Como hemos explicado en anteriores entregas, la red de favores y tráfico de influencias, que los bien relacionados empresarios de León tejieron para obtener sus objetivos, ha tenido reflejo en varios de los Tribunales Superiores de Justicia de varias Autonomías.

En este caso, nos ocuparemos de Madrid, y analizamos la actuación que desde este medio se encuentra apropiada, y encaminada a defender los intereses constitucionales, pero a la vez de aplaudir la actuación de estos magistrados, nos encontramos con la sombra de la duda sobre ellos mismos.

Venimos a concluir, que el sentimiento y parecer de la ciudadanía, es que “un juez no se vende” “es imposible que un juez cobre dinero por sentencias”, “los jueces han estudiado muchos años, y son moralmente incorruptibles”, etc.

Es una opinión generalizada, pero en este ejemplo concreto de tres magistrados del Tribunal Superior de Madrid, venimos a exponer como cumplen de forma “honorable” con un caso en el que no hay intereses políticos ni económicos de por medio.

Realmente, no les falta razón a quienes opinen así. Montones de jueces, trabajan duro, y con pocos medios técnicos y materiales en los juzgados, para sacar adelante procedimientos, haciendo un servicio al estado de derecho.

El problema se inicia, cuando se juntan dos elementos fundamentales, como son, el dinero, y los contactos políticos o de grupos de poder. Es decir, en la mayoría de los casos, los magistrados no reciben soborno alguno en su dilatada carrera, pero esto se debe, no solo a su honorabilidad, sino a que los asuntos que se llevan, no están relacionados con nadie que “tenga padrino”.

La ocasión hace al ladrón, dice el refranero popular, y cuando se presenta la ocasión de recibir una suntuosa cantidad en un paraíso fiscal, no son pocos los magistrados que presuntamente parecen olvidar el valor de su honorabilidad, y acaban aceptando esas mordidas y sobornos, callando su conciencia conocedores de que recibir esas prebendas supone prostituir a la justicia, que, aunque parece ser ciega, debiera ser inviolable.

Esos dos factores fundamentales, personajes con contactos y poder, y dinero para repartir, se han dado, y se dan en la trama de Castilla y León, donde personajes como los empresarios Adolfo Arturo López Aguayo, Avelino Encina Cañal, Vicente Garrido Capa, José Luis Ulibarri, comparten nexo de unión fraternal con políticos como, Juan Carlos Suarez Quiñones, Pilar del Olmo Moro, Antonio Silvan, el exalcalde de Valladolid Oscar Puente y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Estos grupos de poder, que comienzo a denominar en este medio como caso león, y trama león, resulta haber transcendido, como hemos dicho, a otras autonomías, teniendo cercanía con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM, CELSO RODRIGUEZ PADRÓN, así como con otros integrantes del TSJM, en esta ocasión, los compañeros de D. Celso en el TSJM, resultan ser FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, y DAVID SUAREZ LEOZ, quienes como veremos, presuntamente son titulares de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. Quienes, como decimos, cuando no hay dinero ni política de por medio, parecen ser adalides de la justicia material. Explicamos a continuación porqué.

Los tres magistrados del TSJM, han anulado la sentencia 426/2020, de 5 de octubre, en defensa de las garantías constitucionales de un acusado de asesinato que fue condenado a 21 años de prisión, pero tras la anulación de la sentencia, se repetirá el juicio al haber oído un miembro del jurado decir a otro miembro que votaba culpable para poder ir a su casa y no tener que quedarse un día más en el hotel los miembros del jurado.

Les honra la diligencia de querer dar todas las garantías a un imputado, al que se le juzga por la comisión de un delito, y encuentran dudas de imparcialidad en uno de los miembros del jurado.

https://confilegal.com/20210318-el-tsjm-ordena-repetir-un-juicio-ante-la-firme-sospecha-de-que-un-miembro-del-jurado-cambio-el-sentido-de-su-voto-para-no-pasar-la-noche-en-el-hotel/

 Sin embargo, nada de esto sucede en los casos que desde este medio he denunciando desde hace tiempo, y es que, la trama de Jueces, políticos y empresarios que conforman la trama, ¿No está también inundada de una intensa sombra de sospecha que se cierne sobre la emisión de sus decisiones, favorables a la parte de la trama que les pudiera favorecer económicamente en paraísos fiscales?

