La secretaria general de ERC, Marta Rovira, prepara su inminente regreso a España coincidiendo con la campaña electoral del 28 de mayo.

Después de cuatro años fugada de la justicia española, y sin riesgo de entrar en prisión tras la derogación del delito de sedición del Código Penal, los republicanos barajan dar un golpe de efecto con su retorno en plena pugna electoral con Junts per Catalunya en los comicios municipales que se celebran en la región y cuyos resultados se interpretarán como un aval o rechazo a la vía del diálogo que encabeza ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes de ERC consultadas ven «muy factible» el escenario de su retorno, después de que Meritxell Serret (ERC), Anna Gabriel (CUP) y recientemente Clara Ponsatí (Junts) hayan emprendido el mismo camino.

De acuerdo con estas fuentes, la dirigente independentista está esperando que se resuelva el recurso de la Fiscalía contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Llarena en el que solicitan cambios en el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Ponsatí para que se les aplique el delito de desórdenes públicos agravados. Un paso judicial que se prevé que se resuelva este mes de abril.

El juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo descartó tras la reforma del Código Penal pactada entre PSOE y ERC que los hechos promovidos por el Ejecutivo catalán en otoño de 2017 pudieran encajar en el delito de desórdenes públicos agravados. En contra del criterio de Fiscalía, Llarena decidió aplicar un delito de desobediencia, así como el delito de malversación de caudales públicos, que sí implica pena de cárcel.

La secretaria general de ERC quiere tener la garantía de que no se produzcan nuevas modificaciones en su procesamiento. Como informó este periódico, la Fiscalía avaló la ‘operación Rovira’, al allanar su vuelta al no reclamarle el delito de malversación.

A diferencia de Puigdemont, Comín y Ponsatí, en el caso de la número dos de Oriol Junqueras la Fiscalía coincide con el criterio de Llarena y avala que Rovira sea procesada tan solo por un delito de desobediencia. El Ministerio Público no argumenta en su escrito las razones por las que hace esta distinción, a pesar de que en el recurso defiende la aplicación del nuevo delito de desórdenes públicos agravados para los tres eurodiputados de Junts.

En contra del criterio del juez, la Fiscalía del Supremo considera que «la desaparición de los tipos penales de sedición no equivale a una despenalización de todos los hechos subsumibles en ellos».

«Resulta evidente que los hechos consistentes en graves alteraciones del orden público que la sentencia declara probados no se han despenalizado, de manera que, si desaparece el delito de sedición, su encaje normativo apropiado son los desórdenes públicos», indica el Ministerio Público en su recurso al auto dictado por el juez Llarena, tras la entrada en vigor de la reforma del Gobierno que deroga la sedición.

 Otro de los factores que puede sacudir la vida política catalana es un eventual regreso de Carles Puigdemont. Aunque su abogado, Gonzalo Boye, haya negado que la vuelta de Ponsatí a España sea «un banco de pruebas», también se barajó que su retorno a Cataluña se produciría durante el año 2023.

La defensa del ahora eurodiputado de Junts está a la espera a que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre su inmunidad parlamentaria. Su abogado cree que esta inmunidad abarca los 27 países miembros de la Unión Europea, mientras que el juez Llarena considera que no aplica en el caso español, ya que fue procesado antes de obtener su condición como eurodiputado.

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