Mónica García, tendrá que dejar este otoño su chalet, en situación ilegal desde 2019. Los terrenos en los que se erige el inmueble, en la colonia de Camorritos del pueblo madrileño de Cercedilla, son una concesión pública que data de principios del siglo XX que lleva caducada cinco años.

Durante este tiempo, los vecinos incluso han quedado exentos de pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Mónica García es titular de una tercera parte de esta vivienda, heredada de sus padres, en una finca de más de 2.000 metros cuadrados y que está situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad.

El origen de este inmueble se remonta a principios del siglo XX, cuando, por la Real Orden de 6 de noviembre de 1919, el Gobierno de la época aprobó una concesión administrativa (que es una fórmula jurídica por la cual la Administración cede un bien público para explotación privada, con un plazo de vigencia y unas condiciones concretas) a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (Safeg) por 99 años.

Hace dos semanas, la Dirección General de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de Cercedilla (gobernado por el Grupo Independiente de Cercedilla) y la asociación de vecinos de Camorritos afectados por la finalización de la concesión, para anunciarles que la Comunidad de Madrid ya está elaborando el expediente de caducidad.

Una vez firmado, se hará entrega de ese documento al Ayuntamiento de la localidad en los próximos meses, previsiblemente en octubre.

Cuando el Ayuntamiento reciba este documento por parte del Gobierno regional, tendrá que comunicarlo a los vecinos y pedirles la entrega de las llaves. Fuentes municipales han confirmado que el Ayuntamiento de Cercedilla ya está trabajando en la contratación de un equipo jurídico para denunciar a los vecinos que no entreguen las llaves después de que dicha reunión terminara sin un acuerdo.

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Los vecinos podrán recurrir este expediente de caducidad, pero el Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama es inflexible:

Los terrenos de Camorritos se encuentran en suelo no urbanizable de protección, por lo que no cabrían nuevas concesiones o prórrogas. La solución, según explican desde el Ayuntamiento de Cercedilla, sólo puede ser el desahucio. «Está prohibido que haya chalets construidos en un monte de utilidad pública. Una vez caducó la concesión en el año 2019, ya no hay nada que se pueda hacer», remarcan.

Unas 700 personas se verían afectadas por este expediente de caducidad. Alrededor de 90 chalets y unos 400 apartamentos se encuentran en estas más de 80 hectáreas de monte público.

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