Miguel Ángel Revilla, ha admitido que recibió un ‘chivatazo’ del Gobierno de España, de la mano de la Delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se disponía a registrar y detener a los presuntos corruptos de la trama, facilitando así la posible destrucción de pruebas antes del registro.

«El miércoles a las 7.20 me sonó el móvil cuando me estaba afeitando y era la Delegada del Gobierno que me comunicaba que a las 7.30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas inspectores, fiscales y policías ante un caso de corrupción muy grave donde había detenidos, donde habían encontrado dinero en el domicilio de una persona de la consejería y que me lo comunicaba para que tuviera conocimiento de que se iba a proceder con ese registro», confesaba el presidente cántabro este viernes 3 de marzo durante la rueda de prensa en la que comunicaba la dimisión del consejero de Obras Públicas de Cantabria, José Luis Goichicoa y el número dos de ese departamento, Manuel del Jesus.

José Luis Gochicoa dimitirá la semana que viene, informan medios regionales, a causa del escándalo de la supuesta trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas que se destapó en Cantabria la pasada semana.

El Director General de Obras Públicas, Manuel del Jesús Clemente, también ha presentado su dimisión. El ser funcionario, el Presidente ha afirmado que no puede cesarlo, pero que también ha presentado su dimisión.

Cs denuncia los hechos ante la Fiscalía
En este sentido, desde Ciudadanos anuncian que solicitarán a la Fiscalía que investigue quién avisó a la delegada del Gobierno de una intervención judicial bajo secreto de sumario, un hecho que puede ser delito según el artículo 466 del Código Penal.

«Es un escándalo que Revilla y Quiñones conocieran la intervención policial en Obras Públicas antes de que se produjera», ha denunciado públicamente el diputado de la formación naranja, Félix Álvarez, que apunta a que «nadie, salvo la jueza y la policía que está a sus órdenes, podría tener conocimiento de la intervención que iba a tener lugar en la consejería esa mañana».

 «Quién comunicó, contraviniendo la ley, que se iba a registrar la consejería de Obras Públicas y cómo es posible que Quiñones en lugar de guardar silencio y denunciar a quién reveló el secreto, avisara al señor Revilla», se pregunta Álvarez, que señala que este gesto ha podido poner en peligro la investigación, ya que que desconocemos a cuanta gente alertó la delegada del Gobierno, además de a Revilla, y las consecuencias de este hecho, ya que podría haber dado lugar a la ocultación o destrucción de pruebas.

Álvarez ha recordado que el funcionario que estaba siendo investigado, el mismo día de la intervención policial, llamó a la consejería de Obras Públicas para comunicar que por problemas personales no iría a trabajar, y que casualmente el día anterior al registro este funcionario se deshizo de documentos que supuestamente tiró a un contenedor.  

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