Australia se ha convertido en uno de los focos conflictivos para España en los arbitrajes por las renovables. El país rechazó en abril la solicitud de "inmunidad soberana" que había solicitado el Reino de España por el 'caso Antin', uno de los arbitrajes más mediáticos vinculados al recorte de las primas de renovables de 2013 y por el que demandan 101 millones de euros a España.

"Es demasiado tarde", señalaba en noviembre de 2022 uno de los jueces australianos ante la defensa española en la vista de este proceso. Una defensa del Reino de España que estaba personificada en Lisa Ward del despacho internacional K&L Gates, el bufete contratado por el Gobierno español para lograr esta inmunidad en esta denuncia de vulneración del Tratado de la Carta de la Energía.

La máxima instancia judicial de Australia negó definitivamente el 12 de abril la solicitud de España. Los representantes legales del Gobierno argumentaban que podría tener "inmunidad soberana" frente a "los procesos judiciales australianos relativos al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales de acuerdo a la Ley de Inmunidad de Estados Extranjeros del país oceánico".

"El Tratado es un hecho histórico, pero, dada la conducta de su cliente, no es más que eso, ¿no es así?", insisten los jueces australianos al representante del Gobierno español. "Sí. Lo único que diré a eso, señoría, es que el Tratado, como creo ya dije, contenía una serie de opciones", defiende la abogada de España. "Pero eligieron una opción", le matiza el representante de la máxima instancia judicial de Australia. "Bueno, los inversores eligieron una opción", insiste Ward sobre la posición de estas empresas de demandar a España.

El foco de Navantia
Como detallan los conocedores de estos procesos, la posición de la Tribunal Supremo australiano muestra claramente una defensa a que España asuma el pago de las demandas y muestra disposición a que, como sucede en Reino Unido, se soliciten embargos si no paga lo que debe.

En ese país, como informaba El Confidencial, se tiene constancia desde la Abogacía del Estado española que los inversores planean cobrar sus arbitrajes a a través de Navantia. 

La empresa pública dedicada a la construcción naval civil y militar tiene en Australia uno de sus principales mercados. Sin ir más lejos, según asegura el medio especializado Infodefensa, Navantia cuenta en 2023 con potenciales acuerdos con la marina australiana de cerca de 7.000 millones de euros.

Antin abre la puerta de Australia
"Su argumento tiene un problema", corrige uno de los jueces a la defensa española. "Incluso si tiene razón sobre el Tratado de la Carta de la Energía, se hizo una elección y esa elección fue arbitrar. Un arbitraje en el que su cliente participó voluntariamente, dejando de lado los debates. Entonces, tienes un hecho.

Luego se va al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), que rige la forma en que se llevó a cabo. Entonces, en cierto sentido, el caballo se ha desbocado, incluso en la forma en que lo dices", añade.

La posición australiana en la defensa de la reclamación de Antin, una firma de inversión británica especializada ámbito de las infraestructuras y la energía que ha decidido llevar su caso a todos los tribunales arbitrales hasta que cobre de España lo que le otorga una sentencia del CIADI, que un organismo del Banco Mundial.

El Tribunal Superior de Australia deja claro en su sentencia que España debe obedecer al laudo vinculante del CIADI. Antin no ha logrado cobrar su deuda, pero sí que le reconozcan y legitimen su derecho a protegerse ante el impago por parte del Gobierno español.

Su caso ha aflorado también una posición beligerante de un país contra la posición de España. Es decir, abre la puerta de Australia a alguno de los otros 21 procedimientos que ha perdido.

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