La causa contra Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que tuvo en jaque a la fuerzas de seguridad en otoño de 2019 con una campaña perfectamente orquestada de altercados tras la sentencia del 'procés', está en el aire.

La Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón llevan tres años largos investigando en secreto por sedición a aquel movimiento que quiso mantener el órdago contra el Estado.

Sin embargo, desde que el pasado enero desapareciera esta figura del Código Penal buscan una salida al atolladero jurídico en el que ha acabado este sumario a cuenta de la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a ERC.

La situación se ha hecho mucho más peliaguda desde que la pasada semana García Castellón decidiera finalmente levantar el secreto del sumario de su investigación, encarando así la última fase de esta causa que está a punto de ser concluida.

El problema radica en que sin la sedición en el Código Penal, la Audiencia Nacional solo sería competente para juzgar a Tsunami con una acusación de terrorismo. Y ni siquiera los servicios de Información de la Guardia Civil, según fuentes del caso, están en disposición de sostener unos cargos tan graves, sin que conste el uso de armas o explosivos y sin el intento de hacerse con un arsenal.

Sea como fuere, García Castellón, de acuerdo con estas mismas fuentes, tiene previsto seguir las consideraciones de la Fiscalía, que sería la que en última instancia pediría al magistrado la inhibición a favor de la justicia catalana si no logra acreditar ningún indicio de terrorismo. En la Audiencia Nacional esperan que esas consultas a las partes, y en particular al Ministerio Público, no se produzcan antes del 28-M para no interferir en las elecciones.

En cualquier caso, lo que desde luego tienen claro en el tribunal de la calle Génova es que la campaña de desestabilización social promovida por Tsunamic Democràtic no encaja con el nuevo delito de desórdenes públicos agravados con el que el Ejecutivo intentó sustituir la desaparecida sedición, sobre todo teniendo en cuenta la sentencia del Supremo en la que revisó las penas a los condenados por el 'procés'.

En este fallo, el alto tribunal recalcó que ambos ilícitos no eran intercambiables porque «el delito de sedición enriquecía los actos ejecutivos con la voluntad de promover la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales», mientras que el nuevo «tipo subjetivo (desórdenes agravados) queda reducido a la voluntad de atentar contra la paz pública».

Bloquear El Prat
Según fuentes de la Audiencia Nacional, la investigación de la Guardia Civil a punto de concluir sobre los supuestos responsables de la preparación y coordinación de los graves altercados de otoño de 2019 «desborda con mucho» los desórdenes públicos.

Un delito por el que la Audiencia Provincial de Barcelona sí que condenó, en 2021 y 2022, a un puñado de simpatizantes, todos de base, de Tsunami, que fueron detenidos 'in fraganti' destruyendo propiedades en el marco de las movilizaciones convocadas por la plataforma.

En aquellos días, las protestas contra la sentencia del 'procés' que condenaba a penas de cárcel a nueve líderes independentistas incluyeron algaradas callejeras en numerosos rincones de Cataluña -particularmente en Barcelona-, amén de episodios tan graves como la ocupación de numerosas oficinas de Caixabank e Iberdrola (25 y 26 de septiembre de 2019); la toma del aeropuerto de El Prat con un centenar de vuelos cancelados y graves destrozos (14 de octubre); el corte durante 30 horas de la autopista AP-7 de conexión de la comunidad catalana con Francia (11 de noviembre); o el bloqueo de la AP-8 que une el País Vasco con territorio galo con una marcha lenta de camiones (12 de noviembre).

Aquel noviembre de 2019 y según los informes de la Guardia Civil, Tsunami Democràtic llegó a tener más de 400.000 seguidores en su principal vía de comunicación, un canal de Telegram, en el que se anticipaban las movilizaciones.

El contenido de las pesquisas del instituto armado sigue siendo una incógnita, aunque se conoce que al menos tres empresarios -Oriol Soler , Xavier Vendrell y David Madí , detenidos a raíz de la operación Vólkhov en 2020 sobre el desvío de dinero público para el proceso separatista- figuran en el sumario de la Audiencia Nacional.

En ese sumario también se investiga el papel en Tsunami de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, o del diputado autonómico Rubén Wagensberg, cuya hipotética imputación podría hacer que el competente para resolver todo este asunto acabara siendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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