La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces, ha anunciado que el martes se desmarcará de las otras seis asociaciones y no firmará con Justicia el acuerdo --que contempla una subida de 450 euros al mes que se aplicará a toda la carrera judicial y fiscal-- porque lo considera "insuficiente, indigno e inaceptable" y, a su juicio, "va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces".

Así las cosas, la firma del martes se llevará a cabo con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales. El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la han desconvocado tras acceder a la oferta del Ministerio. La APM la dejó en suspenso.

La asociación mayoritaria ha anunciado su postura en un comunicado emitido después de que ayer, al término de la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, asegurara que aún estaba en fase de negociación, que no descartaba ningún escenario y que hasta el momento de la firma había "tiempo de acercar posiciones".

"La decisión que hemos adoptado no ha sido fácil, sabemos que es una decisión comprometida y, seguramente, difícil de comprender para algunos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que es un acuerdo nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere profundamente y durante mucho tiempo nuestro régimen retributivo", han señalado desde la APM.

Según los cálculos de la asociación, los 46,7 millones de euros que contempla el acuerdo con Justicia no se traducirían en 450 euros al mes. En este sentido, ha explicado que al prorratear los pagos la subida se quedaría entre unos 377 euros y unos 385 euros al mes que se van a satisfacer en tres plazos. "Si a estas cantidades les aplicamos una retención", ha apuntado la APM, las cuentas serían otras: unos 210 euros que ha calificado como "las 30 monedas de plata".

"Estas son las razones que impiden a la Asociación Profesional de la Magistratura firmar este acuerdo; después de 20 años esperando la convocatoria de la Mesa de Retribuciones, la mera convocatoria no puede satisfacernos; la raquítica subida del 6,5% nos parece indignante, humillante y un insulto", ha señalado.

Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas --Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ambas de corte progresista-- se han mostrado satisfechas con la oferta.

Las otras cuatro --Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- han asegurado que "la propuesta no es en absoluto satisfactoria", que no colma sus "legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las "necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan".

CRONOLOGÍA DE LA NEGOCIACIÓN
En un comunicado de 11 folios, la APM ha presentado una cronología que empieza en septiembre de 2021, cuando se reunieron con otras tres asociaciones en un congreso en Albacete para asumir el compromiso de trabajar en cuestiones que les permitieran alcanzar mejoras para toda la carrera judicial.

La asociación ha relatado una serie de contactos posteriores que derivaron en una convocatoria por parte del Ministerio, que luego se vio suspendida, para armar la Mesa de Retribuciones.

Al hilo, ha puesto la lupa sobre la convocatoria de huelga anunciada el pasado abril --luego de que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) acordaran una subida salarial con el equipo de Pilar Llop--. Fue este llamado al parón lo que dio lugar a que se iniciaran las negociaciones con los ministerios de Justicia y Función Pública. Desde la APM han defendido que las razones que le llevaron a participar en dicha huelga no fueron políticas.

En el marco del comunicado, la asociación mayoritaria ha indicado que la primera reunión de la Mesa de Retribuciones fue "esperanzadora" porque contó con la presencia de la Secretaría de Estado para la Función Pública, "pues, en definitiva, es quien decide el pago o no de una subida". Pero finalmente ha afeado que la primera oferta fuese "insuficiente".

"UNA SUBIDA MUY ALEJADA" A LA DE LOS LAJ

La asociación ha recalcado que la propuesta inicial de 44 millones de euros se traducía en recuperar un 6% de su pérdida de poder adquisitivo, cuando ellos la sitúan en torno al 22%. A su juicio, era "indigno aceptar una subida muy alejada de la que un mes antes se había hecho a los LAJ", que, según la APM, se sitúo "entre el 10% y el 15%".

"La posición de la Asociación Profesional de la Magistratura fue mantener nuestra petición para intentar así conseguir al menos un 13% o 14% de subida lineal. Sabíamos, lógicamente, que el Ministerio no iba a aceptar una subida del 18%. No somos ingenuos. Pero estábamos al inicio del proceso de negociación, y después de 20 años esperando la convocatoria de la mesa de retribuciones, no parecía razonable asumir la cantidad ofrecida", recoge el comunicado.

En este sentido, la APM ha defendido que el Ministerio "no podía ofrecer una cantidad inferior a 74 millones de euros, para poder alcanzar al menos una subida lineal del 10%". Según ha precisado, la Asociación Judicial "Francisco de Vitoria hizo una propuesta de 67 millones y la asociación Unión Progresista de Fiscales de algo más de 62 millones". Ninguna de las peticiones prosperó. El acuerdo se firmará por 46,7 millones de euros.

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