Los exdiputados Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado 'Tito Berni', del PSOE, y Alberto Casero, del PP, ambos investigados por la Justicia, ya han empezado a cobrar del Congreso la indemnización a la que tienen derecho por haber dejado sus escaños. Ambos percibirán un total de 12.507,56 euros en concepto de una figura similar a la prestación por desempleo.

El socialista Fuentes Cuberlo fue obligado a dimitir el pasado 14 de febrero tras conocerse que estaba siendo investigado por la trama de corrupción del 'caso Mediador'. El 6 de marzo fue Casero quien decidió entregar su acta despues de que un juez instructor del Tribunal Supremo recomendase procesarle por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres).

Los dos solicitaron a la Mesa del Congreso que se les abonase la indemnización que les correspondía, ya que todo diputado que deje el escaño y haya estado al menos dos años en la Cámara, tiene derecho a percibir una indemnización por cese, incompatible con otros ingresos públicos o privados. Es una especie de subsidio de desempleo, ya que sus señorías no tienen acceso a paro por no formar parte de régimen de la Seguridad Social

El órgano de gobierno de la Cámara les autorizó a cobrar esa suerte de paro, cuya cuantía es la equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (3.126,89 euros) por cada año de mandato parlamentario.

MES A MES
En ambos casos, la Mesa del Congreso les ha autorizado a percibir cuatro mensualidades. Según han precisado  fuentes parlamentarias, Fuentes Curbelo ha cobrado de una tacada la mensualidad correspondiente a marzo y abril, puesto que tenía adquirido el derecho desde mediados de febrero. Al exdiputado canario, mantuvo su acta durante tres años, le quedarían por tanto dos pagos pendientes.

De su lado, Casero --que fue diputado seis meses en la anterior legislatura y más de tres años en la actual-- ha recibido este mes de abril el primero de los cuatro ingresos que percibirá si sus circunstancias no cambian.

Y es que indemnización por cese no se abona de golpe, sino que se divide y el Congreso la va pagando mensualmente. Esto es así porque esta prestación es "incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado", con lo que en cualquier momento la Cámara puede detener el pago si detecta que el exdiputado tiene otros ingresos.

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