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En los próximos meses está prevista en el Congreso la aprobación de una reforma legislativa que debería resolver, de forma más rápida y eficiente, los nuevos concursos de quiebra
Nacional 25/08/2022 Hernán MartínPedro Sánchez prometió potenciar el crecimiento empresarial durante su gestión, pero los números que acaban de conocerse muestran una realidad completamente diferente.
Según el informe que difundió Eurostat, la reconocida organización especializada en estadísticas, España es el país europeo con mayor aumento de quiebras en el segundo trimestre del 2022, duplicando las cifras de Francia y Portugal.
Los números son realmente desoladores: el cierre de compañías en nuestro país aumentó un 54,6% respecto al cuarto trimestre de 2019; y la situación es todavía peor si se comparan esas cifras con los de nuestros vecinos: en Alemania el porcentaje de quiebras fue del 21,7%, en Francia del 25,1%, en Italia del 35% y en Portugal del 19,3%.
Además, los concursos de acreedores aumentaron en España un 13,3%, lo que duplica los números de la Unión Europea (que creció un 6%) y la eurozona (que se incrementó un 6,4%).
Estadísticas que duelen y dan miedo.
El aumento de los costos, los créditos solicitados durante la pandemia y el fin de las ayudas gubernamentales fueron los tres factores que llevaron a muchas empresas españolas directamente a la quiebra.
La magnitud de la catástrofe es tan grande que, cada día de julio, 58 compañías tuvieron que cerrar sus puertas, una cifra que, según los especialistas en el tema, aumentará todavía más en los próximos meses porque el pasado 30 de junio terminó la moratoria que otorgó el Gobierno.
Por otra parte, los concursos de acreedores en España subieron en julio un 25% respecto al mismo mes del 2021, hasta alcanzar los 774 procedimientos y las 1.790 disoluciones, lo que representa la cifra más alta desde marzo del 2014.
Comercio, construcción, actividades inmobiliarias e industria fueron los sectores más castigados, y un 98% de estos procesos afectaron a pequeñas y medianas compañías.
Lo peor es que la desaceleración de la recuperación económica y la inflación seguirá golpeando a las PYMES que no pueden aumentar sus precios para mantener fidelizada a su clientela y eso limita su rentabilidad hasta dejarlas al borde del colapso al no contar con un margen de ganancia para pagarles a sus acreedores.
CEPIME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) sintetiza el problema de manera muy clara: “Las compañías no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus costes al cliente final y esto se traduce en una tesorería menguante, lo cual afecta a la capacidad de pago a los proveedores. De hecho, un número creciente de empresas reconoce este problema y está negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos de pago. Esta situación explicaría el aumento del periodo medio de pago observado en el primer trimestre y hace que las previsiones a este respecto sean negativas”.
El Indicador Sintético Cepyme de Morosidad Empresarial (ISME) agrega más datos al respecto: “Lejos de reducirse, la morosidad se mantiene en tasas muy elevadas e incluso aumenta y sigue siendo un grave problema para las empresas, que pone en riesgo su liquidez y compromete su viabilidad, en especial para las de menor dimensión. En este caso, las opciones para acceder a la financiación son más limitadas y esto hace más probable que los problemas de liquidez acaben degenerando en problemas de solvencia”.
Por su parte, Jesús Boriabad, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales “Sainz de Andino” (APACSA), señaló que “si con la moratoria concursal el número de procedimientos no ha dejado de crecer, el final de esta medida provocará que se multipliquen los concursos porque se verán los verdaderos efectos de la crisis por la pandemia y el elevado número de empresas que han estado activas durante todo este tiempo con la moratoria concursal, en algunos casos artificiales”.
Y todavía falta lo peor.
En los próximos meses está prevista en el Congreso la aprobación de una reforma legislativa que debería resolver, de forma más rápida y eficiente, los nuevos concursos de quiebra.
Abencys, firma especializada en insolvencia y restructuraciones, explicó este tema y lanzó una fuerte advertencia: “Con la nueva Ley Concursal se priman las soluciones anticipadas y los concursos rápidos, en empresas pequeñas que se pretenden sean gestionados por los propios administradores sociales. Aunque esta reforma sea una manera de agilizar procesos y evitar un colapso judicial, a su vez causará una gestión menos eficaz de los mismos, perjudicando de esta forma la recuperación de valores de activos para atender las deudas concursales”.
Por este motivo, Abencys prevé un aumento en las liquidaciones de compañías, lo que significaría cerrar el año con más quiebras: “En caso de que se llegue a aprobar esta reforma, tal como está redactada, esta traerá consigo un gran número de cierres de empresas”.
En pocas palabras, la situación promete empeorar muchísimo de aquí a diciembre, a menos que el Gobierno tome las medidas adecuadas para proteger a esas PYMES que representan el 80% del tejido comercial español.
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