El juzgado al frente de la causa por las mascarillas 'fake' del Ministerio de Sanidad que dirigía Salvador Illa ha archivado las diligencias.

El instructor actúa después de que la Abogacía General del Estado y la Fiscalía advirtieran de un error en la prórroga de la instrucción de este procedimiento que arrancó en agosto de 2021 para investigar el mal estado de las mascarillas suministradas al personal sanitario.

Fuentes jurídicas avanzan que el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos del Valle, dio carpetazo a las diligencias el pasado mes de junio, sin que se pueda determinar la responsabilidad penal del Ministerio de Sanidad en estos hechos.

Cabe recordar que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se querelló contra el actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores. La querella en cuestión recayó sobre la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por su condición de aforado, si bien éste la remitió a los juzgados de Madrid por ser los competentes para su instrucción.

 Mascarillas 'fake' de una empresa china
El sindicato médico puso el foco en el contrato de emergencia que Sanidad firmó por 23,8 millones de euros con la empresa china Garry Galaxy, a través del broker Hangzhou Ruining Trading. Se trata de una mercantil que se dedicaba al sector textil y que no figuraba entre los proveedores que el Gobierno de China recomendó a Moncloa para adquirir mascarillas en aquel momento de emergencia sanitaria.

El sindicato denunció que se adquirió una partida de mascarillas FPP2 que no cumplía con la normativa y que se repartió entre el personal médico que atendía a pacientes infectados por covid entre los días 5 y 17 de abril. En ese sentido, la querella expuso que el Ministerio que entonces dirigía Salvador Illa no cumplió el procedimiento establecido con estos contratos 'a dedo' y que, además, no verificó la calidad de las mascarillas antes de repartirlas entre médicos y enfermeros.

Como desveló este medio, el instructor acordó a finales de 2021 enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, toda vez que, para entonces, Illa ya era diputado del Parlamento catalán. Sin embargo, en diciembre de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso del sindicato CESM y ordenó al juez reabrir las diligencias.

Los magistrados apuntaron que la querella aportaba indicios suficientes como para iniciar una investigación, sin que ésta pudiera considerarse prospectiva. Al hilo, expusieron que contenía "datos concretos" de cómo estas mascarillas 'fake' se utilizaron en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana y que la recepción y la distribución de este material "fue un hecho notorio".

"La Sala quiere dejar claro que con ello no estamos criminalizando la pandemia (...) pero esta situación excepcional que hemos padecido tampoco puede servir de patente de corso para descartar ab initio cualquier tipo de responsabilidad penal como si de una causa de exclusión de la punibilidad se tratase", expuso la Audiencia de Madrid.

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El Gobierno tardó 9 meses en responder
De esta forma, Del Valle reabrió la causa y demandó al Ministerio de Sanidad información relativa al reparto de las mascarillas 'fake' y la orden de retirada de las mismas. También modo se requirió al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) para que expidieran certificación de los resultados del análisis del material defectuoso adquirido a la empresa china.

Aunque estos últimos entes respondieron a la solicitud con cierta premura, el Ministerio de Sanidad tardó nueve meses en entregar a la autoridad judicial todo el material reclamado.

El pasado mes de octubre, el departamento que entonces dirigía José Manuel Miñones aportó la documental requerida, entre la que se encontraban las advertencias que dieron comunidades como Aragón y Cataluña, al constatar que las mascarillas facilitadas por el Gobierno estaban defectuosas.

Esta tardanza en aportar el material clave paralizó la causa impulsada por CESM llegando incluso el instructor a apercibir hasta en dos ocasiones a Sanidad por no cumplir con este requerimiento. De hecho, en mayo del año pasado, el instructor avisó al Gobierno de Pedro Sánchez que debía proceder a la "urgente remisión" de lo solicitado.

No se prorrogó la instrucción
Tras analizar todo el material, el instructor citó como investigados el pasado mes de abril a siete altos cargos sanitarios del Gobierno central y de las comunidades autónomas. Por el juzgado de Madrid desfilaron la subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Nuria Queraltó Hernández; la entonces directora general de Cartera Común de Servicios del SNS, Patricia Lacruz Gimeno; la subdirectora del ente, Cristina González del Yerro, y la vocal, Isabel María Piñeros.

También comparecieron la técnica superior de Prevención de Riesgos Laborales en Cataluña, Begoña Macarrón Gómez; el jefe del área de la Gestión Económica de la Oficina de Patentes y Marcas Pablo Valbuena: y el subdirector del Ministerio de Hacienda, Roberto Gutiérrez Moisen.

Ese mismo mes, la Abogacía General del Estado entró en acción para pedir el archivo de la causa. Como ha podido saber este medio, a su solicitud se adhirió la Fiscalía, que trató también de tumbar estas declaraciones apuntando a un error judicial con la prórroga de los plazos. El Ministerio Público expuso que el plazo máximo de instrucción expiró el 30 de octubre de 2022, de manera que el procedimiento contra Illa debería llevar archivado casi dos años.

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La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina, en su artículo 324, que las causas tienen un plazo de duración de doce meses, a partir del cual el juez puede acordar prórrogas de medio año en caso de así requerirlo el procedimiento. Al respecto, y al no haberse prorrogado la causa en el plazo determinado, la Fiscalía advirtió que las diligencias practicadas en este tiempo eran inválidas.

Con este caldo de cultivo, el juez acordó el pasado junio el archivo provisional de las diligencias sin que de las mismas haya podido arrojarse algún indicio de responsabilidad penal contra Illa o contra los cargos imputados hace unos meses.

La petición de archivo se produjo apenas semanas antes de que Cataluña celebrara las elecciones autonómicas. Los comicios, que tuvieron lugar el 12 de mayo, dieron la victoria a Illa en su condición de candidato del PSC.

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