El caso Begoña Gómez prosigue con los audios de las declaraciones testificales y de los imputados.  Una de las más esperadas ha sido la de Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense, sobre la contratación de Begoña Gómez como directora de la cátedra extraordinaria sobre Transformación Social Competitiva por parte del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, que pasó de testigo a imputado tras confirmar una reunión en La Moncloa con Begoña Gómez, tal y como publicó este medio.

Doadrio ha afirmado ante el juez Peinado que fue el actual rector de la Universidad Complutense de Madrid quien le dio la orden de crear la cátedra extraordinaria a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que instó al centro una nómina del doble del máximo permitido por la institución, es decir, un sueldo de 30.000 euros, frente a los 15.000 euros estipulados como máximo que se paga por su labor como directora del máster.

En este sentido, Begoña Gómez quería sumar a su nómina el mismo sueldo que percibía por dirigir el máster de Fundraising. «Cristina y Begoña me preguntaron si podría cobrar 15.000 euros y 15.000 euros», apuntó Doadrio, quien consultó la petición al departamento correspondiente. «Me dijeron que no. Por norma presupuestaria tenía que ser 15.000 euros», explicó.

Doadrio habla de Cristina Álvarez, la asesora personal de Begoña Gómez y pagada con el dinero del contribuyente por el Ministerio de Presidencia desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, desde donde remonta la investigación del juez Peinado.

Finalmente, Begoña Gómez tuvo asignados 15.000 euros más otros 5.000 euros de asignación para los estudios del máster. No obstante, se trata de una anomalía dentro de las cátedras extraordinarias debido a que no se asigna nómina alguna a la dirección de las mismas, poniéndose en evidencia un presunto trato de favor hacia la mujer de Pedro Sánchez.

De hecho, en su portal de Transparencia, la Complutense deja claro que Begoña Gómez no tenía derecho de cobro por dirigir dicha cátedra extraordinaria. «En lo que se refiere a la posible remuneración, la UCM informa que no remunerará a la directora de la Cátedra por el ejercicio de esa responsabilidad, tal y como ocurre con todas las demás cátedras extraordinarias», apuntó la UCM.

 Doadrio declaró el pasado 19 de julio como testigo en el caso Begoña Gómez, después de que Goyache Goñi afirmara ante el juez Peinado que fue la mujer del jefe del Ejecutivo quien le llamó, a través de una secretaria, para concertar una reunión en La Moncloa para exponerle el proyecto de la cátedra extraordinaria. Fue en julio de 2020 y en septiembre de ese mismo año Goyache Goñi anunció la creación de esos estudios en el marco del I Congreso sobre Transformación Social Corporativa (TSC).

«Me llama el rector por teléfono. Lleva como unos días diciéndome que tiene que hablar conmigo, que quería verme», afirmó Doadrio ante el juez Peinado. Aquella llamada fue clara: «Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Tienes algún inconveniente?», afirmó el exvicerrector en sede judicial y obligado a decir la verdad. «Le contesté que si tiene la documentación bien, no tengo inconveniente», respondió.

Tras la llamada, la creación de la cátedra extraordinaria ya estaba cocinándose. Doadrio llegó a asegurar que todo fue «muy rápido», «como si ya estuviera preparado». En este sentido, destacó las palabras del rector de la Complutense a la hora de poner en marcha el proyecto.

En primer lugar, el rector Goyache Goñi le indicó que «se pondría en contacto conmigo Begoña Gómez y me manda ella». Poco antes del inicio de la cátedra, con apenas 15 días de antelación y dos semanas después del anuncio del rector, la mujer del presidente del presidente le mando un correo personal «pidiendo el documento del convenio, el documento de la memoria económica…». Fue el 5 de octubre.

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«Me dice que sabría lo de la cátedra extraordinaria y que necesitaba los papeles, el convenio, la memoria económica, la documentación que había que mandar para crear la cátedra extraordinaria», apuntó Doadrio, muy seguro en sus respuestas y sin dudar.

 El juez Peinado también preguntó por las condiciones laborales y los requisitos para dirigir una cátedra extraordinaria al entonces vicerrector de la Complutense. En este sentido, Doadrio apuntó que ninguna de las 54 cátedras extraordinarias estuvo dirigida por una persona sin licenciatura y sin titulación. Tan solo se corroboró que ejercía como directora de un máster y bien valorada. «No hubo examen de idoneidad», explicó.

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Las colaboraciones con empresas fueron muchas con empresas de todo tipo. De ahí la persistencia de Vox en conocer si fueron llamadas una a una desde La Moncloa y si visitaron la residencia presidencial por requerimiento de la mujer del presidente del Gobierno. Esta respuesta dio pie a las acusaciones populares para pedir la declaración como testigo de Pedro Sánchez, un vídeo marcado y que delataría a las partes en caso de ser filtrado a la prensa.

Fueron tantas las empresas que acudieron a la cátedra extraordinaria que «la jefa de Sección ya no las quería mandar; al final las tenía que mandar yo», destacó Doadrio ante el juez sobre las propuestas y solicitudes a las empresas.

 Por otro lado, el trámite del software de la cátedra extraordinaria, que la Complutense adjudicó por 60.500 euros a Deloitte y que había costado 150.000 euros a Indra, Google y Telefónica, fue otra de las fuentes de información mostradas por Doadrio.

Begoña Gómez dispuso de la herramienta informática pese a conocer el consejo del exvicerrector. «Le dije que tenía que patentarlo por la oficina de transferencia de resultados de investigación de la Universidad», señaló ante el juez Peinado.

Para entonces, Begoña Gómez creó una empresa para poner a su nombre el software, extremo que investiga el juez Peinado y por el que la Complutense ha pedido su personación en la causa.

Por el momento, el juez Peinado se mantiene al frente de la investigación pese a los intentos de las defensas de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez para apartarle de la causa, un escenario que se activaría en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid admitiese a trámite alguna de las dos querellas contra Peinado.

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Fuente: Moncloa