La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abre un nuevo frente en el Ministerio Público.

Álvaro García Ortiz, que ha asegurado que no existe mejor candidata para la plaza, se prepara para proponerla de nuevo. Para hacerlo, el Consejo Fiscal deberá examinar si resulta incompatible con las actividades de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón. Todo apunta a un nuevo pulso con la mayoría de los vocales que ya impugnaron su designación en junio de 2023. "Que esta vez se ajuste a las reglas", avisa uno de ellos.

 Las aspiraciones de su antecesora han terminado por convertirse en un quebradero de cabeza para el fiscal general. El pasado noviembre, el Supremo ya anuló el ascenso de Delgado a la categoría más alta de la Fiscalía y apreció una "desviación de poder" por parte de García Ortiz.

Ahora tumba su designación para Memoria Democrática y, aunque todavía no ha notificado la sentencia completa, ha dejado claro el motivo: debe examinarse si puede incurrir en un conflicto de intereses al contar Garzón con un despacho que está especializado en esa misma materia.

 El fiscal general considera que se trata de una cuestión "formal" y ha dejado caer su intención de volver a nombrarla para el puesto durante la entrevista que concedió a Cadena Ser. "El Supremo me ha corregido, pero no quiere decir que no volvamos a la casilla de salida, a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad". "Yo lo tengo muy claro: la persona que mejor puede realizar esa labor, el fiscal más preparado en España para Memoria Democrática, es Dolores Delgado".

 Ese es el debate que tendrá que trasladar ahora a un Consejo Fiscal que en junio de 2023 no solo no apoyó la candidatura de Delgado, sino que se plantó ante la propuesta: siete de los 12 miembros se negaron a informar y votar después de que García Ortiz no aplazara la decisión para poder examinar la posible incompatibilidad.

Los consejeros de la Asociación de Fiscales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) consideraron que se trataba de una situación sin precedentes y recurrieron posteriormente el nombramiento de Delgado ante el Supremo junto a uno de los fiscales que aspiraba a la plaza, Luis Ibáñez.

 García Ortiz trató de defender este miércoles que la verdadera intención de estos consejeros no era otra que la de dilatar el proceso hasta después de las elecciones generales del 23-J.

Él mismo adelantó la celebración de aquel pleno de hace un año, pero durante la entrevista insistió que fue "una semana solamente" y que buscaba evitar que la toma de posesión coincidiera con la campaña electoral. En otro momento, también quiso remarcar los "objetivos idénticos entre determinadas asociaciones de jueces y fiscales y determinados partidos".

 Este último argumento pasa por alto que la designación de Delgado para Memoria Democrática no solo molestó a los considerados conservadores, sino también a pesos pesados de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que abandonaron su asociación en señal de protesta:

"A veces en la vida (es algo que aprendes con la edad) es bueno tocar fondo para coger impulso", llegó a afirmar una de ellas en su carta de renuncia. Once meses después y con un revés del Supremo de por medio, García Ortiz se prepara para volver a nombrarla.

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Los nombramientos y ascensos de Delgado llevan más de dos años provocando enfrentamientos en la Fiscalía. Ya en marzo de 2022, cuando aún ejercía como fiscal general, el grupo socialista intentó blindar su acceso a la máxima categoría de la carrera nada más cesara de su puesto.

 La maniobra consistió en presentar una enmienda a la ley concursal por modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. De esta manera, se disponía que cuando el nombramiento de fiscal general recayera en un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, como era el caso de Delgado, "adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

 La enmienda no tardó en provocar críticas tanto en la carrera como entre el resto de partidos, por lo que, ante la falta de apoyos, el PSOE terminó por retirar la misma en junio de ese mismo año. Delgado presentó su renuncia un mes después y, a partir de ahí, García Ortiz se encontró con el reto que ahora trata de resolver: ascender a su antecesora sin que el Supremo vaya anulando cada una de sus decisiones.

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