VOX ha registrado un veto a la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que se debatirá en el Pleno que se celebra esta semana en el Senado.

El veto de la formación que preside Santiago Abascal se refiere a las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Orgánico con las que el Ejecutivo pretende modificar  la designación de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional (TC), así como a las competencias que para tal designación la Constitución atribuye al máximo órgano de gobierno de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, las modificaciones propuestas «son manifiestamente inconstitucionales, por infringir el artículo 159.3 CE, que dispone que la renovación del Tribunal Constitucional se realizará por terceras partes». «Puesto que los cuatro que ahora deben renovarse deben ser designados por Gobierno y CGPJ, tales nombramientos deben realizarse por ambos órganos simultáneamente, y no unilateralmente por ninguno de ellos, ya que entonces sería una renovación de una sexta parte», explican los senadores de VOX, quienes denuncian que «nos hallamos ante uno de los atropellos más inadmisibles de los anales del parlamentarismo español».

La formación advierte, además, en el documento remitido a la Cámara Alta, de que la Proposición de Ley Orgánica debe rechazarse por motivos de fondo, ya que la iniciativa legislativa tiene por objeto la modificación y la supresión de tipos penales, cuyo bien jurídico protegido es el orden público.

Además, recuerda VOX el golpe de Estado perpetrado en Cataluña en 2017, donde estos tipos penales «se revelaron extremadamente útiles para la protección de bienes jurídicos aún más importantes: la unidad nacional y el orden constitucional». Por ello, advierte de que «teniendo en cuenta tales antecedentes, la supresión o, en su caso, modificación atenuante de los elementos del tipo delictivo puede suponer un gravísimo riesgo en el futuro para España y para el Estado de Derecho».

Los tres senadores de VOX, José Manuel Marín (Murcia); Yolanda Merelo (Ceuta); y Pepa Millán (Andalucía); denuncian en su veto que la Proposición de Ley Orgánica tiene como objeto «fines partidistas que únicamente pretenden conseguir los votos necesarios para que el Gobierno de España pueda mantenerse en el poder lo que resta de legislatura».

«Tal es el propósito de la rebaja de las penas asociadas a los tipos delictivos vinculados a los hechos acaecidos en Cataluña los meses de septiembre y octubre de 2017, como también lo es permitir que vuelvan a España las personas que huyeron de la Justicia por hechos que, de aprobarse esta iniciativa legislativa, carecerían de relevancia penal».

En su escrito, los senadores de VOX desmontan también el argumento «falso» utilizado por el Gobierno de coalición -PSOE-Unidas Podemos- de que con esta reforma «se adapta la normativa penal a los ordenamientos jurídicos de países de nuestro entorno así como modificarla tras dos siglos de legislación penal obsoleta». «Las criminales acciones separatistas perpetradas en Cataluña en 2017 pusieron en evidencia la necesidad de que el ordenamiento jurídico español disponga de los recursos legales pertinentes para erradicar tales desafíos a la existencia misma de España como Nación».

De hecho, gracias a las acciones legales ejercitadas por VOX, tales hechos fueron juzgados por el Tribunal Supremo, que condenó a la mayor parte de los autores de la organización y realización de tales hechos por la comisión de, entre otros, delito de sedición.

Impunidad
El veto registrado por VOX no olvida  lo tocante al delito de malversación de caudales públicos. Recuerdan la «desgraciada habitualidad de este tipo penal y, lo que es peor, en muchos casos, la percepción de impunidad por parte de sus autores». Pero la «peor de corrupción y malversación de fondos es la que tiene lugar cuando se hace un uso espurio de los mismos para la consecución de fines frontalmente contrarios a España y a los españoles». Así, también advierte la formación de que «es precisamente esta conducta la que se va a favorecer a través de la modificación penal contemplada en la Proposición de Ley Orgánica».

De entrada, la premisa de la que parte el Ejecutivo es «falsa»: que la desviación de fondos públicos para lucro individual es más grave que si se realiza para finalidades públicas distintas de las legales. «Teniendo en cuenta que esas finalidades públicas consistieron, y pueden volver a consistir, en utilizar las instituciones públicas para destruir la unidad nacional y el Estado de Derecho, se aprecia mejor la perversidad del propósito que anima a esta reforma», advierten los senadores de VOX.

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