A finales de setiembre o principios de octubre el Parlamento Europeo, el Consejo o Estados miembros y la Comisión, van a iniciar las negociaciones del Reglamento de la futura Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. El objetivo es “establecer un marco común” que supuestamente proteja la libertad y la diversidad de los medios de comunicación europeos antes de las próximas elecciones al Parlamento que tendrán lugar a principios de junio de 2024.

“Una vez más, los compromisos públicos de los Estados miembros no se están traduciendo en acciones concretas cuando se trata de proporcionar un entorno favorable para los periodistas y medios de comunicación”. Ricardo Gutiérrez. Secretario General de la Federación Europea de Periodistas (EFJ).

Es cierto que esta norma nace con “la intención de proteger a los periodistas y a los proveedores de medios de las injerencias políticas ante la creciente politización de los medios de comunicación y la falta de transparencia en cuanto a su propiedad”, según nos explican desde la UE.

También es cierto que aunque “la ley fue promovida supuestamente para defender la libertad de prensa podría tener el efecto contrario”, alertan desde la Federación Europea de Periodistas.

Vamos a intentar ponernos en contexto.

En septiembre de 2022, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento con el fin de establecer un marco común para los servicios de los medios de comunicación y proteger así el pluralismo y la independencia de los mismos en la UE. Es decir, es una ley pionera en el sentido de que pretende regular a todos los actores que afectan a la libertad de prensa en Europa.

Todo un paquete legislativo donde en principio está recogida la protección de los periodistas y los medios de comunicación; donde se obliga a estos últimos a ser transparentes para que el lector sepa quiénes son; donde se defiende supuestamente la pluralidad informativa y donde están englobadas las diferentes legislaciones vigentes como la directiva anti-slapp y las referentes al caso Pegasus.

Recordemos que la directiva anti-Slapp (demandas estratégicas contra la participación pública), pretende frenar el uso abusivo de los tribunales por parte de empresas y otros actores a la hora de silenciar a medios de comunicación, periodistas y voces críticas. Las Slapp son una forma de hostigamiento legal que se utiliza para intimidar y silenciar a quienes hablan en nombre del interés público. Uno de los muchos casos es el del juicio de Iberdrola contra El Confidencial, juicio que finalmente perdió la multinacional.

Recordemos también el caso del software espía israelí “Pegasus”, con el que se espió a políticos y gobiernos, archivado este año por la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel y con el que, según informes de Amnistía Internacional también se espiaron  a muchos defensores de Derechos Humanos y periodistas, entre ellos el horríblemente asesinado Jamal Khashoggi en un consulado saudí.

Parece pues que dentro de esta realidad, es completamente necesario un espacio o una “macro-ley” que regule todo lo referente a los medios de comunicación y sus profesionales. El problema vino cuando en junio de este año, por iniciativa de Francia y aprobada por los 27 países miembros de la UE (Consejo de Ministros) se incluyó en el artículo 4 del futuro Reglamento la  “salvaguarda de la seguridad nacional” como pretexto para que los Estados miembros o gobiernos puedan emplear “software” de espionaje contra periodistas, su entorno y sus fuentes.

“La excepción de seguridad nacional en el artículo 4 sobre la protección de las fuentes y la protección de la tecnología de vigilancia es un golpe a la libertad de prensa que pondría a los periodistas aún más en riesgo y que crea, además, un efecto intimidatorio en los denunciantes y otras fuentes. Sabemos muy bien cómo se abusa de la defensa de la seguridad nacional para justificar violaciones a la libertad de prensa.”. Renate Schroeder. Directora de la Federación Europea de Periodistas (EFJ).

Otro punto importante que agrava más, si cabe, la ambigüedad de esta “excepción”, es que el concepto de “seguridad nacional” no está definido jurídicamente y por tanto, dejar ese poder en manos de los gobiernos resulta alarmante sobre todo cuando, como nos dice el abogado Ángel García Castillejo, “al ser un Reglamento será de aplicación directa, es decir no tendrá que pasar por ningún proceso de trasposición al ordenamiento jurídico de cada país como se debe hacer con las directivas”. Vía libre y al instante…

Por otra parte, además de “colar” esta “excepción”, los gobiernos de los países miembros o Consejo suavizaron la directiva anti-slapp recortando drásticamente su eficacia, como criticó Didier Reynders, comisario de justicia de la UE.

En definitiva, si se aprueba el Reglamento con el texto actual se deja prácticamente sin protección a voces críticas o nimiamente molestas a un gobierno o multinacional o fondos de inversión…La realidad, respaldada por muchos profesionales del sector de medios, del mundo legislativo y por algún eurodiputado es que los cambios introducidos por los Veintisiete contradicen la jurisprudencia del Tribunal de la UE

Otra de las novedades de la ley es la creación de un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación para supuestamente reforzar la vigilancia y la libertad de los mismos. Al parecer, estará formado por autoridades nacionales relacionados con dichos medios. Disculpen pero, miedo me da… ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Por quién va a estar financiado o qué grandes lobbies van a estar detrás o qué fondo de inversión? Visto lo  visto las esperanzas se pierden…

Para terminar, quiero añadir el enlace de la campaña que está realizando la Federación Europea de Periodistas con el fin de presionar al Parlamento para que introduzca una prohibición absoluta del uso de programas espía contra periodistas antes de que entre en negociaciones con el Consejo. En ella se pide a los profesionales de la información que firmen una carta que se dirigirá a todos los eurodiputados. La campaña estará activa hasta el próximo 20 de septiembre https://fsc.ccoo.es/noticia:672255

Tan sólo añadir que la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación se basa en la famosa y actual Ley de Servicios Digitales, igualmente polémica. Pero de esta hablaremos en otra ocasión.

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