El próximo 1 de marzo tendrán lugar en Irán elecciones a dos organismos centrales en la estructura de la República Islámica, el Parlamento, que tiene 290 miembros y el llamado Consejo de Expertos, en el que se sientan 88.

Por supuesto, no se trata de elecciones libres porque existe otro ente, el Consejo de Guardianes, formado por seis teólogos nombrados por el Líder Supremo, Alí Jamenei, y seis juristas designados por el presidente del Tribunal Supremo, a su vez elegido por Jamenei, con poder de veto sobre las candidaturas. Miles de aspirantes son eliminados hasta configurar un Parlamento y un Consejo de Expertos perrunamente leales al Líder Supremo.

La sorpresa mayúscula se ha producido en esta ocasión por el veto a dos prominentes figuras del sistema, el ex presidente de la República Hassan Rouhani y el ex ministro de Justicia Mustafá Pour-Mohammadi. Rouhani fue durante dieciséis años secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, diputado cinco legislaturas, Vicecomandante en jefe en la guerra con Iraq y presidente de 2013 a 2021.

Además, a lo largo de su mandato presidencial se practicaron con asiduidad la tortura, la flagelación, el vaciado de cuencas oculares, la amputación y el ahorcamiento como métodos para aterrorizar al pueblo iraní y mantenerlo sometido. Un currículo realmente ejemplar que hizo que en las cancillerías de las democracias occidentales se le considerase un “moderado”. Vivir para ver.

 En cuanto a Mustafá Pour-Mohammadi fue un miembro destacado de la Comisión encargada de ratificar las sentencias de muerte en la masacre de 1988, en la que, por dictado de una fatua del anterior Líder Supremo, Ruhollah Jomeini, fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes 30.000 prisioneros políticos, la mayoría militantes de la organización Muyahidines del Pueblo de Irán, muchos de ellos cumpliendo sentencia firme.

 La exclusión de las listas de candidatos de estos dos criminales equivale a que Adolf Hitler cesase a Heinrich Himmler como jefe de las SS por excesivamente blando. La explicación de este contrasentido se encuentra en las luchas internas por el control del régimen. Dado que Jamenei tiene 84 años y la vigencia del Consejo de Expertos es de ocho, es muy probable que los elegidos el 1 de marzo sean los que nombren al nuevo Líder Supremo.

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El actual ha mostrado un indisimulable interés por ser sucedido por su hijo mayor Mojtaba. El hecho incómodo de que su vástago fuera un mulá de bajo nivel se ha solucionado haciéndole jefe de la Oficina de la Suprema Autoridad, o sea, la sede de trabajo y de mando de su progenitor, y elevándolo consiguientemente a la categoría de ayatolá, condición indispensable para ocupar el principal cargo de la teocracia iraní.

 El único posible rival de Mojtaba en sus ambiciones de llegar a la cumbre de la dictadura religiosa que oprime a la sociedad iraní desde hace cuarenta años, es el actual presidente de la República, Ebrahim Raisi, conocido como “El carnicero de Teherán” porque fue otro de los integrantes del comité que tramitó la matanza de 1988.

Raisi fue el preferido de Jamenei para la jefatura del Ejecutivo por su extrema brutalidad, puesta en evidencia en toda su larga carrera política. Su principal misión ha consistido hasta ahora en reprimir las protestas ciudadanas de los últimos años, con 750 muertos por disparos de la Guardia Revolucionaria o palizas de las milicias Basij, más de 30.000 detenidos y un número escalofriante de ejecuciones.

En 2023 fueron ahorcadas en Irán 864 personas, un promedio de 72 al mes, lo que pone a la República Islámica en el podio de ejecuciones per cápita del mundo, por encima de China, que no es poco mérito. Si todos estos horrores no convencen a los gobiernos occidentales de la inutilidad de dialogar y negociar con semejantes monstruos, nada lo hará.

Contra el abuso y la opresión
Sin embargo, es una evidencia que ha llegado la hora de reconocer el derecho inalienable de los iraníes de alzarse contra los clérigos integristas, misóginos, fanáticos y corruptos que les privan de ejercer sus libertades civiles y de disfrutar de una vida digna.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que, si la ley no protege a los ciudadanos de la tiranía, éstos están legitimados para rebelarse mediante la fuerza para librarse del abuso y de la opresión. En esa lucha, justa y noble, hemos de estar a su lado para no ser cómplices de sus verdugos.

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