Mucho se está hablando del borrador sobre la nueva ley del aborto al que el miércoles tuvo acceso la Cadena SER y que, de aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes, derogaría la ley actualmente vigente, la “ley Aído”, ley que el PP de Rajoy mantuvo a pesar de su mayoría absoluta. 

 Es cierto que el borrador muestra varios aspectos inquietantes (como la posibilidad de que las menores aborten sin permiso de los padres o la creación de listas de médicos objetores al aborto), pero siendo cierto que son aspectos gravísimos, y de dudosa constitucionalidad, la realidad es que la parte esencial de esta ley, y de la anterior, es consagrar un supuesto derecho al aborto, algo que, se mire como se mire, es abiertamente contrario a nuestra constitución, según se desprende de la doctrina fijada por el propio Tribunal Constitucional (STC 53/1985).

 Otra cosa es que, puestos a justificar lo injustificable, algunos estén dispuestos a retorcer nuestro sistema democrático hasta que este pierda su esencia. En ese proceso estamos, y no solo en lo referente a la defensa del no nacido. ¿Alguien lo duda? (Recuérdese, por ejemplo, la ya mítica frase pronunciada por Sánchez: “Es que la Fiscalía ¿de quién depende?”)

 ¿Cómo puede acabar una democracia que no se respeta a sí misma?, donde los poderes del estado no la respetan, cuando ni el mismo Tribunal Constitucional la respeta… ¿O cómo se puede calificar el hecho de que el propio TC haya dejado pasar 12 años sin resolver el recurso de inconstitucionalidad sobre la vigente ley del aborto? (Recurso que el TC, cuando lo admitió a trámite, se comprometió a resolver de forma prioritaria). ¿Cómo de grave será este asunto que, por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió, a comienzos de 2022, una demanda contra el TC de España por retrasar dicha sentencia?

 Por todo ello, desde el partido Valores, exigimos al TC que, por respeto a nuestra democracia, y a la misma institución que representan, emitan sin más demora la sentencia. 

 Pero, sobre todo, lo exigimos por los cientos de miles de seres humanos a los que se les está negando su derecho a la vida reconocido en nuestra Carta Magna.

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