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El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley ‘relativa a la protección de las mujeres frente a la inmigración ilegal’ en la que advierte de los “delitos y fenómenos nunca vistos en España”
Politica 05/06/2024La formación de Santiago Abascal pide en su iniciativa perseguir con absoluta contundencia la práctica de costumbres que, importadas a España como consecuencia de la inmigración ilegal, sean contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos.
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley ‘relativa a la protección de las mujeres frente a la inmigración ilegal’ en la que advierte de los “delitos y fenómenos nunca vistos en España”, fruto de la importación de población de países “cuya concepción de la mujer es diametralmente opuesta” a la de Occidente.
La iniciativa explica que “la seguridad es uno de los elementos básicos de toda democracia avanzada y su ausencia es propia de regímenes fallidos o de Estados donde domina la arbitrariedad del poder político y uno únicamente disfruta de esta seguridad cuando no es un obstáculo para el gobierno de turno”.
VOX lamenta que la percepción de inseguridad de los españoles ha pasado de un 8,7% en 2017 a un 14,1% en 2020. Y, en concreto, el 52% de las mujeres de 20 a 39 años afirma haberse sentido alguna vez insegura en la calle por la noche. Esto es, en 5 años, España ha descendido de la 5ª posición en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown a la posición 27. Es decir, “desde que gobierna Pedro Sánchez, las mujeres han visto deterioradas su seguridad y su bienestar”, explica la iniciativa.
En este sentido, la formación de Santiago Abascal explica que algunos delitos que más han crecido en los últimos años son aquellos contra la libertad sexual, “sólo entre 2022 y 2023 experimentaron un aumento del 15,1%”.
Hay que destacar que las agresiones y abusos sexuales con penetración han crecido un 138,1% entre 2016 y 2022 y que “hasta el 36% de los detenidos por esta clase de delitos son inmigrantes, de lo que se deduce que el 13,4%, porcentaje de extranjeros en España según el INE, comete casi el 40% de los delitos de naturaleza sexual”, denuncia el GP VOX.
Además, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos, “prácticas ajenas a las costumbres españolas”, han aumentado un 60% en España desde 2015 y, en lugares como Cataluña, una de las regiones con mayor cantidad de población extranjera, se han duplicado desde 2017.
Todo ello, lleva al GP VOX a instar al Gobierno que lleve a cabo las siguientes medidas para proteger a las mujeres:
Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la llegada a España de inmigración ilegal.
Garantizar toda la asistencia y apoyo posibles a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores.
Promover la derogación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, e identificar a los agresores sexuales que han sido excarcelados prematuramente merced a su entrada en vigor.
Promover el incremento de las penas privativas de libertad aparejadas a los delitos sexuales.
Promover la desaparición de nuestra sociedad de los mensajes y discursos que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.
Perseguir con absoluta contundencia la práctica de costumbres que, importadas a nuestro país como consecuencia de la inmigración ilegal, sean contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina (MGF) o los matrimonios forzosos.
Articular las reformas necesarias para expulsar del territorio nacional a los inmigrantes que cometan los delitos contemplados en el apartado anterior, así como establecer una prohibición para su entrada.
Regular la pena de pérdida de la nacionalidad para el delincuente extranjero naturalizado en España que sea condenado a pena privativa de libertad igual o superior a cuatro años por cometer delitos de MGF o matrimonio forzoso.
Impulsar la suspensión de las subvenciones públicas otorgadas a entidades que las destinan a colectivos de etnias que practican la MGF y que no difunden su prevención, o que fomentan o auspician la celebración de matrimonios forzosos.
Impulsar la suspensión de las ayudas a la cooperación al desarrollo a naciones que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.
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