El contexto no anima a ejecutar medidas disruptivas, a la espera de los nuevos pactos que Moncloa se plantea cerrar con el PP para el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y RTVE.

Solo la radiotelevisión pública requiere de una votación en el Parlamento, puesto que el resto de nombramientos dependen del Consejo de Ministros y, a diferencia del pacto por la justicia, el PP solo puede aspirar a llevarse un pequeño trozo del pastel. 

Precisamente por ello, el Ejecutivo no piensa dejar de dar una batalla que ha centrado las intervenciones del presidente del Gobierno en los últimos dos meses, a raíz de las investigaciones periodísticas sobre las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez. Según fuentes gubernamentales consultadas, Pedro Sánchez está decidido a actuar en el plano de la financiación de los medios de comunicación.

Primero, trasponiendo el reglamento de la Unión Europea que obliga a la transparencia en la financiación pública de las empresas informativas. Y segundo, aprovechando la ocasión para clarificar el debate sobre qué es un medio de comunicación y sus obligaciones como empresas privadas que canalizan el derecho constitucional a la libertad de información, y en consecuencia, prestan un servicio público. 

Según fuentes de Moncloa, el Gobierno quiere que los medios de comunicación asuman una suerte de código ético, aceptando su condición de «empresas sociales» que, en consecuencia, estén obligadas a publicar su financiación privada para evitar conflictos de intereses.

Como reconocieron fuentes del Ejecutivo a este diario, «el objetivo es evitar colisiones de intereses cruzados» entre la información que publica un medio y los intereses de sus accionistas. No tendría carácter imperativo, pero la rúbrica del citado código, aún en fase de estudio, sí permitiría retratar a las empresas que se negaran a ser transparentes en cuanto a su accionariado privado, al igual que hacen otras empresas.

No en vano, la medida podría recibir el apoyo de las asociaciones de la prensa. En un comunicado publicado esta semana, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) aplaudió una «mayor transparencia sobre los propietarios de los medios de comunicación y los fondos que reciben».

 Pero igualmente alertó de «los intentos de injerencias de los poderes públicos en la labor de los periodistas», motivo por el cual reclamó al Gobierno ser consultada antes de que adopte medidas que afecten al ejercicio del periódico y «demanda conocer si se está apoyando en algún grupo de expertos en la materia, y en ese caso, quienes lo conforman», ante la necesidad de que tenga «carácter independiente» y se integren en él «miembros de las organizaciones profesionales de periodistas más representativas».

La APM solicitó de forma expresa su «deseo de participar en un debate sobre una iniciativa que afectará al trabajo de los periodistas» y alertan de que hay que actuar «con sumo cuidado» por tratarse del «libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la libertad de información, recogida en la Constitución Española». 

La palanca de presión sería un órgano de nueva creación. Un Comité de expertos que permitiría señalar a quienes se desvíen de las ‘buenas prácticas’ fijadas por el Ejecutivo, y cuya composición y método de elección se desconoce.

En los planes del Gobierno, sería este órgano quien clarificara también el concepto de bulo o noticia falsa, como antesala a que se pudieran tomar acciones. ¿Cuáles? Desde el anuncio del presidente Sánchez, el Gobierno ha evitado hablar públicamente de multas económicas a los medios de comunicación, pero en privado se ha deslizado reiteradamente la palabra «sanciones». La traducción práctica de las mismas, , es la retirada de la publicidad institucional a los medios de comunicación que publiquen estos bulos, lo cual permitiría al Ejecutivo desmontar la llamada máquina del fango.

 Sin embargo, la mayor parte de los medios de comunicación a los que el Gobierno se refiere veladamente como «pseudomedios» o «tabloides digitales» no reciben ya publicidad institucional del Gobierno de España. O nunca la han recibido o han sufrido una merma considerable en los últimos meses, con la retirada de las campañas institucionales por parte del Palacio de La Moncloa.

Son los mismos medios de comunicación a quienes se les impide preguntar en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, o se les veta en los viajes del presidente del Gobierno, en los que Moncloa traslada a los periodistas habituales que cubren la actividad del Ejecutivo. 

El señalamiento de los medios que traspasen la frontera del fango permitiría también señalar a las administraciones públicas que sigan financiando a los mismos. Moncloa se subirá al tren de la transparencia y estará obligada a publicar los fondos públicos que destina a cada medio de comunicación, como ya hacen algunos Gobiernos autonómicos como Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Pero también pretenden que la retirada de publicidad institucional a los medios de comunicación que publiquen bulos «implique también a las comunidades autónomas», algunas de las cuales, como la Comunidad de Madrid, es cuestionada permanentemente por el PSOE por financiar a «pseudoperiodistas». 

 Fuentes gubernamentales admiten que esta medida no puede ser un mandato imperativo porque el sanedrín sobre los medios de comunicación «no puede obligar legalmente a las Administraciones», pero sí generar un mecanismo de presión y de «información».

Una medida que cubriría además una doble función: desmontar la máquina del fango y buscar un enganche con sus socios parlamentarios, que han visto frustradas sus expectativas sobre el primer paquete de medidas en materia judicial.

Algunos como Sumar, Podemos y ERC confiaban en que las conversaciones que se producían desde hace casi un año para forzar una rebaja de mayorías parlamentarias a través de un sistema escalonado, pudiera ver la luz ante una negociación fallida con el PP. Fuentes del PSOE y Sumar coinciden en señalar que «todos sabíamos que era un plan B y que la prioridad era un acuerdo con el PP». 

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