El Gobierno valenciano lleva a cabo una auditoría que analiza una a una las facturas del sector público instrumental durante el mandato del Botànic, el gobierno más grande y caro de la historia con un gasto disparado.

Ahora, los resultados del primer informe parcial ya están en el seno del Consell: "es muy grave", ha advertido la portavoz, Ruth Merino, quien ha anticipado algunos de los datos "que más llaman la atención" y "preocupa" por el despilfarre de dinero público socialista. 

 El estudio surge a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas que encendía todas las alarmas informando de "irregularidades". "Facturas en cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control y transferencias bancarias sin titular". Esto es lo que se encontraron PP y Vox al 'abrir los cajones' de la Generalitat. 

   El primer fascículo relativo al ejercicio de 2022 ya ha llegado. Merino ha informado de que en todas las entidades públicas se ha detectado debilidad en el procedimiento de detección de doble financiación. También se han rastreado 17 millones de euros "irregulares sin el oportuno expediente de contratación" relativos a bienes y servicios que han recibido cinco entidades públicas, sin desvelar por ahora los nombres de las empresas.

En otras 18 entidades se ha realizado un uso incorrecto de contrataciones menores, es decir, a dedo. 

De las 42 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial, solo 17 tienen masa autorizada por la Dirección General, es decir, el 84% de los importes relativos a las retribuciones de los trabajadores no existe en la masa salarial autorizada.

En cuanto a la contratación de personal, de las 8.092 altas solo 3.046 tienen autorización de la Dirección General de Presupuestos, es decir que más de 5.000 empleados públicos temporales no estaban autorizados. En el año anterior, en 2021, fueron más de 4.000 personas contratadas por el Gobierno de Ximo Puig sin autorización. 

Por último, en 11 entidades no se han adoptado medidas adecuadas contra el fraude, la corrupción y a detectar conflicto de intereses. "Y muchas irregularidades más que se podrán conocer en profundidad", ha advertido la portavoz del Consell.

El Gobierno de Mazón ya ha llevado a cabo algunas actuaciones como eliminar los seis chiringuitos duplicados con tareas que ya ejercían otros departamentos como la Agencia Valenciana de la Lucha contra el Cambio Climático. También ha reducido el coste del Gobierno eliminado altos cargos y reestructurando todo el sector público en una única empresa: IVACE+I.

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Pero no queda aquí. PP y Vox buscarán depurar posibles responsabilidades administrativas y penales, si caben. En los próximos días se dará a conocer el primer informe parcial de la Intervención y este miércoles el Consell ha aprobado la puesta en marcha de seis controles financieros específicos más que ponen el acento, no solo en el sector público, sino también en los centros educativos, universitarios y en el Departamento de Salud de Denia.

No será hasta final de este 2024 cuando se obtengan las conclusiones finales. La izquierda tiembla y no sería de extrañar que pronto vuelvan a recurrir al victimismo de la fantasiosa 'operación Kitchen valenciana' o de una supuesta cacería política como han justificado en anteriores ocasiones.

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