José Antonio Rodríguez admitió que se puso en contacto con Koldo García en aquellos días de urgencia y que el asesor de confianza de Ábalos le puso a su vez en contacto con la empresa de la trama
Investigacion Judicial20/09/2024 Alejandro Requeijo Alberto Pérez Giménez
La figura de Koldo García, el principal imputado en la Audiencia Nacional por la trama de las mascarillas, estuvo presente en las gestiones que mantuvo el Ministerio del Interior con la empresa investigada. Así consta en los correos electrónicos intercambiados entre el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y la compañía Soluciones de Gestión, acusada de pagar comisiones ilegales al asesor de José Luis Ábalos.
En una de las comunicaciones, el policía que gestionó el contrato citó al imputado como aval durante una disputa por el precio de cada mascarilla: “¿Esto lo hablaste con Koldo?”.
El Confidencial ha tenido acceso a una batería de correos electrónicos entre Daniel Belmar e Íñigo Rotaeche. El primero es un policía ya jubilado que durante la pandemia era el responsable de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad. Íñigo Rotaeche era el director de proyectos de Soluciones de Gestión.
Ambos se pusieron en contacto en abril de 2020, pocas semanas después del confinamiento, para cerrar el acuerdo por el que el Ministerio del Interior acabó pagando casi 3,5 millones de euros a la trama para adquirir mascarillas en pandemia.
Daniel Belmar prestó declaración ante la Guardia Civil poco después de las detenciones del caso, en febrero de este año. Dijo que él gestionó el contrato con Soluciones de Gestión, pero que contaba con el aval de un superior. Se trata del comisario José Antonio Rodríguez, un hombre de la máxima confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Este alto mando era responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y también tuvo que dar explicaciones ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
José Antonio Rodríguez admitió que se puso en contacto con Koldo García en aquellos días de urgencia y que el asesor de confianza de Ábalos le puso a su vez en contacto con la empresa de la trama. En concreto le dio el teléfono de Íñigo Rotaeche y, según dijo, del resto se encargó Daniel Belmar.
La UCO todavía trata de esclarecer el papel que jugó cada uno de los cargos de Interior en esta negociación, pero los correos de Belmar arrojan algo de luz. Al menos confirman que la presencia de Koldo estuvo sobre las conversaciones. Las pesquisas apuntan al asesor de Ábalos como la persona que se benefició de las comisiones ilegales de la empresa a cambio de ayudarla a conseguir contratos con la administración.
Uno de los correos que prueba ese papel de Koldo es el que le mandó Daniel Belmar a Rotaeche el 26 de abril de 2020. Ambos discutían sobre el precio a pagar por cada mascarilla y el policía pidió explicaciones a la empresa por el incremento de 30 céntimos por cada unidad. La explicación que le dieron desde Soluciones de Gestión es que era un problema con las aduanas.
“Íñigo, –escribió Belmar– si todos tenemos nuestras razones. Yo tuve que hacer un expediente de emergencia en el que le digo a Hacienda que necesito una cantidad determinada de dinero. Esa cantidad, porque así lo había dicho Koldo era de 2,50 más IVA. En ningún momento se habla de Aduanas ni nada por el estilo. Esos 30 céntimos más el IVA afectan al resto de las compras que no se podrán pagar. Esto lo hablaste con Koldo?”.
“Te comento –contestó Rotaeche– que todos tenemos razón aquí. El precio 2,5 €/ud es puesto en Aeropuerto Madrid, antes de trámites aduaneros, pero me comentasteis que os es necesario recibir el producto en vuestros almacenes ya nacionalizado.
La administración pública tiene exención en aduanas, pero en este caso, siendo nosotros un operador económico privado, tendríamos que pasar aduanas. Esto implica pagar como importador un 6,3% de arancel y gastos de despacho transportes y otros, de ahí sale 2,81 €/mascarilla que es el coste añadido a 2,5 € /unidad”.
Fuentes conocedoras de estas gestiones comparten con este periódico su impresión de que la empresa estaba mintiendo al ministerio en ese momento porque consideran que es falso que los operadores privados no estén exentos del pago de los aranceles aduaneros.
En los correos aparece una factura de la operación entre Interior y la trama. Lleva la fecha del 28 de abril, solo dos días después de la disputa sobre el precio. El coste total es de 3.479.355 euros. Según figura en el documento, el precio final por cada mascarilla fue de 2,70 euros.
La factura del acuerdo por valor de casi 3,5 millones. EC
No obstante, los propios informes de la Guardia Civil que figuran en el sumario llaman la atención sobre la poca claridad que rodeó a este acuerdo y la ausencia de documentación al respecto.
Dicen que llegaron más mascarillas de las que se contrataron y en los documentos no cuadran las fechas, hasta el punto de que los investigadores no descartan que se incumplieran los plazos estipulados para los contratos de emergencia. En algunos documentos ni siquiera coincide el precio a pagar por cada mascarilla.
"En definitiva, deberían ser las personas implicadas las que clarifiquen de algún modo el desarrollo de los acontecimientos", concluyó la UCO.
En los correos también se aprecia que nadie de Interior acudió a supervisar la llegada del material sanitario por el que habían pagado 3,5 millones de euros. “Lo que sí es recomendable es que alguien de MININT (Interior) acompañe la operación de descarga”, advirtió el representante de la empresa. Sin embargo, desde el ministerio le contestaron que no era posible:
“Respecto a que alguien del Ministerio del Interior acompañe en la operación de descarga de Raminatrans, no va ser posible”.
Otro de los correos de Interior con la trama. EC
“En estas gestiones estoy yo solo, no tengo a nadie más y no tengo tiempo para ningún desplazamiento, pues además de todo este proceso de compras y distribuciones tengo que atender los cometidos ordinarios de mi Subdirección, como son la gestión de los presupuestos, todas las obras que tenemos iniciadas y la gestión de Fondos Europeos, con lo que, como verás, el día de 24 horas se me queda corto”, añadió Belmar en un correo enviado el 5 de mayo.
Este jueves ha declarado Belmar como testigo en la Audiencia Nacional y ha confirmado la implicación del comisario de confianza de Grande-Marlaska, pero no ha aportado grandes detalles sobre por qué se eligió a esta empresa y no otra. Soluciones de Gestión apenas tenía experiencia en el sector. También se ha retractado de algo que les dijo a los investigadores de la Guardia Civil.
En febrero contó que la empresa de la trama se puso encima de la mesa como opción para adjudicar durante una reunión interministerial a la que acudió Interior y que se registró un acta con lo que allí se dijo. Pero este jueves negó haber dicho eso y dijo no recordar esa reunión.
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Fuente: El Confidencial
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