Pedro Sanchez recurre de nuevo a la dictadura franquista como baza política de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, cuando los sondeos publicados hasta el momento coinciden en pronosticar un retroceso generalizado de la izquierda en esta suerte de primera ronda de las generales de final de año.

En ese contexto, el cuartel general de los socialistas va a llamar a sus candidatos a alcaldes a incluir en sus programas electorales la eliminación o retirada de vestigios que exalten el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o que enaltezcan a sus protagonistas.

En la misma línea, pedirá prometer la localización y exhumación de las víctimas de ambas etapas, así como de la Guerra Civil, según la versión preliminar del documento que servirá para elaborar el programa marco municipal.

Utilización política
En realidad, tanto la búsqueda de restos como la retirada de vestigios se encuentran recogidas en la nueva ley de Memoria Democrática aprobada en octubre, que desarrolla la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Por tanto, las administraciones están ya legalmente obligadas a cumplir ambas medidas. Su conversión en promesas electorales cuando tanto el Gobierno central como numerosos ayuntamientos y varias comunidades se encuentran en manos de los socialistas denota, una vez más, la utilización del franquismo por parte de Pedro Sánchez.

  De hecho, las alusiones del jefe del Gobierno a la dictadura siguen siendo recurrentes. En la reciente moción de censura de Vox, Pedro Sánchez volvió a utilizar la dictadura para atacar a Santiago Abascal, acusándole de preferir la etapa franquista a la democrática.

Un dardo que el socialista viene dirigiendo al presidente de Vox desde que éste sostuvo que el actual Gobierno de coalición es el peor de los últimos 80 años, durante un debate celebrado en la plena pandemia. Y, a finales del pasado noviembre, Sánchez no dejó de pasar la oportunidad de jactarse de que «una de las cosas» por las que pasará a la historia, según él, será por «haber exhumado al dictador».

Acto la próxima semana
La versión definitiva del programa marco del PSOE para el 28-M será aprobada en la Convención Municipal que los socialistas celebrarán del 14 al 16 de abril en Valencia.

Los 7.500 candidatos a alcaldes socialistas utilizarán ese fichero como base para sus programas, que personalizarán con cuestiones propias de las localidades en las que se presenten. La convención estará presidida por Sánchez, que acudirá flanqueado por la directiva socialista, y allí se encontrará con los principales candidatos del partido a los comicios locales.

Para llevar a cabo la retirada de vestigios, Ferraz recomendará a sus aspirantes que pongan «especial atención» en el callejero y las denominaciones de centros públicos, así como a la concesión de reconocimientos, honores y distinciones durante la dictadura.

Además, la dirección socialista quiere que los programas electorales de sus candidatos a alcaldes prometan otras medidas recogidas en la nueva ley de Memoria Democrática, por ejemplo categorizar como 'lugar de memoria' aquellos espacios, inmuebles o parajes «en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia histórica o simbólica por su repercusión en la memoria colectiva».

Al respecto, la versión preliminar del programa marco insta a proteger estos lugares y a difundir su significado «por su vinculación a la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades o la represión y violencia sobre la población por su resistencia al golpe de Estado o la dictadura». Una redacción copiada textualmente de la ley de Memoria.

Otros de los puntos que Ferraz busca incluir como promesas electorales son la renovación de los archivos históricos municipales «como fuente de nuestra memoria histórica» o la promoción de actividades y programas educativos para que los escolares conozcan la historia y la memoria democrática española.

Todo ello justificado por las «cicatrices» del pasado«traumático» que, según los socialistas, existen en España y ante la necesidad de no repetir «errores del pasado».

Paralelamente, ayer también se conoció que la dirección socialista ordenó en octubre a los gerentes regionales y provinciales de sus federaciones que contrataran servicios y se aprovisionaran de materiales de cara a las elecciones de mayo. Con esta medida, desvelada ayer por la citada agencia de noticias, Ferraz pretendía evitar previsibles subidas de precios por la inflación.

Sin embargo, se da la circunstancia de que el discurso público de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, iba en sentido contrario en aquel mes, con intervenciones dirigidas a intentar tranquilizar a la ciudadanía y restar importancia al alza de precios.

«La inflación está ya en una senda descendente en el caso de España y se situó el mes pasado un punto por debajo de la media de la zona euro y dos puntos por debajo de la Unión Europea», dijo a mediados de octubre.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Hacienda atender la petición de un particular al que deberá remitirle el desglose anual del número de personas que han pagado una cuota de afiliación a una formación política entre 2015 y 2021, lo que permitiría saber el número real de militantes con los que cuenta cada partido o coalición.

