La consejera de Políticas Migratorias ha amenazado a los medios con multas de hasta 20 millones de euros, en base a la RGPD

En contestación a una solicitud de información de la Agrupación Parlamentaria VOX Navarra, el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia del Gobierno de Navarra (SARX) ha confirmado haber enviado hasta un total de veinte cartas a los principales diarios de Navarra instándoles a “corregir” las noticias en las que hacen alusión al origen o nacionalidad de presuntos delincuentes.

En la respuesta emitida a VOX por parte de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, el Gobierno les ha remitido una copia de cada una de las cartas enviadas por parte del SARX al Diario de Navarra, al Diario de Noticias y a Navarra.com.

 En los escritos enviados a los medios, el Gobierno ha basado su argumentación en que la publicación del origen o nacionalidad de los agresores puede vulnerar la Ley15/2022, de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación en su artículo 22.1, que señala que “Todos los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento y formato accesible de la información, en sus contenidos y su programación”.

Asimismo, ha interpelado a la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, en concreto al artículo 20.1, que recoge “Los medios de comunicación social en la Comunidad Foral de Navarra, tanto públicos como privados, independientemente del canal de difusión, deberán respetar el derecho de las personas a la igualdad de trato y evitar toda forma de discriminación por origen étnico o racial y estigmatización en el tratamiento de la información, en los contenidos y en la programación, incluidos los mensajes comerciales y la publicidad.”.

Por último, ha apelado al Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

En todas sus quejas emitidas a los medios, el Gobierno les ha instado “corregir” las noticias “eliminando toda alusión al origen” de los implicados y les ha solicitado “llevar a cabo acciones necesarias para la buena praxis periodística que garantice un tratamiento responsable y riguroso, tanto en los procedimientos como en el contenido de las noticias, que evite el vínculo entre personas de origen étnico-racial colombiano y la violencia”.

 Para Maite Nosti, portavoz de la Agrupación Parlamentaria VOX Navarra, “el envío de estas cartas es un acto completamente antidemocrático y de censura, más propio de regímenes comunistas; es un ataque en toda regla a la libertad de prensa recogida en nuestra Constitución”.

Además, la portavoz de VOX ha acusado al Gobierno de Chivite de posicionarse del lado de los agresores en vez del de las víctimas: “Como cuando un marroquí atacó con un cuchillo a un homosexual al grito de ‘maricones’ en Pamplona, criticaron al medio por publicar la nacionalidad del agresor, en vez de solidarizarse con las víctimas y acudir a la base del problema: que la cultura del agresor es incompatible con nuestra civilización occidental”.

Multas de hasta 20.000.000 €
Por su parte, y sin haber sido solicitado por parte de VOX, la consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, se ha justificado ante VOX por el envío de esas cartas por parte del Gobierno.

En su excusa, la consejera de Políticas Migratorias ha explicado el funcionamiento del Servicio de Atención al Racismo y la Xenofobia, ha hecho referencia a lo que indica la Guía de Comunicación Migraciones y Diversidad Cultural de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra y ha recordado las “obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD).

En especial las relativas a la confidencialidad y secreto”, señalando que “la eventual infracción de la normativa de protección de datos puede dar lugar tanto a resarcir a los titulares de los datos de los daños y perjuicios causados como a hacer frente a las multas administrativas aplicables que pueden alcanzar la cifra de 20.000.000 euros (artículo 83.6 del RGPD)”.

Desde VOX han calificado esto último como una “amenaza” del Gobierno de Chivite. “No todos los inmigrantes son delincuentes, pero sí la mayoría de delincuentes son inmigrantes. Intentar por todos los medios amedrentar a quien alza la voz para denunciar un problema cada vez más grave y que no tienen intención de remediar”, ha finalizado Maite Nosti.

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