El juez instructor de la causa del procés independentista, Pablo Llarena, ha aplicado la reforma que deroga el delito de sedición, una reforma que según argumenta plantea un contexto “cercano a la despenalización” de los hechos de 2017.

El resultado es que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig siguen en búsqueda y captura pero por malversación y desobediencia, no por sedición. Marta Rovira y Clara Ponsatí están ahora procesadas por desobediencia.

El magistrado entiende que su conducta desplegada durante el procés, por la que otros políticos fueron condenados por sedición, no encaja en un delito de desórdenes públicos.

Los tres políticos catalanes siguen en búsqueda y captura y, por tanto, sin poder volver a España sin exponerse a ser detenidos por el Supremo, pero Llarena rechaza por ahora reactivar las órdenes europeas de detención. Esto, informa en su auto, queda sujeto a lo que digan los tribunales europeos sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial que examinan desde hace meses.

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