«Media España va a ser profesión de riesgo antes que los policías nacionales…», han lamentado irónicamente fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) tras comprobar que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado varias propuestas para que lo sean las camareras de piso, conocidas popularmente como las kellys, a partir de la asociación que surgió para reivindicar sus mejoras laborales, y también para considerar agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones, colectivos que, al igual que el policial, llevan reclamándolo desde hace mucho tiempo.

Desde CEP no están en contra de que lo consigan estos colectivos, pero sí a favor de que la policía y los guardias civiles la consigan.

CEP ha sido el primer sindicato que tramitó el conflicto colectivo contra el Ministerio del Interior, el que lidera Fernando Grande-Marlaska, por su desprecio a los avances en los derechos profesionales de los policías: la jubilación digna, la profesión de riesgo, la equiparación salarial con las policías autonómicas y protección frente a agresiones…

«MEDIA ESPAÑA VA A SER PROFESIÓN DE RIESGO ANTES QUE LOS POLICÍAS NACIONALES…»
En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley -para su debate en la Comisión de Industria y Turismo- en la que propone que la profesión de camarera de piso sea considerada «profesión de alta peligrosidad», además de promover entre las distintas administraciones -respetando sus competencias- y el sector turístico diferentes medidas para «transitar hacia un modelo turístico más sostenible y de protección de las trabajadoras del sector, ante posibles riesgos ergonómicos o psicosociales».

EL PSOE SIGUE LOS PASOS DEL GOBERN DE BALEARES
Así, los socialistas promueven unas de las medidas que las camareras de piso han venido reivindicando históricamente, como es la instalación de camas elevables en los establecimientos turísticos, y que el Govern de Illes Balears ya incluyó en su Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo.

Una ley que incluye un periodo transitorio de cinco años en los que los establecimientos deben de ir sustituyendo sus camas por otras que sean elevables mecánica o eléctricamente, hasta que en 2028 la totalidad atiendan a este criterio.

Esta medida supone una evidente mejora en las condiciones laborales de las camareras de piso, que verán drásticamente reducidos sus esfuerzos físicos a la hora de levantar una cama, y supone «una esperanza real y una guía para otros gobiernos», según la Unión Sindical Internacional.

UNA PROFESIÓN DE RIESGO CON EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES LABORALES
Además, la proposición no de ley el Grupo Socialista propone a «avanzar en el reconocimiento de enfermedades laborales a aquellas lesiones musculares derivadas de los esfuerzos físicos del trabajo realizado por dichas trabajadoras, y su inclusión en el catálogo de profesiones de alta peligrosidad».

Las organizaciones que defienden sus derechos laborales han reivindicado diversas medidas de protección laboral y el reconocimiento de enfermedades derivadas de la sobrecarga muscular a la que están sometidas, ya que el trabajo que realizan las camareras de piso conlleva actividades muy manuales, de movimientos repetitivos y de sobresfuerzos, lo que puede derivar en lesiones y enfermedades musculares y de carácter psicosocial.

Se trata de una actividad profundamente feminizada, con aproximadamente un 60,2% de la fuerza laboral compuesta por mujeres y expuesta a importantes esfuerzos físicos, según ONU Turismo.

 No obstante, el colectivo no solo se quejó del esfuerzo físico que desempeñan a diario para carga de trabajo en un tiempo récord, sino que otra de las razones por las que pedían jubilaciones anticipadas era porque trabajan con productos químicos que pueden afectar a su salud si no se manipulan correctamente. Su uso incontrolado puede provocar problemas respiratorios, en los ojos, quemaduras y problemas de piel.

PROPOSICIÓN PARA QUE FUNCIONARIOS DE PRISIONES SEAN AGENTES DE AUTORIDAD
En el caso de los funcionarios de prisiones, lo que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista es una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de las instituciones penitenciarias.

 Los funcionarios de prisiones no van a cesar de protestar hasta que no dimitan todos los responsables que pudieron evitar el asesinato de Nuria.

La medida se ha producido tras las múltiples protestas del colectivo por el asesinato de Nuria, la cocinera de la prisión de Mas d’ Enric por un preso que luego se suicidó y tras la manifestación multitudinaria que convocó Tu Abandono me puede matar en Madrid.

Pero los socialistas apuntan que «esta iniciativa es el resultado del trabajo que desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista se viene realizando con los sindicatos mayoritarios de prisiones. En ella se recogen sus demandas y se da respuesta a la principal reivindicación del colectivo de funcionarios de prisiones», apunta el portavoz de Interior, David Serrada.

 Según los socialistas, «la declaración como agentes de la autoridad dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos trabajadores públicos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares». Además, solicitan que sus manifestaciones e informes sean consideradas como pruebas en los procedimientos disciplinarios regulados por esta ley.

Asimismo, piden que se garantice su seguridad cuando ingresen en prisión, a causa de sentencia condenatoria, asegurando su separación de otro tipo de internos e internas.

Por último, proponen garantizar una indemnización, por parte de la Administración, para resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado negligencia grave.

El propio Consejo de Estado ha señalado que «en materia de funcionarios públicos rige el principio de indemnidad, de modo que quien sufra un daño por causa de su actuación pública o con ocasión de ella, sin mediar dolo y negligencia por su parte, debe ser resarcido». Este organismo también ha dicho que «el funcionario no debe soportar, a su costa, un daño generado en el seno de la relación funcionarial».

 Desde ACAIP han valorado este paso como un gran logro después de las reuniones que tuvieron con los grupos políticos del PP y PSOE en el Congreso.

En cualquier caso, los policías también esperan avances a corto plazo. Desde JUPOL han manifestado a la Dirección General de Policía (DGP) su compromiso de no dar trámite a otro proyecto normativo que no sea el de jornada laboral. Además, han exigido que se les informe urgentemente de los avances tratados en materia de jubilación en igualdad de condiciones que otras policías del territorio nacional.

En los próximos días serán citados desde la DGP, antes de la celebración de la próxima Comisión el día 26 de abril, para informarles del estado de los trabajos que está llevando a cabo el Ministerio del Interior en materia de jubilación digna o anticipada, en las mismas condiciones que otras policías.

El compromiso por ambas partes es que «no habrá trámite de otros proyectos normativos en el Consejo de Policía hasta que esto no se materialice».
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