemplo, en donde todos los derechos naturales fueron suspendidos por orden del gran gobierno universal, y toda la clase política que canta himnos a la libertad y democracia simplemente se plegaron a la injusticia.

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