Cabe destacar que, de esos 13 acusados, siete eran empresarios de la Región de Murcia que reconocieron que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad pero evitarán ir a la prisión tras pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. En la causa figuraban otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución, que también pactaron con la Fiscalía para evitar la prisión.

 'No es justicia, sentencias machistas' es el lema que se podía leer en una de las pancartas colocadas esta la madrugada en la barandilla sobre el río Segura, frente a la Audiencia Provincial, en "repulsa por el acuerdo de conformidad al que llegaron esta semana la Fiscalía y la defensa de los acusados que rebaja sustancialmente las condenas solicitadas al inicio del proceso", tal y como afirma el Colectivo Fuste.

Otra pancarta, colocada en la barandilla anexa, destaca que las víctimas de la trama organizada de explotación sexual 'Eran menores'. Las víctimas, que tenían entre 14 y 17 años cuando se produjeron los hechos, eran captadas en centros escolares y locales de ocio juvenil y "procedían generalmente de hogares vulnerables", según las mismas fuentes.

"Valiéndose de su posición de poder y aprovechándose de situaciones de necesidad y gran vulnerabilidad, los ocho empresarios demandaban constantemente 'chicas nuevas', a las que los responsables de la trama --había seis proxenetas acusados-- instruían para que manifestaran que tenían incluso menos edad", tal y como ha subrayado el Colectivo.

Se trata de "un abuso de poder inaceptable que no recibe ahora un castigo proporcionado", tal y como han subrayado las responsables de la colocación de las pancartas, del Colectivo Fuste.

Las pancartas llaman la atención sobre el desarrollo y finalización del proceso judicial, que se ha prolongado durante diez años, y el Colectivo ha lamentado que "la dilación del procedimiento ha servido como atenuante para los acusados, pero nadie ha llamado la atención sobre el hecho de que la ausencia de un plazo razonable para tramitar una causa, que nos exige el Derecho, ha sido todavía más lesiva para las víctimas".

Y es que las víctimas "han debido someterse a procesos de revictimización durante el juicio, ya como mujeres adultas, y han visto vulnerada su dignidad con las condenas dictadas, incluido el pago de multas e indemnizaciones a las víctimas que resultan irrisorias para la posición económica de los empresarios acusados", tal y como han señalado las portavoces del grupo feminista.

 Asimismo, han llamado la atención sobre otras circunstancias del proceso judicial. "Además del insuficiente castigo penal que el acuerdo alcanzado evidencia, produce consternación ver cómo los propios acusados se han mostrado en el juicio", ha aseverado.

"Estamos acostumbrados a ver a los acusados en casos de explotación, abuso y agresión sexual taparse y ocultarse durante las vistas o cuando llegan a los juzgados", según el Colectivo. Sin embargo, ha lamentado que "en esta ocasión los hemos podido ver a cara descubierta, lo que nos hace pensar que tampoco temen la sanción social de su entorno".

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"Y esto es muy grave, pues parece indicar que esos comportamientos --marcados por la masculinidad hegemónica y el abuso de poder-- puedan tener aceptación hoy en día", según las mismas fuentes.

El Colectivo feminista pretende de esta manera protestar contra una sentencia que, "lamentablemente nos recuerda a otras recientes en las que procesos que tratan distintas formas de violencia contra las mujeres, como agresión, abuso o explotación sexual, muestran la persistencia de patrones machistas en la administración de justicia y que han recibido una rotunda contestación social en los últimos, como sucedió en la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por el caso conocido como de la manada".

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