Hay siempre fraude electoral, aunque se cumpla la ley. Especial profanos

102, del total de 350 escaños, ya están repartidos de antemano en exclusiva entre los partidos mayoritarios

Opinion 29/06/2024 Galo Dabouza
OIP
Ley de Régimen Electoral General (LOREG)

D. Francisco José Fernández-Cruz Sequera fue militar y agente del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) de la Guardia Civil.

Actualmente ejerce como abogado penalista en Madrid y es experto en geopolítica, materia de la que tiene su propio canal de youtube, que sufre continua censura, a causa de la certeza, agudeza e inconveniencia de sus análisis. Recomiendo vivamente su visita a las almas y mentes inquietas y ávidas de una voz inteligente, erudita y elocuente.

https://www.youtube.com/channel/UCMOZqACLxqWHUYOjwhmqhNg

Entre los temas que toca en su canal se encuentra el siempre polémico sistema electoral español, perpetrado en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG), que es la madre de todas las estafas.

Resumo el asunto, pero adjunto enlace al informe escrito por él en 2015, de rabiosa actualidad porque no ha cambiado nada, y que explica magistralmente cómo se perpetúa desde 1978 este régimen fraudulento y antidemocrático.

https://drive.google.com/file/d/0BwhuxUeRzb02MllVS1BsVUU0WHM/view?resourcekey=0-cpftcsifPF3G6C4fiiFSPg

Muchos parroquianos saben que IU estuvo siempre subrepresentada en el Congreso, respecto al número de votos que tenía en toda España, mientras los partidos nacionalistas, con infinitos menos votos, tenían los mismos o más diputados. Pero como muy pocos saben la verdadera razón de esto, llegó el momento de explicarlo.

El meollo nace en la división en circunscripciones electorales, que en las elecciones generales coinciden con las 50 provincias. A todas se les asignan, independientemente de su población, 2 escaños mínimos fijos (más uno a Ceuta y otro a Melilla), lo que supone que 102, del total de 350 escaños, ya están repartidos de antemano en exclusiva entre los partidos mayoritarios.

Los 248 restantes se reparten entre todas las provincias, en razón de su población. No obstante, la mayoría de las provincias sólo tienen esos dos diputados (p. ej. Teruel o Soria no alcanzan a 40.000 habitantes), o muy pocos más.

En ellas sólo los partidos mayoritarios alcanzan representación, de modo que todo voto dirigido a otras opciones está literalmente tirado a la basura. Esto garantiza al PP y al PSOE unos 30 escaños a cada uno, por encima de los que les corresponderían de modo legítimo, y a los partidos nacionalistas, con fuerte implantación en un área muy pequeña, representación muy por encima del número real de votantes.

Este sistema, impuesto de modo consciente y deliberado en 1978, garantiza que los dos partidos mayoritarios, con o sin los nacionalistas (que también se benefician de este fraude), tendrán siempre mayoría absoluta para impedir su modificación.

Por eso las opciones políticas minoritarias saben que sólo tienen posibilidad de obtener algún escaso escaño en las pocas provincias que eligen 7 o más diputados, como Madrid, Valencia o Sevilla.

Las alternativas que se suelen barajar para resolver este problema son dos:

1)     Reducir el tamaño de las circunscripciones, de modo que todas sean iguales –o casi- y elijan un solo diputado cada una.

2)     Ampliar el tamaño de las circunscripciones y con ellas el número de diputados a elegir, de modo que en todas tenga alguna probabilidad de obtener escaño un partido no mayoritario.

descargarLa penúltima jugada del plan dictatorial de Sánchez

 La primera opción agrava el problema del bipartidismo, ya que en cada circunscripción sólo sale elegido el candidato más votado, reduciendo a la nada las probabilidades de cualquier otro. Es lo que ocurre en Gran Bretaña, donde el pluralismo de la Cámara de los Comunes es el mínimo necesario para fingir que existe.

La segunda opción sólo tiene el problema de la servidumbre de los diputados al partido al que pertenecen (lo mismo que ahora), que se puede resolver con implantar el voto secreto en las Cortes, de modo los partidos no puedan fiscalizar el voto de sus diputados. 

Porque la fiscalización actual viola la prohibición constitucional del mandato imperativo, que convierte en nulas todas las decisiones parlamentarias de los últimos 45 años. Pero a este espino asunto nadie quiere meterle el diente.

La esperanza es lo último que se pierde, pero me queda muy poca de ver un cambio en este sistema podrido hasta la médula. 

Y ahora usted ya sabe por qué en Españistán hay siempre fraude electoral, aunque se cumpla la ley.

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