El informe del Tribunal de Cuentas de Baleares sobre las «subvenciones y contratos» de 2020 revela la «falta de control» y el abuso en la contratación de emergencia del Gobierno de Francina Armengol durante la pandemia.

Según el informe, la actual presidenta del Congreso recurrió sin acreditar «una imperiosa necesidad» a la contratación a dedo, reservada a situaciones excepcionales.

El órgano detecta numerosas irregularidades en los contratos llevados a cabo por el Ejecutivo socialista de Baleares. Desde una contratación directa innecesaria a contratos fantasma o troceados. El informe no menciona a empresas concretas, como Soluciones de Gestión SL, ahora en el epicentro de la trama Koldo y a la que Armengol compró por 3,7 millones un cargamento de mascarillas que luego resultaron ser defectuosas.

La Sindicatura analiza, entre otros, un expediente de contratación a varios proveedores para la «adquisición de material sanitario, material no sanitario y medicamentos para el Covid-19 durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de agosto de 2020», por un importe de 16,3 millones de euros.

También fiscaliza contratos sobre la compra de kits de test de antígenos, mascarillas, batas, guantes, o aparatos de ventilación asistida, entre otros. En todos ellos detecta distintas deficiencias.

Una de las principales irregularidades es el abuso en la contratación por la vía de emergencia más allá de los meses críticos de la pandemia. Así, en el caso de diversos contratos de mascarillas y otro tipo de material contra el Covid, señala, «las declaraciones de emergencia del órgano de contratación se realizaron el 23 de septiembre y el 11 de diciembre de 2020, respectivamente, meses después desde el inicio de los suministros».

El importe de esos contratos superó los 21 millones de euros. El Gobierno balear agrupó todas las facturas y solicitó al órgano de contratación la declaración y la tramitación de emergencia en septiembre, señala la Sindicatura.

Además, llama la atención sobre el hecho de que en el primer expediente se incluye un gasto de 244.000 euros «que no corresponde a suministros relacionados con la emergencia del Covid-19, pero que han sido incluidos dentro de este expediente porque son compras efectuadas a alguno de los mismos proveedores». El fiscalizador comprobó también la tramitación de expedientes posteriores de emergencia y adquisiciones a dedo «durante parte del ejercicio 2021».

Por ello, avisa que «la utilización del procedimiento de emergencia» para esos contratos «no se corresponde con una situación de carácter excepcional de las previstas en el art. 120 de la LCSP, visto que en el momento de declaración de las emergencias correspondientes (el 23 de septiembre y el 11 de diciembre, respectivamente) ya no existía una imperiosa necesidad pública a satisfacer mediante la compra de los correspondientes suministros, porque estos ya habían sido adquiridos sin la existencia de un contrato administrativo».

Igualmente, los contratos incumplieron los trámites de la ley de contratación del sector público, como «la falta de la orden del órgano de administración de ejecución de las actuaciones necesarias anterior a la ejecución de los suministros».

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Tampoco «consta ninguna justificación sobre la adecuación al mercado de los precios aplicados». O se da cuenta al Consejo de Gobierno, presidido por Armengol, «con posterioridad al plazo de 30 días desde el inicio de las actuaciones», incumpliendo así con lo establecido en la ley. En concreto, el Consejo de Gobierno no tuvo conocimiento de dichos expedientes hasta octubre y diciembre de 2020.

Contratos a dedo
Aunque se describe que los contratos se han adjudicado a dedo, «no se detallan correctamente cuáles son los adjudicatarios», figurando «sólo el nombre de un contratista, cuando los suministros han sido adquiridos a multitud de proveedores».

Aunque uno de los expedientes se reparte entre 250 proveedores, la Sindicatura llama la atención sobre el hecho de que «20 empresas concentran casi el 80% de las compras, de las que destacan las de los reactivos, de las máscaras, de las batas y de los guantes de un solo uso». En el otro, el material se reparte entre 175 proveedores «aunque 25 concentran la mayoría».

También se describen problemas con las facturas. «Los albaranes que ha aportado el proveedor de una de las 26 facturas revisadas no llegan a la cantidad facturada (faltan suministros por un importe de 18 miles de euros del total facturado de 121 miles de euros)», señala la Sindicatura.

En sus conclusiones, avisa de que el procedimiento de emergencia sólo debe ser utilizado «con carácter excepcional (…) y vista la necesidad de una orden de ejecución previa para satisfacer la necesidad pública sobrevenida».

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