La alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha denunciado al gobierno de Pedro Sánchez, por algunas de sus actuaciones delictivas desde 2018 hasta la actualidad.

Es una denuncia inédita por varios aspectos que pueden revolucionar el funcionamiento de la Unión Europea, las relaciones entre los países europeos, la lucha contra la corrupción y la jurisprudencia española que históricamente ha facilitado la elevada corrupción española (8% del PIB, Eurostat 2018).

Se denuncia que los Consejos de Ministros (gobiernos) del Presidente Pedro Sánchez, han actuado como una banda criminal para cometer un delito continuado de prevaricación, coacciones, malversación, falsedad documental y contra la independencia de España, así como delitos intergeneracionales y electorales.

Los delitos han sido instrumentos que han conseguido aumentar ilegalmente el gasto público y la deuda pública en 2019, incumpliendo el compromiso electoral y con la UE, el liderazgo europeo en el desempleo juvenil, el golpe de Estado jurídico de 2020 (Estado de alarma declarado ilegal por el Tribunal Constitucional) para justificar el récord de gasto público y conseguir la mayor caída económica del mundo en 2020, la peor gestión de los fondos UE, la peor recuperación en 2021 y 2022, el incumplimiento de la limitación del gasto y deuda públicos todos los años, falsificando reiteradamente la documentación oficial para evitar los controles legales al gasto público y para falsificar datos de desempleo y otras cosas.

Además del daño contra los intereses españoles, se denuncia que estos gobiernos han perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea, tanto por la caída del valor del euro, como por el rescate financiero en forma de préstamos y “regalos”.

Los intereses financieros de la UE es un bien jurídico nuevo, lo que hace que la jurisprudencia española no pueda aplicarse a los delitos denunciados y que la investigación de los hechos sea competencia exclusiva de la Fiscalía Europea.

El Tribunal Supremo, donde se presenta la denuncia, tendrá que designar un juez que actúe como juez de garantías, asegurando que la Fiscalía Europea investiga conforme a la legalidad. La Ley permite que la Alianza denunciante pueda exigir al citado juez europeo que revise el cumplimiento de las garantías constitucionales y procesales.

El 14 de octubre de 2022, la Alianza denunció a España en la Comisión Europea, porque la transposición del Reglamento de la Fiscalía Europea con la Ley Orgánica 9/2021, violaba el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por limitar las personas y organizaciones que pueden ejercitar la acusación popular. En la denuncia, el denunciante particular impugna esta ley, solicitando que se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) esta cuestión para que se declare ilegal.

Por último, se pide al Tribunal Supremo que ofrezca a los gobiernos de los países miembro de la UE, que se personen en la causa como perjudicados, amparándose en las indicaciones en un documento de la Comisión Europea.

La denuncia se ha remitido a varios miembros de varias Comisiones del Parlamento Europeo, así como a varios gobiernos de la Unión Europea invitándoles a personarse en la causa; también se ha informado a varios diarios extranjeros y al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), para que conozcan la gravedad del deterioro del Estado de Derecho español, de la corrupción política y de la situación económica, así como de las consecuencias, presentes y futuras, en la Unión Europea y en el euro.

Con esta denuncia los españoles van a poder conocer las causas de la actual crisis cultural, política, institucional, social y económica.

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