El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno que ponga en marcha una serie de medidas que garantice el acceso de los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales.

La Constitución establece que los poderes públicos tendrían que atender las necesidades de las familias, como institución esencial de nuestra sociedad, situarlas en el centro de todas las políticas públicas y proveerlas de todos los apoyos a nivel económico y social; proteger los derechos de los más vulnerables como las personas con discapacidad, los ancianos o los niños que se encuentran en situación de dependencia; asegurar un futuro prospero para los jóvenes y gestionar eficaz y eficientemente el dinero público.

 Sin embargo, las políticas del actual Gobierno distan mucho de alcanzar las metas anteriormente expuestas y demuestra una absoluta falta de diligencia en el cumplimiento del deber que la Constitución atribuye a los poderes públicos.

En la iniciativa, se denuncia el impacto económico negativo que tiene la inmigración debido a la baja contribución de los inmigrantes a las arcas públicas. La inmigración en España aporta actualmente un porcentaje muy pequeño del total recaudado, siendo la contribución fiscal de estos inmigrantes muy inferior a la del español medio, que aportan de media casi tres veces más que los extranjeros.

 Las razones que explican esta situación son la baja cualificación laboral media de los inmigrantes que atrae España, su escasa voluntad de integración y la baja contribución de los inmigrantes a las arcas públicas que está íntimamente relacionada con las elevadas tasas de paro de estos últimos, muy superiores a la de los españoles, siendo este paro de un 26% para los inmigrantes. En 2013 la inmigración africana llegó a alcanzar tasas de paro de hasta un 60%, permaneciendo prácticamente constante la población empadronada en España de este origen.

“Esta circunstancia viene además agravada por el atractivo de los subsidios y prestaciones públicas que España ofrece a los extranjeros y que disfrutan con independencia de que haya entrado en el país por vías legales o ilegales o de que se encuentre en edad activa y no tengan problemas de salud incapacitantes para trabajar”, señala la iniciativa.

Otra de las consecuencias que trae la inmigración y que explica la moción consecuencia de interpelación urgente es el auge de la violencia que trae acompañada cierto tipo de inmigración. En el año 2023 se produjo una oleada de inmigración que provocó la entrada ilegalmente en Europa de más personas que cualquier año anterior. Esto se explica porque nuestro país sigue sufriendo la llegada masiva de inmigración ilegal, algo que se observa en los datos de enero a marzo de este 2024 donde la entrada de ilegales se incrementó un 308,5% respecto del mismo período del año 2023.

Estas entradas traen como consecuencia que España sea cada vez un país más inseguro en el que las operaciones contra el yihadismo sean más comunes debido a que como advirtió FRONTEX en 2021 los terroristas estaban utilizando las rutas de la inmigración ilegal para entrar en Europa y atentar.

 Otros ejemplos de la incapacidad de integración de personas procedentes de países con culturas opuestas a la nuestra y los problemas que esto genera se ve en ciudades como Barcelona donde el 80% de los delitos que se cometen en la capital catalana los protagonizan menas o en el País Vasco, donde un tercio de los delitos son cometidos por extranjeros.

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Por otra parte, los firmantes de la iniciativa denuncian que las familias numerosas reciben pocas y efectivas ayudas, algo que ocurre en el caso de los jóvenes que para emanciparse tienen que destinar el 80% de su sueldo al alquiler y de las personas dependientes donde 300.000 personas están esperando recibir la prestación o incluso ser valoradas, algo que lleva a que en España muere una persona cada 13 minutos en listas de espera de la dependencia.

Pese a esta situación, el Ejecutivo de Sánchez sigue perdiendo a la inmigración por encima de los españoles, algo que practican algunas administraciones regionales como la vasca donde el gobierno del PNV destina del presupuesto total de 2024 en concepto de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, 182 millones se destinarán a personas de origen extranjero, incluidas las que residen ilegalmente.

Por todo ello, el GP VOX exige al Gobierno que ponga en marcha de manera inmediata las siguientes medidas para ayudar a los españoles más desfavorecidos:

-Establecer la prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda.

-Incorporar la perspectiva de familia en la elaboración de las normas procedentes de la iniciativa del Gobierno y en todas las políticas públicas que se acometan.

-Garantizar para nuestros mayores y dependientes el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar y los programas de atención a la soledad no deseada.

-Generar un entorno social, económico y normativo atractivo y fiable para las familias, que garantice el apoyo adecuado con que los poderes públicos deben proveerlas, por su contribución al bien común.

-Promover una adecuada inmigración que sea legal, ordenada y con voluntad de integración de los que vienen a nuestra geografía, atendiendo prioritariamente a los ciudadanos procedentes de naciones que comparten idioma y lazos históricos y culturales con España.

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