El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, a través de una orden ministerial que autoriza también la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, responsable del desmantelamiento, que tendrá lugar en los próximos días.

Según han recordado fuentes ministeriales, el proyecto, que fue informado de forma favorable en el mes de mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear, consta de dos fases que abarca hasta el año 2033, está presupuestado en 475 millones de euros -sin contar con la gestión del combustible gastado- y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.

En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes al mismo tiempo que se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033) y ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, y se continuará con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.

Según precisan las mismas fuentes, la autorización del MITECO para iniciar los trabajos de desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiese el preceptivo informe favorable en el mes de mayo y tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental que establece las condiciones a las que ha de ajustarse el proyecto.

"Sólo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno", han apuntado desde el departamento que dirige Teresa Ribera.

Por otro lado y según recuerdan las mismas fuentes, en el año 2020 el ITJ empezó a trabajar en los 27 municipios donde se han identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central, de acuerdo con el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las zonas en las que se habían producido cierres de instalaciones sin planes de reactivación.

En mayo de 2021, el MITECO, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Vasco y los municipios -por medio de la FEMP y AMAC-, firmaron el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa y se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos.

A esto añaden que se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.

Situada en el Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, la central nuclear de Santa María de Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014 que fue denegada en agosto de 2017 por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar el proyecto en dos fases.

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