Una de las características del moderno capital monopolista es la confusión del Estado, lo público, con las empresas privadas, un fenómeno que a veces se ha llamado “puertas giratorias”. “Los monopolios de Estado y los privados se entretejen formando un todo”, escribió Lenin, porque el Estado no es nada diferente de un consejo que administración de los intereses generales de los grandes capitalistas y financieros.

Esa (con)fusión es evidente en el caso de la industria farmacéutica y ha sido llevada al extremo durante la pandemia, lo que ya nadie trata de ocultar. Ahora en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una institución pública, ha absorbido en su seno al equipo de propaganda de la multinacional Pfizer.

El precio es de 52,5 millones de dólares, una parte de los cuales proceden de los fondos contra el “covid”. La empresa de relaciones públicas se llama Weber Shandwick y se ha incorporado a la Unidad de Inmunización y Respiratoria del instituto de salud pública. La empresa ha trabajado para Pfizer desde 2006 y el año pasado firmó otro contrato publicitario con Moderna.

Las empresas de relaciones públicas no suelen trabajar para un único cliente y también prestan servicios publicitarios a las instituciones públicas. Pero es evidente que hay un conflicto de intereses: quienes elaboran las campañas de publicidad para la salud pública y las farmacéuticas no pueden ser los mismos y, según PR Week, la vacuna contra la gripe ha sido uno de los primeros conflictos entre ambas partes.

En septiembre de 2020 la empresa Weber Shandwick firmó un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD) de los CDC, que es el responsable de apoyar al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) que, a su vez, es quien emite recomendaciones a los CDC sobre las vacunas, incluidas las vacunas contra el “covid”.

En consecuencia, no es posible saber si las recomendaciones sanitarias elaboradas por los CDC durante la campaña de vacunación tenían un objetivo sanitario o sólo era publicidad comercial procedente de quienes las vendían. Ni siquiera es posible saber si la aprobación de las vacunas contra el “covid” fue consecuencia de esa mezcla entre lo sanitario y lo comercial.

El caso es que el 12 de diciembre de 2020 el ACIP recomendó la vacuna contra el “covid” de Pizer en personas mayores de 16 años. Tres meses después recomendó la vacuna de Moderna para mayores de 18 años y, desde entonces, ha seguido recomendado ambas para la mayoría de la población, incluidos los niños de tan solo seis meses.

Los CDC siguieron adelante a pesar de la carencia de ensayos clínicos, argumentando que la emergencia sanitaria era muy acuciante y que había que actuar a ciegas.

La empresa Weber Shandwick realizó un trabajo específico para el NCIRD que incluía la promoción de las vacunas y la comunicación de los riesgos y las acciones recomendadas para las epidemias. El aparato de propaganda también proporcionó al NCIRD a 17 especialistas en publicidad sanitaria, dos en investigación sanitaria y otro más en medios de comunicación.

La publicidad de Weber incluye la generación de ideas de historias, la distribución de artículos y la realización de actividades de divulgación para las noticias, los medios de comunicación y las organizaciones de entretenimiento. Los propagandistas también llevarán a cabo investigaciones sobre el público objetivo y planes de imagen dirigidos a responsables de la atención sanitaria.

“Las empresas están empezando a movilizarse en torno a lo que es, posiblemente, la misión de salud pública más urgente y crítica de nuestra vida, y el entorno de las comunicaciones nunca ha sido más complejo”, ha declarado Pam Jenkins, una dirigente del aparato de proganda. No obstante, no se trata sólo de un lavado de cerebro masivo sino, sobre todo, de cambiar el comportamiento de millones de personas en todo el mundo.

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