El Gobierno vasco se ha convertido en un cómplice carcelero de ETA. Desde que asumiera las competencias de prisiones, ha concedido 75 terceros grados a los reclusos de la banda asesina, que les permite un régimen de semilibertad; seis de los cuales se han producido en apenas un mes, el pasado mayo.

Una batería de decisiones que con frecuencia se encuentra con la oposición de la Justicia, al entender que no se cumplen los requisitos individuales para pasar a este grado de clasificación.

En octubre de 2021, Sánchez transfiere al gobierno vasco la gestión penitenciaria en dicha comunidad autónoma.

Una gestión que ha cobrado una relevancia aún mayor después de que el Gobierno español haya dado por extinguida la política de dispersión, trasladando en sucesivas etapas a País Vasco y Navarra a los presos de ETA que cumplían sus condenas en centros penitenciarios repartidos por la Península.

Así, desde febrero de 2022, el Gobierno vasco ha concedido 75 terceros grados a presos de ETA, según la última actualización del Observatorio de la Política Penitenciaria, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Los seis últimos han tenido lugar en apenas un mes, el pasado mayo, y afecta a terroristas con un intenso historial de sangre en sus expedientes.

Mikel Xabier Ayensa Laborda es uno de ellos: fue condenado por los asesinatos del concejal de UPN en Pamplona, Tomás Caballero Pastor, y del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova Vicente. Otro es su hermano, Ibai Ayensa, quien también recorrió un largo camino dentro de las organizaciones juveniles de ETA hasta formar parte de uno de los comandos de la banda terrorista en Navarra.

El Gobierno vasco también ha concedido en mayo el régimen de semilibertad a Pedro María Cano Hernández, condenado por el asesinato de Juan Priede Pérez; y a Balbino Sáez, condenado por el intento de asesinato de los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández, así como por el atentado fallido contra dos furgones policiales  en 2002; y a Asier Oyarzábal, condenado por formar parte del aparato logístico de la banda terrorista

Además, el ejecutivo regional, bajo la presidencia del PNV, concedió en mayo el tercer grado a Jon Igor Solana: en 2001 fue condenado a 30 años como responsable del asesinato de José Martín Carpena; en 2002, a otros 45 años como autor del asesinato de Luis Portero García; y, por último, a otros 53 años como responsable del atentado contra Antonio Muñoz Cariñanos. En este caso, el tercer grado fue revocado y suspendido.

La siguiente etapa de los presos asesinos de ETA: exigir la libertad total
Desde la AVT indican que, tras los traslados al País Vasco y Navarra, las progresiones a segundo grado y las flexibilizaciones del primer grado, actualmente se desarrolla la segunda fase del plan de política penitenciaria de los presos de ETA, centrada en los ya citados terceros grados. Este plan culminaría con una tercera fase, con libertades condicionales, según esgrime la asociación.

El entorno de los presos de ETA también ha modificado sus exigencias tras las últimas decisiones en materia penitenciaria. Etxerat ha dejado de reivindicar el «fin de la política de alejamiento» para directamente exigir su libertad: «A casa».

¿Connivencia del PNV con ETA? Quizás «de iure» no es, pero sí es «de facto». Y los hechos lo demuestran. Los asesinos de ETA salen en libertad.

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