Garry Galaxy, una empresa que no tenía licencia para la fabricación de material hospitalario
Investigacion Judicial 17/09/2021 ELM
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, y Salvador Illa, exministro de Sanidad, serán los dos primeros políticos sanitarios que van a ser juzgados por la gestión de la pandemia en España.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid abrió diligencias previas contra el exministro de Sanidad el pasado 9 de septiembre por la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) tras el escándalo de las mascarillas ‘fake’ y de mala calidad que tuvo lugar durante la primera fase de la pandemia.
La CESM denunció en abril de 2020 al entonces ministro por la compra y distribución entre los profesionales sanitarios de más de 700.000 mascarillas no homologadas y que no impidieron los contagios.
En concreto, el 20 de marzo de 2020, en plena crisis mundial por el desabastecimiento de mascarillas, el Ministerio de Sanidad adjudicó sin ningún tipo de concurso al desconocido intermediario internacional Hangzhou Ruining un contrato para el suministro de 8,8 millones de mascarillas. El departamento de Salvador Illa pagó a esta empresa 31,3 millones de euros.
El entonces ministro de Sanidad reconoció el error y el 15 de abril de 2020 pidió la retirada de las partidas defectuosas. Pero ya era demasiado tarde. Un número indeterminado de sanitarios que las utilizaron en lo peor de la crisis se contagiaron y los sindicatos médicos se querellaron contra el ministro Illa.
La cuarta parte del pedido -2,1 millones de mascarillas del tipo FFP2- tenían como fabricante a Garry Galaxy, una empresa que no tenía licencia para la fabricación de material hospitalario cuando la contrató el Ministerio, aunque sí marcado CE.
Por otra parte, este jueves el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid abrió diligencias tras recibir la querella por prevaricación que interpuso la Asociación de Abogados Cristianos contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, en su gestión de la pandemia.
Abogados Cristianos se había querellado asimismo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros. Sin embargo, el juez solo incoa diligencias en lo tocante a Fernando Simón al apreciar que, del resto, ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que es además a quien compete porque se trata de aforados.
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La citada denuncia ha sido presentada por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, defraudación fiscal y financiación ilegal de los partidos