“La criminalización de la industria del sexo es una estrategia política que cumple una importante doble función. Por una parte, el Estado y las Administraciones públicas amplían el ámbito de intervención y control sobre los ciudadanos, dirigiendo conductas y conduciendo sexualidades.

Por otra, sirve de sucedáneo de una peligrosa y más directa criminalización del fenómeno migratorio, lo que encontraría serias resistencias por parte de algunos sectores sociales, por lo que funciona como estrategia y contribuye de igual forma a poner freno ante la llegada "masiva" de inmigrantes.

En este contexto de nuestra posmodernidad, la victimización de las trabajadoras sexuales, lejos de redimirlas, beneficia fundamentalmente a una industria del rescate cada vez más boyante”.

 “A la hora de informar sobre la industria del sexo, los medios de comunicación hacen alarde de interesada y permanente confusión entre prostitución, tráfico, trata e inmigración, manejando una prolífica cantidad de neologismos característica del imaginario emocional abolicionista pero que, sin embargo, se han ido consolidando en el cotidiano tratamiento periodístico de la cuestión hasta convertirlos en norma.

Así, las cadenas de televisión se disputan el espacio e introducen diversos programas […] el "turbio" negocio del sexo, la trata de blancas, los conflictos entre vecinos y prostitutas en la calle, la exitosa actuación de la policía en la lucha contra el tráfico de mujeres, la prostitución y la droga, el turismo sexual, los "juguetes rotos", etcétera, coincidiendo siempre en un lenguaje universal de claro carácter emocional-paternalista” 

 “Kulick, al igual que otros investigadores que han estudiado los efectos de este modelo de abolicionismo-prohibicionista en Suecia, describe que la prostitución no ha desaparecido, sino que ahora se ejerce en circunstancias de mayor clandestinidad y vulnerabilidad para las mujeres, quienes dependen en mayor grado que antes de chulos y traficantes y no cuentan con la colaboración de los clientes ante posibles situaciones de abuso. 

Y para las extranjeras que no cuentan con un permiso de residencia, la ley significa la inmediata deportación. Además, la policía suele decomisar los preservativos como una evidencia contra el cliente, práctica que se ha demostrado como nefasta para las condiciones socio-sanitarias cotidianas de las trabajadoras sexuales”. 

 “Pero, además, los efectos perversos que sustancian la victimización de las trabajadoras sexuales muestran otro rasgo típico que establece diferencias con el resto de las víctimas como es el de la existencia de una "falsa protección" por parte del Estado. 

Mientras que para cualquier otra víctima de un delito las distintas administraciones han establecido mecanismos para su protección y/o resarcimiento, en el caso particular de las trabajadoras sexuales migrantes la tutela consiste sistemáticamente en la detención policial, la incoación de un procedimiento sancionador con orden de expulsión, el internamiento en un centro y la deportación.”

 “No deja de resultar curioso que uno de los más frecuentes ataques a la industria del sexo consista precisamente en resaltar las supuestas relaciones de desigualdad entre prostituta y cliente, en detrimento de aquélla, cuando donde el contexto de capacidad de negociación se muestra más desigual es, con diferencia, con las autoridades durante la solicitud de colaboración a cambio de la posibilidad de una regularización de la situación jurídica de la víctima.”

 “La alta intensidad que ha alcanzado el debate teórico acerca de la prostitución en infinidad de foros, cursos y seminarios esconde la escasez de recursos científicos dedicados al tratamiento real del problema. No hay voluntad política más allá del deseo explícito para la imposición de un discurso monolítico que justifique políticas públicas conservadoras. No hay posibilidad de financiación para proyectos científicos que no encajen en el paradigma del tráfico, la trata, la violencia de género o bien la dimensión socio-sanitaria de la prostitución.”

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