El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la concesión de fondos europeos y de préstamos ICO a una empresa presuntamente vinculada al marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Economía, Nadia Calviño. Una solicitud efectuada en la ampliación de denuncia presentada este lunes por los populares ante el Ministerio Público.

En esa ampliación de denuncia, el PP de Madrid solicita a Anticorrupción la incoación de diligencias sobre la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, beneficiaria del plan europeo Kit Digital y receptora de 875.000 euros en avales y préstamos ICO durante la primera ola de la pandemia de covid-19, a pesar de que sus cuentas reflejan una presunta deuda con la Administración Pública. Los populares también reclaman que se requiera a esa compañía «para que aporte la documentación necesaria para determinar la composición del accionariado y titularidad real de los propietarios finales de esa empresa» y de cualquiera de sus sociedades matrices.

El PP de Madrid pide investigar si las ayudas públicas recibidas por esa sociedad guardan relación con la condición de Director General de Marketing en esa empresa de Ignacio Manrique de Lara, marido de Calviño. Asimismo, solicita determinar «la existencia o no de un conflicto de interés» en los 12 contratos adjudicados desde el inicio de la pandemia a esa empresa, por valor de 326 millones de euros y referenciados en el primer escrito de denuncia presentado por los populares el pasado 10 de marzo.

«Estamos para ampliar la denuncia y aportar pruebas a esa denuncia. Hemos aportado las cuentas de la empresa vinculada con el marido de Nadia Calviño, unas cuentas que reflejan una pérdida patrimonial y una posible deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria», ha explicado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, a los medios de comunicación congregados a las puertas de Anticorrupción.

Según ha relatado Serrano, estos hechos «inhabilitarían a la empresa a ser contratada por la Administración General del Estado», cuestión que no se habría cumplido al haber recibido contratos con el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión en concepto de «reputación online» y también impediría que se le considerase «intermediario digital» en el Plan Kit Digital que lidera Nadia Calviño.

Fondos europeos
El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha ampliado este lunes la denuncia que interpuso el pasado 10 de marzo en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por contratos adjudicados por el Ejecutivo central durante la pandemia, presentando «pruebas» de las presuntas irregularidades, y ha reclamado que se investigue si en estos podría haber involucrados fondos europeos.

«Tras analizar las cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 de la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A, se puede observar que en el ejercicio 2018 se declaraba en la cuenta ‘Otras deudas con las Administraciones Públicas’ un saldo de 1.518.000 euros. En el ejercicio 2019 ( abril) la cifra era de 1.657.000 euros y en las cuentas del ejercicio 2020 (marzo), figura una deuda de 852.000 euros», indica el PP de Madrid en su denuncia. «Tal y como se recoge en los Informes de Gestión de las citadas cuentas, en el ejercicio 2018 la empresa tenía una deuda con la Seguridad Social de 484.000 euros, de 421.000 euros en el 2019, y de 374.000 en el 2020», añade.

Los populares añaden que en el pliego de condiciones para poder obtener ayudas del Programa Kit Digital para la digitalización de pequeñas, medianas y micro empresas -financiado por los fondos Next Generation UE y concedidas por el ministerio que dirige Calviño- hay que «estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o no tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º651/2014, de 17 de junio de 2014». Además, los populares ponen en duda la catalogación de esa empresa como «agente digitalizador adherido» por parte del ministerio de Asuntos Económicos, requisito imprescindible para obtención de las ayudas del Programa Kit Digital.

«En este sentido, es necesario recordar que quien crea este sistema que favorece el clientelismo oligopolístico es el Ministerio de Asuntos Económicos,y quien acredita como Agente Digitalizador a determinadas empresas es el mismo ministerio, y que quien resultó beneficiaria, entre otras, de ser acreditada es una empresa, Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A cuyo Director de Marketing, es marido de la Vicepresidenta 1ª y Ministra de Asuntos Económicos , Dª. Nadia Calviño», indica la denuncia de los populares.

Préstamos ICO
Asimismo, el PP de Madrid denuncia que la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., tal y como figura en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, fue beneficiaria de dos avales correspondientes a los establecidos en el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, autorizados el 20 y 24 de abril del 2020, por importe de 525.000 y 350.000 euros respectivamente.

«Por todo ello, debe investigarse la referida contratación pública, la acreditación como agente digitalizador adherido y la concesión de avales, sus circunstancias, tramitación y ejecución, y si la misma guarda una relación con la condición de Director de Marketing en la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A (BEEDIGITAL), de D. Ignacio Manrique de Lara, marido de la Vicepresidenta 1ª y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, D. ª Nadia Calviño», indican los populares.

«Así mismo debe investigarse la titularidad real de la propiedad de la sociedad a loe efectos de determinar la existencia o no de un conflicto de interés, mas allá del que ya pudiera suponer la situación de Director de Marketing del marido de la Vicepresidenta, así como su posible afectación a la ejecución de los Fondos europeos vinculados al programa KIT DIGITAL, al de las ayudas extraordinarias en forma de avales por razón del COVID, así como respecto de los 12 contratos referenciados en el primer escrito de denuncia presentado el 10 de marzo de 2022, por valor superior a los 326 millones de euros», añaden.

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