Según un reciente fallo de un juez uruguayo, el gobierno y la compañía farmacéutica Pfizer deben proporcionar toda la información que tengan sobre la composición bioquímica de la vacuna COVID, incluyendo cualquier evidencia de “óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”, así como pruebas de la eficacia y seguridad de la vacuna.

El juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey dictó la orden en respuesta a una solicitud de suspensión de la vacunación de niños a partir de 5 años en Uruguay.

Según la orden judicial dada a conocer el sábado, el juez Alejandro Recarey ordenó a la Presidencia, al Ministerio de Salud Pública, a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a Pfizer que presenten toda la información sobre las vacunas Covid-19 en un plazo de 48 horas, informó El Observador.

“El miércoles a las 9:00 se realizará una audiencia en la que deberán comparecer representantes de todos los organismos y de la empresa”, agregó el medio.

Según la decisión, el Ejecutivo y el laboratorio estadounidense deberán aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de “óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”.

También se piden datos que demuestren la “inocuidad” de “la sustancia denominada ARN mensajero” y que acrediten con estudios de la agencia estadounidense de Estados Unidos, la FDA, “el carácter experimental” de las vacunas.

El magistrado pide que las autoridades “expliquen si se han estudiado terapias alternativas contra el virus 19” y “si no, que aclaren por qué no se han explorado estas soluciones”, según el documento.

Los contratos firmados entre el Gobierno y Pfizer también son objeto de escrutinio para ver si contienen cláusulas “de indemnización civil o impunidad penal para los proveedores en relación con la aparición de posibles efectos adversos”, entre otros detalles.

La decisión judicial también exige explicaciones sobre si se han realizado estudios “encaminados a explicar el notorio aumento de muertes por covid-19 a partir de marzo de 2021 en relación con el año anterior.”

“Muy especialmente, se ordenará a Pfizer que manifieste en el plazo de 48 horas -con aportación de datos documentales en su caso- si la empresa ha admitido (…) la comprobación de los efectos adversos de las vacunas contra el llamado Covid-19. En general, y también en detalle respecto a la población infantil”, dice el documento.

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