La impactante crisis que experimenta Venezuela, es noticia diaria en muchos países del mundo, desde donde se hacen análisis para tratar de dar con las verdaderas razones de tal catástrofe, partiendo del conocimiento que se tiene, de que se trata de un país privilegiado por la naturaleza, dado los inmensos recursos de ese orden que posee.

 Ante tal descarrilamiento los voceros del régimen que jefatura Nicolás Maduro, tratan de justificar el hundimiento de la economía, el empobrecimiento de millones de ciudadanos, el deterioro de todos los servicios públicos, el envilecimiento de los salarios, la insoportable inflación y el menguado poder adquisitivo de la moneda nacional, aduciendo que, "son las sanciones impuestas por la Unión Europea y el imperio de Estados Unidos", las causas de semejante calamidad.

 La verdad que se pretende desvirtuar, es que cada uno de esos desequilibrios tiene su respectivo epicentro en los desatinados planes gubernamentales, en la incapacidad de muchos de los funcionaros designados para ocupar cargos públicos, en el despilfarro de los dineros administrados, en la despampanante corrupción que ha caracterizado a este régimen a lo largo de estos 25 años, en la falta de rendición de cuentas, en la inexistente transparencia y en la irresponsable e injustificada deuda externa asumida por la nación.

 Es por eso y solo por esas razones que ahora somos un país con petróleo, pero no petrolero, si nos atenemos a los menguados niveles de producción de barriles diarios.

Venezuela era propietaria de 22 refinerías, sumando las que operaban en el exterior, más las seis en territorio nacional que ya no destilan combustible, de allí que se da la paradoja que en el país con inmensas reservas de petróleo, la gente tiene que someterse al calvario de ser parte de infinitas colas para tratar de abastecerse de gasolina.

 En el país con cuantiosísimas reservas de gas, las familias luchan para ver como adquirieren una bombonita de gas doméstico para cocinar. En el país en donde en los tiempos de la democracia se construyeron 25 sistemas de acueductos y 20 plantas de tratamiento del agua cruda para potabilizarla, un país en el que cada pueblo o ciudad tiene sus ríos, embalses, lagunas o lago, ocurre la insólita interrupción del servicio de agua potable que castiga de sed a sus pobladores.

En el país que puede mostrar una capacidad instalada de más de 36 mil megavatios para generar electricidad, en regiones que cuentan con sistemas hidroeléctricos o plantas termoeléctricas, se dan diariamente los hostiles apagones que mantienen a oscuras a casi la totalidad de los estados venezolanos. ¡Qué barbaridad!

 Lo cierto es que fue en momentos en que no se hablaba para nada de sanciones, cuando comenzó en Venezuela la crisis eléctrica, y tal dificultad se da en medio de una danza de miles de millones de dólares que, entre Hugo Chávez y Maduro, destinaron para supuestamente resolver las deficiencias de ese sector.

Se anunciaba la reparación de las turbinas incorporadas a los embalses del Guri, Macagua y Caruachi, así como la culminación de la represa de Tocoma, pues bien, la verdad es que se rasparon esas fortunas y la crisis se agravo.

Lo mismo sucedió con los miles de millones de dólares asignados a proyectos de salud, construcción de acueductos, autopistas, puentes, ferrocarriles e instalación de termoeléctricas, esas obras prometidas no se cumplieron o se dejaron defectuosas o a medias, pero si se beneficiaron a los contratistas con ese caudal de petrodólares.

 Otra cosa cierta es, que queda expuesta a la luz de cualquier persona interesado en indagar las motivaciones de cómo, por qué y quiénes imponen las sanciones.

Así tenemos que los argumentos que pesan son aquellos que se esgrimen para señalar a los sancionados como responsables de violaciones de derechos humanos, estar relacionados con acciones del narcotráfico, por vínculos con núcleos terroristas y por las descaradas implicaciones con la corrupción que desangra las finanzas de un país que colapsa en todos los órdenes.

 También queda claro que la instrumentación de tales sanciones las aplica, autónomamente, cada país o conglomerado de gobiernos como es el caso atinente a la Unión Europea.

Son esos gobernantes los que se inclinan por aplicarlas, disminuirlas o eliminarlas progresivamente, tal como se ha visto en fecha reciente cuando nos enteramos de la suavización, moderación o levantamiento de sanciones a algunos funcionarios imbricados con el régimen de Maduro.

 Lo que ha llamado poderosamente la atención es que, los mismos voceros de esa fracasada revolución del Socialismo del Siglo XXI, que se han venido desgañitando para acusar a «los imperios de EE.UU. y de Europa» de ser los causantes de las penurias de los venezolanos, ahora salgan a reprochar a esos gobiernos argumentando que «para nada les importan esas sanciones, que esas medidas imperiales no les dan ni frio ni calor». Apelando al argot tribunalicio diríamos que, «a confesión de parte, relevo de pruebas».

Es evidente que esas sanciones son personalizadas y que quienes castigan al pueblo venezolano son ellos con sus dislates, malversación y depravaciones.

 En conclusión, la ciudadanía y la dirigencia venezolana, con su tenacidad y persistencia en transitar la ruta electoral, dan a entender de que se trata la frase ¡Hasta el final! El propósito es realizar, a todo evento, las elecciones pautadas para el venidero 28 de julio.

Al régimen se le han agotado sus estribillos y patrañas de utilería para pretender desmontar esa convocatoria. Pero la amenaza está latente, al igual que el pueblo venezolano dispuesto a defender esa vía pacífica y una comunidad internacional que tiene en la mira a la dictadura.

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