Además, el ministerio que encabeza María Jesús Montero deberá informar también del número de personas que han hecho otro tipo de donaciones monetarias a entidades políticas.

El ciudadano al que el CTBG ha dado la razón, admitiendo el recurso que presentó contra la decisión de Hacienda de negarle información, solicitó estos datos en diciembre de 2021. En su escrito dejaba claro que en ningún caso pedía que se identificara a los afiliados o donantes, por lo que su solicitud no ponía en riesgo los datos personales de los mismos.

Hacienda tardó medio año en denegar su petición, incumpliendo así el plazo legal de un mes para contestar las solicitudes de información. El departamento que dirige María Jesús Montero se agarró a una de las causas de inadmisión que prevé la Ley de Transparencia, la que faculta a no atender la solicitudes que sean «manifiestamente repetitivas o tenga un carácter abusivo no justificado».

Pero el Consejo de Transparencia ha dado la razón al recurrente al advertir que Hacienda no había «justificado ni acreditado» el carácter supuestamente abusivo de esa petición.

A finales de mes, la también vicepresidenta primera celebró el dato adelantado, situado en el 7,3 por ciento interanual, tras descender 1,6 puntos frente a septiembre. «Supone una reducción de un tercio respecto al nivel máximo que se alcanzó en julio, y nos permite prever que seguirá esta senda descendente en los próximos meses», señaló, mientras Ferraz pedía a sus gerentes que acopiaran material para evitar subidas de precios.

Y es que, si bien la tasa de inflación había alcanzado en octubre el nivel más bajo desde principios de año, el tipo subyacente -sin energía ni alimentos frescos- repitió el 6,2 por ciento marcado en septiembre. En aquel momento había, además, más datos que llamaban a la prudencia, como el mantenimiento de altos precios en la Eurozona o la revisión de los convenios colectivos tres meses después, en enero.

Respecto a lo primero, cuando las empresas españolas importan productos y servicios de países con elevada inflación, traen con ellos su encarecimiento. En cuanto a lo segundo, la revisión al alza de los salarios provoca también un ascenso de los precios.

Todo ello indicaba que la tendencia inflacionista no era de descenso, sino de persistencia de altos precios en el 80 por ciento de los productos y servicios -los recogidos en la tasa subyacente-, como así ha sido. Si bien la inflación general bajó en marzo al 3,3 por ciento, la subyacente ha seguido subiendo y se sitúa ya en el 7,5 por ciento, más de un punto por encima sobre la de octubre.

Microcréditos
Los socialistas eran conscientes de este contexto y, previendo subidas de precios, decidieron poner sobre aviso a sus gerentes, pero no a los ciudadanos.

Esa advertencia interna de la dirección socialista consta en el documento denominado 'Proyecto de Bases Presupuestarias para el Ejercicio 2023', que fue aprobado en el último Comité Federal del PSOE y remitido a sus distintas federaciones.

Los socialistas justifican recurrir de nuevo a la dictadura por la necesidad de evitar que se repitan «errores del pasado»

 Otras medidas recomendadas entonces por Ferraz fueron destinar 13 millones de euros para financiar las campañas electorales del 28-M y proporcionar a los gerentes regionales y administradores provinciales instrucciones destinadas a una gestión económica y contable eficiente para capear la inflación. En cuanto a herramientas concretas para soportar el gasto electoral, los socialistas van a recurrir nuevamente a los microcréditos.

Una herramienta que el citado documento define como «fundamental» para el 28-M, a pesar de las advertencias que viene lanzando el Tribunal de Cuentas respecto al riesgo de que este tipo de fórmulas de microfinanciación alberguen fraudes.

Advertencias del TC
La institución que preside Enriqueta Chicano viene pidiendo a los partidos, sin éxito, una reforma legal que permita regular de manera específica todos los instrumentos de financiación popular. En el caso concreto de los microcréditos, el Tribunal de Cuentas (TCu) considera que la ley debería exigir «al menos» una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite previsto en la normativa electoral para aportaciones privadas.

La citada institución ha denunciado que no existe obligación de ingresar los microcréditos en las cuentas bancarias electorales y que tampoco existe un plazo de devolución a partir de la fecha de las elecciones.

El TC también demanda que la renuncia a la devolución por parte del prestamista se haga constar por escrito y se considere como una donación a todos los efectos, lo que tampoco está regulado. Todas estas peticiones, para poner fin a la falta de control que existe ahora en una herramienta a la que PSOE y Podemos recurren asiduamente.

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