Oscar Puente vuelve a liarla, esta vez se ha visto envuelto en una posible revelación de secretos por su denuncia llevada a cabo por un supuesto delito de injurias a tres periodistas, por cierto, sin que el juzgado a día de hoy este realizando diligencias de investigación sobre las noticias publicadas en los medios. Más concretamente, el ministro de Transportes encabezó una denuncia a varios profesionales, entre los que se encuentra el director de este medio, Salvador Gimenez.

 El socialista se enfrentó por sus redes sociales al medio The Objective, tras publicar que Oscar Puente había filtrado datos de una investigación bajo secreto de sumario, y avisó en su cuenta de X que en septiembre de 2023 recibió una cédula para acudir a declarar como perjudicado de este presunto delito. Es importante aclarar que, en ese momento, el caso se encontraba bajo secreto de actuaciones para todas las partes salvo para el Ministerio Fiscal.

 Esto resulta totalmente extraño y nos lleva a pensar en un presunto delito de revelación de secretos, ya que, su hermana Sofía Puente, número tres en el Ministerio de Justicia de Bolaños,  realizó una denuncia ocho meses después en la que aclaraba que había "tenido conocimiento" del número exacto de diligencias, algo que no se sabía por estar bajo secreto de sumario hasta el día 14 de octubre, mientras que la denuncia de Sofia Puente fue el 2 de Octubre, y la de su esposo, el fiscal Javato el día 3 de Octubre.

 Sofia Puente. "He tenido conocimiento de que en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid se siguen diligencias previas número 161/2023 por hechos de la misma naturaleza y en los que están denunciadas las mismas personas", tal y como expresaba en su denuncia de tres folios.

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Oscar Puente sostiene que los datos que compartió con su hermana estaban especificados en la cédula de citación, de igual forma Puente no podía informar por estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, según documentos del sumario, ciertos detalles mencionados en la denuncia presentada por la funcionaria del alto cargo de Justicia de Bolaños no habían sido comunicados al juez por su hermano.

De acuerdo con la orden de secreto de las actuaciones emitida en febrero, solo los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid y la fiscal jefa de esa provincia tenían autorización para acceder al contenido de las actuaciones y conocer la identidad de alguna de las personas denunciadas por Sofía Puente.

Por otro lado Oscar Puente cometió otro presunto delito, publico documentos judiciales con todos los datos de los periodistas denunciados sin tacharlos en su Red Social de X, un ministro de España exponiendo datos de personas sin ningún pudor y con toda mala intención.

 Mientras que el ministro de Transportes centraba su denuncia contra los periodistas Javier Negre y Salvador Giménez, así como contra los medios Estado de Alarma TV (Edatv) e Impacto España Noticias, Sofía Puente incluía detalles adicionales sobre otro de los investigados que su hermano no había mencionado.

Se trata del abogado Pablo Martínez, quien está involucrado en una prolongada disputa legal relacionada con su divorcio con dos magistrados y una letrada de la Administración de Justicia que también están personados como presuntas víctimas en esta causa por injurias desde octubre, junto con Puente, su hermana y el esposo de esta última, el fiscal Manuel Javato.

 En su denuncia, Puente dedica una sección extensa específicamente a una noticia publicada por Edatv y por Impacto España Noticias, donde señala al abogado Pablo Martínez como presunto líder de una supuesta "trama" mediática para difamar a Óscar Puente y su círculo cercano mediante la divulgación de supuestas noticias falsas sobre cuentas bancarias en países extranjeros, y presuntos delitos cometidos por algunos jueces de Valladolid.

 Es importante saber que, según The Objective, el ministro ni siquiera mencionaba al abogado Martínez en su denuncia de febrero de 2023, por lo que el propio ministro a dejado claro que hubo filtraciones por su parte y presuntamente por la fiscalía, algo que ya parece normal en el gobierno de Pedro Sanchez, filtrar datos de ciudadanos de manera pública.

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