El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a protagonizar una polémica en el seno del Ministerio Público. Fuentes fiscales consultadas afirman que García Ortiz ha repetido la frase en presencia de diferentes fiscales en los últimos meses: "No puedo enfrentarme, ni tomar ninguna decisión en contra del Gobierno porque beneficia a la oposición". Es decir, que rechaza cualquier actuación contra el PSOE de Pedro Sánchez para no beneficiar al PP y a Vox.

Las mismas fuentes fiscales consultadas por LD consideran que "esta afirmación del fiscal general del Estado demuestra la desfachatez, el sectarismo y el descaro de García Ortiz. Hace esta aseveración ante los fiscales y se queda tan tranquilo prevaricando".

"No hay que olvidar que precisamente su sectarismo es lo que le llevó al puesto de fiscal general. Lo que le tendría que preocupar es la institución y la independencia de la Fiscalía y no agradar al Gobierno de Sánchez y a Dolores Delgado que fue quien lo coloco ahí", añaden.

García Ortiz era la mano derecha de su predecesora en el cargo y amiga, Dolores Delgado. Antes de ser elegido fiscal general, participó sin ningún tipo de sonrojo en actos del PSOE en la precampaña de las elecciones en Galicia del año 2020. En concreto, fue invitado a participar en un laboratorio de ideas promovido por el líder del PSOE de Galicia, Gonzalo Caballero, en diciembre del 2019.

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En su discurso ante el Congreso de los Diputados tras ser propuesto como nuevo fiscal general, aseguró que sus ejes de actuación se centrarían en combatir "la emergencia climática" y en "fomentar el enfoque de género". Tras su designación oficial, García Ortiz ha continuado el camino marcado por Delgado y ha seguido colonizando la cúpula fiscal con miembros de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

La primera en ser beneficiada por García Ortiz fue la propia Delgado que en primer lugar fue ascendida de salario y de escalafón a fiscal de Sala Militar. Posteriormente, la nombraba fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a pesar de las quejas de la Carrera Fiscal al considerar que ese cargo beneficiaba a su pareja Baltasar Garzón.

Recordamos que el exjuez posee un despacho de abogados y una fundación especializada en dicha materia. Esta designación fue impugnada por la Asociación de Fiscales (AF) y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante los tribunales.

Recientemente, tal y como publicó este diario, el silencio clamoroso de García Ortiz sobre la negociación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, provocaba una gran indignación en la Fiscalía.

Las fuentes fiscales consultadas por este diario afirman que en la actualidad Álvaro García Ortiz "está jugando sus bazas para intentar ser reelegido fiscal general del Estado cuando Sánchez vuelva a ser investido presidente del Gobierno.

Por eso, no se pronuncia sobre la negociación con Puigdemont o la Ley de amnistía. Cabe destacar que el mandato del fiscal general puede ser renovado si ha ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, que es el caso del propio García Ortiz.

Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Fiscalía tiene por misión "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".

Además, por el principio de imparcialidad "el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados".

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Fuente O.: Libertad Digital