VOX lleva realizando desde hace tiempo que los fugados de la justicia sean inelegibles, prohibir las negociaciones políticas con este tipo de delincuentes o ilegalizar a los partidos separatistas
Politica 26/03/2024
Impacto España Noticias
El grupo parlamentario de VOX ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión Constitucional para que quede expresamente prohibida la celebración de cualquier referéndum que tenga por objetivo romper España.
La presentación de la iniciativa se enmarca en las diferentes acciones que VOX lleva realizando desde hace tiempo que los fugados de la justicia sean inelegibles, prohibir las negociaciones políticas con este tipo de delincuentes o ilegalizar a los partidos separatistas para frenar el golpe de Pedro Sánchez con la amnistía y que ya ha tenido su primera consecuencia, según ha señalado la formación en un comunicado: el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont será el candidato de Junts a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.
Los firmantes de la iniciativa remarcan la importancia de «recuperar de manera inmediata los delitos de convocatoria y celebración de referéndums ilegales en el Código Penal, con el fin de que el ordenamiento jurídico disponga de todos los instrumentos necesarios para castigar, y sobre todo disuadir, a quienes violen las leyes con el fin de destruir la nación».
El partido liderado por Santiago Abascal recuerda que la Constitución permite la celebración de referéndums —artículo 92—, pero que es obvio que no corresponde ni puede corresponder a una parte de la nación decidir sobre el todo: «La Carta Magna no configuró el referéndum para ese fin en el artículo 92, sino para favorecer la participación responsable y frecuente de los ciudadanos en los asuntos públicos».
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En este sentido, VOX llama a impulsar la modificación de la Ley Orgánica 2/1980 para que quede expresamente prohibida la celebración de cualquier consulta cuyo objeto pudiera versar sobre la integridad territorial de la nación o la soberanía nacional; y promover la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 para recuperar la tipificación de los delitos de convocatoria y celebración de referéndums ilegales y, en particular, para imponer sanciones más severas cuando la consulta verse sobre la soberanía, la independencia, la integridad territorial o la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta.
También aboga por impulsar una reforma legislativa que recupere la vigencia del delito de sedición, además de aumentar las penas de privación de libertad aparejadas a él.
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