 La pregunta, se aproxima como un tsunami de dimensiones bíblicas, ¿Tienen los miembros de los tribunales Superiores de Justicia, presuntamente intereses propios en que prospere una u otra sentencia en cuanto a temas económicos y políticos se refiere?  ¿Y cuándo se trata de una decisión de otro juez, se puede decir que es “algo suyo”? ¿Y que actúen en sus decisiones a modo de masaje en las sentencias del compañero denunciado, o simplemente recusado? ¿Es este el motivo de que las recusaciones que se presentan rara vez prosperen?

Este Órgano Jurisdiccional, es precisamente quien determina y juzga a los Jueces que pudiesen recibir querellas por los ciudadanos afectados por sus actuaciones jurídicas que pudieran ser inapropiadas. ¿No debiera de estar este Órgano, totalmente limpio de cualquier duda o interés afín a los jueces a quienes han de juzgar, y en su caso, condenar?

¿Se está incumpliendo el estado de derecho en cuanto a os procedimientos judiciales que se pudiesen iniciar contra magistrados? ¿Por qué la ley hace diferentes a los magistrados respecto al resto de los ciudadanos, a la hora de determinar si las actuaciones que realizan en el ejercicio de sus funciones son delictivas? ¿Pudiera suceder, que los Jueces estén utilizando una norma no escrita de no agresión a otros magistrados? ¿Un hoy por ti, mañana por mí?

Es decir, en caso de denuncia por parte de algún afectado por sus sentencias ¿solicitará el magistrado que reciba la denuncia las comisiones rogatorias que se pudiesen solicitar de otros magistrados?

Recordarán ustedes la escena de la película de “Los Intocables de Eliot Ness”, cuando Kevin Costner le insinúa al magistrado que debía de juzgar a Al Caponne, sobre la posibilidad de que el nombre del juez estaba en la lista de jueces comprados.

¿Se investigarán las cuentas de los magistrados que desde este medio he denunciado? Estamos seguros de que sí, en caso de que se realicen los trámites necesarios para ello,  y nos enorgullecemos de nuestra aportación a la sociedad española, que observará como los propios jueces cambiarán su actitud al conocer que se ha terminado la impunidad para ellos, pues de lo que estamos seguros, es de que si los jueces nacionales no investigan estos presuntos delitos que hubieran dotado la existencia de esos fondos en paraísos fiscales, serán jueces de otras jurisdicciones europeas quienes den traslado al órgano competente para juzgar esos  desmanes, con lo que la inacción por parte de los foráneos a la hora de no haber tramitado las comisiones rogatorias, correspondería a una acción de encubrimiento y prevaricación administrativa, entre otras actuaciones punibles.

Se adjuntan los datos relativos a los presuntos depósitos bancarios de los magistrados firmantes de la sentencia, Siendo el presidente del TSJM, CELSO RODRIGUEZ PADRÓN, titular presuntamente de los depósitos recibidos en agosto del 2020 en el banco EFG de Jersey, con los identificadores 90230 a 90234, con 100.000 $ cada uno, es decir con la cantidad de 500.000 $.

Por su lado, FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, es presuntamente titular de 450.000 €, en tres depósitos de 150.000 € cada uno en Andorra, en la entidad CREDIT ANDORRA, recibidos en febrero del 2021, con los identificadores del 123532 al 123534.

Finalmente, el magistrado DAVID SUAREZ LEOZ, es presuntamente titular de cinco depósitos de 100.000 € cada uno, en la entidad BANQUE HAVILLAND, en la oficina de VADUZ-LIECHTENSTEIN, recibiendo en febrero del 2021 esa cantidad, con los identificadores del 68325 al 68329.

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