Este viernes del sindicato Manos Limpias destapó la existencia de un «informe jurídico legal» sobre las ayudas recibidas por el Holding Globalia de la familia Hidalgo presentado ante el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por su influencia o no en la adjudicación de contratos del Estado y ayudas a empresarios presuntamente vinculados con ella.

 Los documentos aportados al Juzgado no son una denuncia directa contra Sánchez. Pero, sin embargo, los denunciantes sostienen que el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó una ayuda inicial de 475 millones de euros al Grupo Globalia de la familia Hidalgo -su CEO es Javier Hidalgo- sin el visto bueno de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) encargada de velar por el destino de los 3.300 millones de euros distribuidos en ayudas económicas a empresas durante la pandemia del COVID.

Según Manos Limpias las ayudas a las empresas de los Hidalgo, de las 30 concedidas, fueron las únicas en no pasar el control de la SEPI, que incluso contrató una UTE por 70.000 euros para vigilar esas ayudas. También refieren una segunda ayuda al Grupo Ávoris, de la misma familia, por 320 millones de euros y en ambas ocasiones, para Manos Limpias, Pedro Sánchez debió abstenerse por incompatibilidad al estar su esposa relacionada con los beneficiados de las ayudas.

 Si el juez observara la presunción de un delito por parte de Pedro Sánchez, al no haberse abstenido en ese Consejo de Ministros por una presunta incompatibilidad de un familiar directo como es su esposa, debería enviar la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que el presidente está aforado por su condición de cargo político en ejercicio.

Ese presunto delito se habría cometido sólo en caso de quedar probada la relación profesional entre su esposa Begoña Gómez y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, ya que esta empresa habría patrocinado unos cursos dirigidos por Gómez desde el África Center y posteriormente habrían accedido a ese rescate.

 El informe técnico al que se refiere Manos Limpias no ha sido mostrado en público porque hay declarado secreto de sumario por el juez instructor, pero sí se conocen cuestiones generales sobre su contenido y el jefe de investigación del sindicato, Javier Cordero, ha añadido que hay varias causas por las que Globalia nunca debería haber accedido a ese rescate legalmente.

En primer lugar la ayuda se troceó en dos ocasiones, primero en dos ayudas de 240 y 235 millones, respectivamente, hasta los 475 iniciales. El sindicato sí tiene las actas de este consejo de ministros, presidido por Sánchez, celebrado el 3 de noviembre de 2020, pero no ha encontrado las actas donde se refleja el segundo rescate por 320 millones de Ávoris, propietaria de marcas como BTravel, agencia de viajes de Air Europa o de Hoteles Barceló, entre otras.

Esos rescates no fueron presuntamente sometidos al control de la Comisión Europea, que lo solicitaba a los países miembros que gastaran más de 250 millones en una sola empresa, a pesar de que los fondos dedicados al rescate eran solo nacionales y no europeos. Esto se hacía así para controlar que una misma empresa multinacional no recibiese ayudas en diferentes países.

Sobre los primeros 475 millones el sindicato afirma que «desconocemos con exactitud el destino de ese dinero porque aunque los recibió la empresa Air Europa Holding iba destinado a tres empresas del mismo grupo en realidad, que son Air Europa, Air Europa Holding y Aeronova» y destacan que la receptora de los fondos «es una empresa creada el 13 de noviembre de 2019 y constituida con 3.000 euros, lo que hace sospechoso que una empresa con tan poco tiempo (el rescate se produjo el 3 de noviembre de 2020) resulta beneficiada de un rescate tan importante», han afirmado.

La aprobación del rescate a Air Europa Holding.
El 29 de julio de 2020 el Congreso de los Diputados aprobó destinar hasta 650.000 millones de euros para rescatar a empresas con problemas financieros derivados de la pandemia. El plan se denominó «Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas». Hasta 74 empresas optaron a estas ayudas o pidieron ser rescatadas por el Estado, pero sólo 30 de ellas lo lograron porque cumplían los requisitos necesarios.

En ellas se gastaron 3.300 millones de euros. Hay que recordar que uno de los rescates más polémicos fue el de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros, de los que por cierto ya ha devuelto dos de las cuotas a la SEPI.

 Para Manos Limpias, Air Europa no cumplía algunos de los requisitos exigibles, aprobados por Decisión de la Comisión de 31 de julio de 2020 SA.57659 (2020/N) España COVID 19, Fondo de recapitalización y una posterior Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el ACM de 21 de julio de 2020.

«GLOBALIA DEBÍA 55 MILLONES A LA AGENCIA TRIBUTARIA Y POR TANTO ESE REQUISITO NO LO CUMPLÍAN, NI PASÓ EL FILTRO DE LA SEPI»
Entre estos requisitos constaban no mantener deudas con Hacienda y «Globalia debía 55 millones de euros al Estado, por tanto ese requisito no lo cumplían, tampoco había refrendado el acuerdo climático de París, ni pasó el filtro de la SEPI, ya que esta sociedad estatal publica en datos abiertos todas las inspecciones que realiza antes de dar sus ayudas», añaden desde el sindicato denunciante, además de no pasar el mencionado control de la Comisión Europea.

 Según el sindicato los responsables de haber otorgado esas ayudas fueron los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Energía y por elevación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presidió los consejos de ministros donde se decidieron otorgar.

Miguel Bernard, secretario general del sindicato denunciante, ha sido rotundo al responder a preguntas de periodistas al decir que «el Gobierno de Pedro Sánchez hizo mal en aprobar y conceder ese rescate». También advierten que se desconoce a día de hoy si Globalia ha devuelto los 140 millones de euros recibidos en ayudas ICO.

Ahora el juzgado debe iniciar las investigaciones oportunas para decidir si llama a declarar en próximas semanas a Begoña Gómez por la denuncia interpuesta contra ella por tráfico de influencias. El sindicato la acusa de haber influido en la toma de decisiones para conceder ayudas y rescates con dinero públicos a empresarios afines, como Carlos Barrabés, de Innova Next o Javier Hidalgo, del Grupo Gobalia.

El investigador de Manos Limpias ha sido claro al afirmar que «lo primero que nos choca es que cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa, la SEPI no tenía presidente. Hubo una UTE que seleccionó y eliminó empresas que pidieron esos fondos.

Sorprendentemente, Globalia recibió una ayuda de 475 millones y otra de 320 millones y no pasó el filtro de esta UTE independiente, que es la que decidía que empresas tenían acceso. Al resto se le dieron una media de 40 y 50 millones de euros» y añadió que «de 74 empresas que pidieron, solo 30 lo consiguieron y, por supuesto, quien lidera el ranking es Globalia. Es decir, Globalia tuvo acceso a unas ayudas sin pasar por el control que pasaron el resto de las empresas».

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